Todos los indicadores señalan un aumento de la inseguridad en Barcelona

'Barcelona va dejando de ser una ciudad muy segura'. Esta afirmación la efectuó ayer el juez decano de Barcelona, Joaquim Bayo, durante la presentación de la memoria judicial del año 2000. La estadística oficial ratifica esa idea porque el año pasado aumentó de forma genérica el número de delitos cometidos, las detenciones practicadas por la policía y las órdenes de ingreso en prisión acordadas por el juez de guardia.

En Barcelona se llevaron a cabo el año pasado 18.667 detenciones, 550 más que en 1999. Se rompe así la tendencia de los últimos cinco años, en los que los arrestos no habían dejado de disminuir. En 1995, por ejemplo, la cifra fue de 22.004. Sin embargo, las cifras oficiales del año pasado evidencian que la policía dejó en libertad a menos detenidos. O lo que es lo mismo: que fueron llevadas al juzgado de guardia más arrestados. El año pasado fueron 14.330, 1.500 más que en 1999.

Por el contrario, lo que no ha variado es el criterio de los jueces de guardia, porque las órdenes de prisión se mantienen en los mismos niveles: alrededor del 9,5% de las personas que son puestas a disposición judicial. Probablemente, las cifras de este año romperán esta tendencia porque la sensación de inseguridad y de aumento notable de los pequeños delitos que se está produciendo en Barcelona lleva a que los jueces de guardia decreten más prisiones. Todavía no hay cifras oficiales, pero es una impresión generalizada.

Mateu Seguí, abogado de oficio desde hace 30 años, lo corrobora: 'Lo más fácil es acordar la prisión o la libertad sin más, en vez de aplicar otras medidas para abordar el entorno del detenido'.

El juez decano, Joaquim Bayo, declinó ayer entrar a analizar por qué pueden aumentar las órdenes de prisión y recordó que si el juez acuerda esa orden es porque la fiscalía la solicita.

La memoria del año pasado sobre la ciudad de Barcelona constata también un incremento del número de diligencias por los principales delitos cometidos, ya que un mismo hecho puede originar en alguna ocasión hasta tres y cuatro expedientes judiciales. El aumento más significativo se produjo en los hurtos: las diligencias relacionadas con este delito se incrementaron en números absolutos en más de 7.000 expedientes, seguidas por las relativas a robos (3.000 casos más) y a daños (2.000). También aumentaron, pero menos, las diligencias por lesiones (casi mil casos) y por robo o hurto de vehículo de motor (700 expedientes más).

Las cifras de la Delegación del Gobierno en Cataluña referidas sólo a actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía coinciden con las del juez decano en que se ha producido un aumento del número de detenidos, aunque difieren en que se han incrementado las denuncias por determinados delitos. La falta de coincidencia, en algunos casos, entre la definición policial y la judicial de un delito, y su clasificación en uno y otro grupo, puede explicar esta disparidad.

Pero al margen de las definiciones, nadie niega que los delitos menores han aumentado en cuestión de meses y que ésa es la máxima preocupación de las instituciones, de la fiscalía y de los propios jueces. Un portavoz de la Delegación del Gobierno recordó ayer que existe una buena sintonía institucional para combatir la pequeña delincuencia organizada, que es la que crea más sensación de inseguridad. Hace unas semanas el alcalde de Barcelona, Joan Clos, y la delegada del Gobierno, Julia García-Valdecasas, entregaron al Ministerio del Interior una propuesta de actuación que aborda la necesidad de reformas legales, pero también prevé otras medidas. Algunas de esas medidas ya se aplican, como el endurecimiento de la postura de la fiscalía en el juzgado de guardia cuando ha de pronunciarse sobre la situación de un detenido.

Otras entrarán en vigor dentro de poco. El próximo lunes, en concreto, se comenzará a aplicar un sistema para asegurar la prueba en el juzgado de guardia con el fin de evitar que queden impunes, como ocurre ahora, muchos de los robos que se cometen contra turistas porque no acuden a testificar cuando se celebra el juicio, meses después.

La opinión de los abogados

Un sector de la abogacía, sin embargo, viene advirtiendo desde hace tiempo de los peligros de aumentar la presión policial sin incrementar las medidas sociales. El abogado Mateu Seguí explica un caso ilustrativo. Hace unos días acudió al juzgado a atender a un joven marroquí de 20 años por un tirón. El detenido vivía en la calle y acabó en prisión a petición del fiscal. En el peor de los casos, cuando se celebre el juicio se le condenará a un año de cárcel. Días después, Seguí acudió a visitar al joven a la Modelo y éste le dijo que para cuando recupere la libertad, cosa que ocurrirá en breve, ya tiene casa para dormir. Se la han ofrecido unos presos y el precio que tendrá que pagar es sumarse a la banda de delincuentes a la que pertenecen. 'El joven no tenía antecedentes, pero ahora es casi seguro que ha entrado en una espiral muy peligrosa', advierte Seguí.