Una funcionaria que desvió fondos logra la invalidez tras una baja por depresión

La funcionaria M.T.N.V., de 33 años, que fue denunciada por la Diputación de Cádiz por sustraer hasta 41 millones de pesetas de los fondos del Acuerdo para la Protección Social Agraria (AEPSA) que gestiona la institución provincial, ha conseguido la incapacidad permanente 'en el grado de total', lo que le permitirá percibir a partir de ahora el 100% de su sueldo. La funcionaria estuvo el pasado año de baja por 'estrés postraumático' tras hacerse pública la sustracción de los fondos.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoce a la empleada de la Diputación la invalidez total desde el 13 de febrero pasado, tras haber pasado los exámenes médicos necesarios.

La funcionaria se jubila así con la paga íntegra e incluso tiene derecho a percibir una póliza de 1,5 millones de pesetas que tiene suscrita la institución provincial para sus trabajadores en los casos de invalidez, accidente o muerte.

Aunque no ha trascendido el motivo clínico exacto por el que la trabajadora accede a la invalidez total, ésta ya había estado de baja el año pasado a consecuencia de un 'estrés postraumático' ocasionado, supuestamente, por la publicación y el conocimiento general de la sustracción de dinero.

M.T.B.V., tras admitir los hechos, llegó a devolver la cantidad íntegra que había sustraído. El caso se encuentra ahora en la vía penal, impulsado por la propia corporación provincial tras conocer los dictámenes de sus servicios jurídicos.

M.T.B.V. ha logrado que el tribunal médico correspondiente le otorgue la invalidez total, tras un expediente de enfermedad que se ha resuelto en un tiempo récord, según diversas fuentes consultads. La empleada sólo estuvo de baja, tras suceder los hechos, 246 días. Hasta el momento de trascender a la opinión pública el caso, sólo había solicitado pequeñas bajas habituales, ocasionadas por enfermedades comunes, sin que se le hubiera conocido otro tipo de patológía grave o accidente.

41 millones

La funcionaria trabajaba en el Servicio de Cooperación Municipal de la Diputación de Cádiz y, según la inspección practicada por una comisión técnica creada específicamente para investigar el caso, llegó a desviar hasta 41 millones de pesetas de los fondos a su cargo en la Unidad de Gestión del Acuerdo del AEPSA a cuentas corrientes a nombre de familiares, y que nos constaban en la Diputación, por lo que se hurtaba al control de la Intervención. Esta práctica la mantuvo entre agosto de 1995 y febrero de 2000, que es el periodo investigado, aunque la funcionaria llevaba ya una década trabajando en la Diputación.

Una vez comprobados los hechos, la Diputación la sancionó suspendiéndola de empleo y sueldo, que fue cuando la trabajadora reconvirtió su suspensión administrativa en baja clínica alegando estrés postraumático. Con posterioridad, un informe médico le recomendó que se incorporara al trabajo -aunque a otro departamento y sin responsabilidad contable-, lo que hizo, toda vez que ya había expirado el tiempo de sanción cautelar. En diciembre de 2000, pidió la incapacidad total al INSS, que se la concedió dos meses después.