El Tribunal Superior considera legal la construcción de la variante de Berriz

La variante de Berriz ha sido una de las obras más problemáticas para la Diputación vizcaína. Sus obras comenzaron en 1996, pero fueron paralizadas por los tribunales por la falta del preceptivo estudio de impacto medioambiental y no se reiniciaron hasta 1999.

La plataforma ecologista Bizirik planteó en 1996 una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior vasco, que se amplió dos años más tarde,en la que cuestionaba la declaración de impacto ambiental y las expropiaciones, aseguraba que se habían censurado los informes del departamento foral de Agricultura y otro arqueológico y sostenía que se manipularon los estudios sobre las alternativas del proyecto.

El fallo de la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo, dictado el pasado febrero, rechaza ilegalidades en las expropiaciones y en la declaración de impacto. Considera que no es necesario un informe arqueológico porque el 'proyecto no afecta a ninguna zona calificada incluida en el inventario de bienes culturales'.

El tribunal rechaza las acusaciones de manipulaciones en el estudio del proyecto al señalar que 'en la valoración de alternativas no se oculta que el impacto sobre unidades de vegetación y la superficie de afección sea mayor para la variante, que finalmente se elige, que para la travesía', un vial que defendían los ecologistas para este proyecto.

Sobre la destrucción de árboles, constata que el Departamento de Agricultura de la Diputación autorizó el trasplante y 'en cuanto a la tala del ejemplar de haya monumental, no consta ni mucho menos que se produjera como consecuencia de una actuación administrativa', según el fallo.

La plataforma Bizirik, que pretende interponer un recurso de casación a la sentencia en el Tribunal Supremo, tiene formulada otra denuncia sobre este caso ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango. La demanda, planteada hace dos años, se basa en dos presuntos delitos cometidos en las obras: prevaricación por el hecho de 'haberse autorizado la ejecución de la variante de Berriz de forma arbitraria y con pleno conocimiento de la injusticia de dicha autorización' y delito ecológico por el hecho de que 'algunos de los árboles fueron directamente troceados ante la imposibilidad incluso de fingir su trasplante como se hizo con otro. Dicho troceamiento fue conocido al ser localizados los restos del árbol por un vecino', señalaba la denuncia.

Esta demanda penal se mantuvo paralizada casi medio año por el cambio de juez. El pasado verano, el nuevo titular ordenó la designación de un nuevo perito que comprobase la importancia de los robles y hayas centenarias dañados.