Un informe constata los daños medioambientales causados por una mina de estaño en Galapagar

La lucha de Galapagar para cerrar una mina de derivados de estaño ubicada en el parque regional del curso medio del Guadarrama continúa. La explotación funciona desde 1988 gracias a una concesión por 30 años de la Dirección General de Minas de la Comunidad. El Ayuntamiento de Galapagar envió el pasado 20 de marzo un informe, realizado por una empresa independiente, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo y al Gobierno regional que constata los daños medioambientales causados por la mina en el entorno y en el arroyo del Pontón, afluente del Guadarrama.

El informe, de 177 páginas, asegura que la mina vierte residuos contaminados al Guadarrama y que en la explotación hay balsas ilegales para lavado de áridos. El Ayuntamiento también ha presentado un recurso de apelación contra una sentencia de enero pasado que absolvió a la compañía concesionaria de la mina, la Sociedad Minera del Guadarrama, propiedad de Antonio Sánchez Lozano, de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente cometido en el año 1995. En esta causa están personados también el Ayuntamiento de Las Rozas y la Fiscalía de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento encargó el informe a la empresa Estudios Biológicos, SL. Fotografías aéreas tomadas desde un globo y tomas de agua y de sedimentos han confirmado las sospechas: las conclusiones indican la existencia de vertidos incontrolados al arroyo del Pontón y al río Guadarrama, y de lagunas y balsas no autorizadas para lavar las tierras. Las muestras tomadas también demuestran que residuos y metales pesados procedentes de las balsas de lavado son vertidos al cauce público sin control. Además, según el informe, se han cortado árboles fuera del perímetro de la concesión y en la zona de protección del parque regional, se extraen áridos no autorizados y la mina capta agua mediante bombeo del río Guadarrama para lavar tierras. Por otra parte, la Minera tampoco realiza los trabajos de restauración del entorno a los que está obligada por los términos de la concesión.

Precisamente, un técnico del Instituto Tecnológico Geominero de España informó desfavorablemente sobre el plan de restauración del entorno antes de la apertura de la mina. En el informe se especificaba que el proyecto únicamente sería viable si los estériles sobrantes -tierra que acompaña al mineral- se utilizaban para reconstruir la zona. Además, el propietario nunca solicitó una licencia municipal en el Ayuntamiento de Galapagar, por lo que los responsables municipales sostienen que la actividad que realiza es ilegal.

El concejal de Medio Ambiente de la localidad, José Luis Barceló, no confía en que la sentencia de los tribunales al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria a la Minera vaya más allá de una sanción. 'Lo que el municipio persigue es cerrar la mina, y eso sólo puede ocurrir si quien dio la concesión decide rescindirla', explica Barceló. 'Por eso enviamos el informe a la Dirección de Calidad Ambiental y a la Dirección General de Minas de la Comunidad, que son los organismos competentes'.