La Junta anuncia la aprobación de un reglamento para intensificar el control de las subvenciones

En su intervención inicial sobre este asunto ante la Comisión de Economía, Magdalena Álvarez defendió el control que ejerce la Junta sobre las subvenciones que concede mediante los instrumentos que dispone. Al margen de lo que establece la normativa sobre las obligaciones que tienen los concedentes y los perceptores de las ayudas, Álvarez afirmó que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha tres planes de control financiero sobre subvenciones de fondos propios, de fondos estructurales y de Feoga-garantía.

En este sentido, dijo que el Gobierno andaluz ha realizado un muestreo entre los beneficiarios de las ayudas entre 1996 y 2000 y que los resultados han sido, por lo general, satisfactorios. El control de las subvenciones de fondos propios ha llevado a la inspección de 765 beneficiarios, que recibieron un total de 47.802 millones de pesetas. Hasta la fecha se ha pedido el reintegro de 1.086 millones por su incorrecta utilización. De los fondos estructurales, el Ejecutivo autonómico ha reclamado el reintegro de 1.229 millones, sobre un total de 32.253 millones de subvenciones analizadas. Sobre los fondos Feoga-garantía, la Junta ha revisado expedientes que suponen 20.382 millones y ha reclamado el reintegro de 656 millones.

No obstante, el diputado del PP Salvador Fuentes puso en duda la eficacia de la Junta en el control financiero de las subvenciones que concede y argumentó su tesis, precisamente, con un informe de la Cámara de Cuentas, referente a 1997, en el que se afirma que a finales de ese año estaban pendientes de justificar 147.000 millones de pesetas. Asimismo, Fuentes reclamó a la consejera una modificación de la Ley General de Hacienda Pública para permitir que la Cámara de Cuentas pueda fiscalizar a los perceptores de subvenciones.

Estabilidad

Por otra parte, Izquierda Unida preguntó a Álvarez sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria que quiere aprobar el Gobierno central, y que obligará a todas las administraciones a tener déficit cero en sus presupuestos (equilibrio entre ingresos y gastos). La diputada de IU Concha Caballero reclamó a Álvarez una posición nítida en contra de esta medida, que merma 'la autonomía financiera y planificadora' de la Junta. La consejera de Economía manifestó que está en desacuerdo con esta medida y que el déficit cero debe ser un instrumento de la política económica pero en ningún caso un objetivo. En este sentido, tiró de manual y abogó por políticas expansivas del gasto en las fases depresivas de los ciclos económicos para 'animar la economía'. En cualquier caso, Álvarez dijo que la Ley de Estabilidad Presupuestaria 'es inoportuna' y que antes de obligar a las administraciones a tener déficit cero, éstas deben saber con qué ingresos van a contar.

Asimismo, Caballero interrogó a Álvarez sobre el compromiso del presidente de la Junta, Manuel Chaves, de negociar con los demás partidos andaluces una posición sobre la financiación autonómica, que empezará a negociarse próximamente. Caballero acusó al Gobierno andaluz de supeditar su estrategia a la del PSOE y reclamó que en el Parlamento se debata pronto este asunto. Álvarez dijo que la Junta abrirá el debate sobre la financiación autonómica cuando conozca la propuesta que va a hacer el Gobierno central.