Un psiquiátrico en casa

La vida de Pablo Campos sufrió un vuelco con 16 años, cuando le diagnosticaron esquizofrenia. Ocurrió hace una década. Tuvo que dejar de estudiar y se recluyó en casa. Pero no sólo su existencia cambió radicalmente. También la de sus padres, que, olvidándose de sus planes de disfrutar de la jubilación anticipada, tuvieron que asumir el cuidado de ese hijo que sufre sin que sepan cómo ayudarle.

'La enfermedad mental de un hijo te crea impotencia, porque no sabes cómo mitigar su dolor', explica el padre de Pablo, Ramón, un impresor de 57 años, prejubilado y con otros dos vástagos. Él, como otros familiares de enfermos psíquicos graves -unos 300.000 en la región-, está convencido de que su carga, y la de su hijo, sería menor si existiesen más recursos de atención social. 'La reforma psiquiátrica de 1985 tenía buenos propósitos, pero se hizo sin medios, y los servicios que se han ido creando sólo cubren una pequeña parte de las necesidades. El resultado es que los enfermos pierden posibilidades de mejorar y que los hogares se han convertido en psiquiátricos', apostilla.

'Un día te dicen el diagnóstico de tu hijo, y a partir de ahí debes aprender a base de golpes'

'Las familias nos sentimos solas, por eso creamos grupos de autoayuda que nos sirven para desahogarnos y aprender de la experiencia ajena', cuenta este vecino de Coslada que preside la asociación Mente y Sociedad, formada por familiares de enfermos mentales de ese municipio y de los de San Fernando, Velilla y Mejorada del Campo. Su hijo acude a un centro de día. 'Pero es un lugar tan pequeño que apenas pueden realizar actividades', dice.

La asistencia ambulatoria y hospitalaria a estos enfermos 'cumple los mínimos', según un reciente estudio de la Federación Madrileña de Asociaciones Pro Salud Mental (Femasam). Pero no ocurre lo mismo con los recursos de atención social (centros de rehabilitación personal y laboral, residencias, asistencia domiciliaria), que sólo cuentan con el 15% de las 6.618 plazas necesarias. Femasam reclama una inversión de 20.000 millones de pesetas, 'lo que valen seis kilómetros de autovía', para mejorar la atención a quienes padecen enfermedades psíquicas. La mitad de ese dinero iría a reforzar los servicios sanitarios (los más caros), y el resto, a los sociales.

Tomás Vera, director general de Servicios Sociales de la Comunidad, reconoce la falta de recursos denunciada por Femasam. 'Por eso estamos incrementando las inversiones', asegura. 'Este año vamos a destinar 1.000 millones de pesetas a crear nuevos servicios, frente a los 402 millones de 1997. En tres años hemos duplicado las plazas, pasando de 750 a 1.460. Cuando llegamos al Gobierno regional, en 1995, había unas 600', dice.

Josefa López vive angustiada preguntándose qué será de su hijo, aquejado de neurosis obsesivo-compulsiva, cuando ella muera. A sus 77 años, esta mujer cuida sola de Pedro, de 43. Forma parte del nutrido grupo de padres ya mayores con enfermos mentales a su cargo. Progenitores que, según su propia descripción, 'cuando ya no pueden ni con las zapatillas deben seguir cuidando de su hijo enfermo'. Pedro apenas sale de casa. Pasa las horas muertas recorriendo el diminuto pasillo de la vivienda vallecana de 20 metros cuadrados donde reside con su madre. 'Podría llevar una vida más normal, pero se aburre enseguida de todo y de todos', cuenta Josefa, que lleva 16 años lidiando con su hijo en ese estado.

'Las familias estamos desprotegidas. Un buen día te dicen que tu hijo tiene tal diagnóstico y que necesita tal medicación, y, a partir de ahí, debes aprender a base de golpes. No hay plazas donde nuestros hijos puedan estar bien cuidados para que nosotros descansemos unos días. Después de cada ingreso hospitalario, llegan atiborrados de pastillas y somos los padres quienes tenemos que ayudarles mientras se recuperan. ¿No puede haber más centros de día donde puedan pasar esos períodos de transición', pregunta esta mujer.

Josefa insiste en la falta de plazas en mini-residencias, centros de día y de rehabilitación. 'Son recursos muy útiles, tanto a mí como a mi hijo nos ayudaron mucho a conocer y superar su enfermedad'. Recuerda noches enteras sin dormir intentando calmar a Pedro. Rememora reacciones agresivas de su único vástago y tardes en las que, desesperada, recorría las calles sin rumbo, dando vueltas a sus problemas. Pero lo que más le aterra es preguntarse qué será de su hijo cuando ella muera.

Juana Sánchez, presidenta de la asociación vallecana Alusamen de enfermos mentales y familiares, descubrió con 20 años que su marido, con el que llevaba casada sólo unos meses, era esquizofrénico. El diagnóstico psiquiátrico, que llegó enseguida, fue un mazazo para el joven matrimonio con una niña recién nacida. Sufrieron crisis profundas y llegaron a separarse, pero remontaron el bache y siguen juntos. Ella no ha sufrido en sus carnes la falta de recursos, pero sabe de los sinsabores que padecen otros miembros de su asociación. 'Mi marido es funcionario, trabaja y tiene bastante bien controlada la enfermedad, lo que nos permite llevar una vida como la de cualquier pareja', asegura. 'Dicen que hay tantos tipos de esquizofrenias como enfermos, y sé que el caso de mi esposo es de los menos incapacitantes. Pero también creo que para afrontar este problema ha sido fundamental la ayuda que recibimos en el centro de rehabilitación de Sainz de Baranda', admite.

'Existen muchas menos plazas que necesidades. Hay que aguardar hasta un año para entrar e incluso, en ocasiones, los propios psiquiatras evitan derivar a alguien a estos recursos porque saben la lista de espera que existe', afirma. Otra de las reivindicaciones de Juana Sánchez es la estabilidad de los psiquiatras en los centros de salud mental. Y lo explica: 'No creo que los cambios sean buenos para mi marido, y en diez años ha pasado por cinco psiquiatras'.