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La Generalitat pretende que el Estado asuma gastos de inversión en Sanidad y Educación

El Síndic de Comptes detectó un convenio paralelo en su informe sobre el ejercicio de 1999

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, niega que haya sugerido al Ministerio de Hacienda la posibilidad de alterar el denominado 'escenario de consolidación presupuestaria' que establece los topes de deuda y de déficit a los que debe ceñirse el Consell desde 1998 hasta 2001 para cumplir con las exigencias de convergencia económica impuestas por la Unión Europea.

Sin embargo, a principios de marzo, su consejero de Hacienda, Vicente Rambla, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Cristina Moreno, portavoz socialista de Hacienda en las Cortes, afirma: 'El escenario de consolidación presupuestaria de la Comunidad Valenciana con el Estado está siendo objeto de revisión'.

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Ni lo uno ni lo otro. La Generalitat se ha aferrado a la indefinición del denominado 'coste efectivo' de las competencias transferidas desde el Estado a las comunidades autónomas para trasladar al Gobierno las facturas de determinadas inversiones públicas, sobre todo en las áreas de Educación y Sanidad.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y adalid de la estabilidad presupuestaria -el equilibrio entre ingresos y gastos que pretende imponer por ley a todas las administraciones públicas-, no puede permitirse modificar el escenario de deuda y déficit de la Generalitat. La disciplina presupuestaria quedaría en entredicho y todas las comunidades autónomas que disfrutan de competencias similares podrían exigir la misma flexibilidad.

Pero las arcas de la Generalitat no disponen de capacidad para afrontar las inversiones necesarias para construir todos los centros educativos previstos en el mapa escolar ni el coste de la desviación en el gasto corriente de la Sanidad pública sin recurrir al endeudamiento.

El mismo problema afecta, esencialmente, a Cataluña y Andalucía, comunidades que, como la valenciana, asumieron las competencias sobre los servicios públicos más costosos con el afán de recuperar la identidad autonómica y sin reparar en el detalle de las obligaciones financieras aparejadas a aquel gesto político.

Años después, el Consell que preside Zaplana ha disparado la deuda de la Generalitat hasta situar a la Comunidad Valenciana en el indicador más alto del Estado en la relación entre sus obligaciones financieras y su capacidad de producción industrial, su Producto Interior Bruto.

Además, el Consell, de supuesto corte liberal, ha multiplicado desde 1995 el número de empresas públicas para trasladar obligaciones financieras a entes formalmente autónomos. Pero los nuevos sistemas contables que aplica la Unión Europea han arruinado una estrategia destinada a centrifugar la deuda pública y han sacado a relucir el volumen de los compromisos adquiridos por la Generalitat. La situación se hace insostenible, al menos hasta la revisión del actual modelo de financiación autonómica, y el Consell ha decidido pedir auxilio al Gobierno central.

El informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio de 1999 detecta la primera llamada de socorro financiero desde la Generalitat. El 29 de diciembre de 1999, el Ministerio y la Consejería de Hacienda firmaron un convenio para financiar 'determinadas obras ya ejecutadas con fondos propios de la Generalitat Valenciana' por un importe de 44.981 millones de pesetas, según reza el informe.

El síndic subraya, además, que los gastos se autorizaron antes de disponer del soporte documental que avaló el crédito necesario para afrontarlos. Es decir, señala cómo el Gobierno tuvo que asumir con posterioridad gastos que el Consell había comprometido sin capacidad para financiarlos.

Rambla se niega a revelar el volumen de los convenios que negocia en la actualidad con el ministerio para 'evitar malas interpretaciones', según fuentes oficiales. Pero una alta fuente de la Generalitat estima que la desviación anual entre el presupuesto de Sanidad y el coste real del servicio ronda el 15%. El presupuesto de la Consejería de Sanidad para 2001 suma 464.000 millones de pesetas, de modo que la desviación rondaría los 70.000 millones.

En el área de Educación, el Consell se ha comprometido a invertir hasta 150.000 millones en el plazo más breve posible para culminar las construcciones escolares pendientes en el mapa escolar. Un esfuerzo que también es ajeno al presupuesto ordinario y que exige el recurso a la deuda forzando las exigencias del Gobierno central.

El mismo responsable de Hacienda que revela el soporte de las negociaciones con Montoro explica que tanto la ley de Sanidad como la LOGSE son de ámbito estatal y contienen exigencias de mínimos en la dotación de los servicios al ciudadano que las comunidades autónomas no pueden ajustar a su medida, de modo que es lógico que el Estado contribuya a sufragar parte de los gastos que implica su aplicación.

Otra cosa es que semejante razonamiento no se hubiera planteado cuando Zaplana accedió a la presidencia de la Generalitat hace casi seis años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de abril de 2001