Una turbamulta lincha a un juez en el norte de Guatemala por liberar a dos presuntos violadores

Según las primeras versiones contrastadas, el juez Álvaro Martínez Pérez optó por dejar en libertad a los dos detenidos al no encontrar elementos suficientes de prueba. Ante esta decisión, una multitud enfurecida le atacó. El juez Pérez sacó su arma y disparó causando heridas a dos campesinos. La multitud, tras retirarse, le tendió después una emboscada y lo mató a machetazos en la mañana del martes. Una segunda versión, no confirmada oficialmente, afirma que el letrado fue quemado vivo en la plaza pública.

Tras la muerte del magistrado, la gente asaltó las instalaciones del juzgado, las roció con gasolina y las quemó. También destrozaron las instalaciones de la Policía Nacional Civil y tomaron como rehenes al alcalde y a tres agentes. El Gobierno ha enviado refuerzos a la zona para tratar de restaurar el orden.

Este asesinato ha provocado una honda conmoción. El defensor del Pueblo, Julián Arango, calificó de 'vergonzoso' el hecho y considera 'intolerable que el irrespeto por la vida alcance estos niveles de bajeza'.

'El respeto por las autoridades es inexistente. Lo peor es que son los mismos funcionarios del Gobierno quienes no acatan las resoluciones judiciales, y con ello consiguen que la población sienta que no existe la justicia', comentó la activista de derechos humanos Hellen Mack, quien ha alcanzado notoriedad por su lucha en favor del esclarecimiento del asesinato de su hermana Mirna, una investigadora social asesinada por el Ejército hace 20 años.

La dirigente del grupo Madres Angustiadas, Ana María de Klein, sostiene que los linchamientos se deben a que el Estado se ha mostrado incapaz de poner la atención debida a las comunidades más aisladas.

En esta apreciación coinciden historiadores y sociólogos, quienes señalan que las comunidades indígenas han sobrevivido cinco siglos apoyándose en el derecho consuetudinario precolombino, mientras que 'la justicia del blanco' llega tarde y mal, y sólo muestra su rostro represivo. En Guatemala, el indio es víctima del Derecho, nunca sujeto del mismo, concluyen estudios como el Informe de Desarrollo Humano Guatemala 2000, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La falta de confianza en el sistema de justicia no es privativo de las comunidades indígenas. En una encuesta realizada por la Fundación Mirna Mack en 1997 se establece que un 88,8% de los guatemaltecos no confía en la aplicación de la justicia, frente al 7,8% que opinó lo contrario. Entre las causas que motivan esa falta de confianza se citan la corrupción (14,7%), el exceso de burocracia (11,2%), la ineficiencia de quienes imparten justicia (15,5%) o el alto coste de un proceso (9,5%).

La inmensa mayoría de linchamientos han ocurrido en las zonas donde las masacres de la guerra civil fueron más frecuentes y violentas, extremo que, según los psicólogos, afectó gravemente la psique colectiva de los lugareños, sin que el Estado se haya preocupado por prestar algún tipo de atención a estas comunidades.