La oposición exige mayor control sobre las obras y los edificios ruinosos

Desde 1995 hasta hoy, el Departamento de Zonas Protegidas del Ayuntamiento ha tramitado 87 expedientes de demolición total o parcial de otros tantos edificios incluidos en el Catálogo de Elementos Protegidos, según datos elaborados por el grupo PSOE-Progresistas. Si el estudio se amplía hasta 1992, año en el que el Ayuntamiento suspendió el otorgamiento de licencias mientras se modificaba la normativa, el total de edificios demolidos se eleva a 156 inmuebles.

Matilde Fernández, portavoz socialista de Urbanismo, destacó ayer que durante el mandato del PSOE en la Casa de la Villa -hasta 1989- no se produjo ni se autorizó el derribo de ningún inmueble de tipo histórico en las zonas protegidas de la capital. Según Fernández, esta situación se logró gracias a que el equipo de gobierno socialista no sólo realizaba una labor de control sobre los inmuebles, sino también de prevención.

La edil cuestionó que la Inspección Técnica de Edificios (ITE) sea un instrumento válido para ese fin, ya que muchos de sus propietarios no disponen de recursos económicos suficientes para acometer las costosas reformas que conlleva la rehabilitación. El PSOE presentó en el pleno municipal del pasado diciembre una propuesta para que el Ayuntamiento subvencione esas obras, sin que el equipo de gobierno del PP haya dado una respuesta. Matilde Fernández insistirá en el próximo pleno en que se cree un fondo del 1% de lo que se recauda por las obras en Madrid para destinarlo a la rehabilitación de los edificios del centro histórico.

Nuevo plazo

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, reconoció que la inspeción técnica de edificios no se está desarrollando conforme a los plazos previstos por el Ayuntamiento. Tanto el edificio derruido en la calle de Gaztambide, 1 (esquina con Alberto Aguilera), como el de la calle del Factor, 3 (entre las calles de Bailén y Mayor), no habían cumplido en 2000 con ese requisito obligatorio. Este trámite deben pasarlo todos los inmuebles incluidos en el Catálogo de Elementos Protegidos por sus características arquitectónicas con más de 20 años de antigüedad.

De los 18.000 inmuebles que se incluyen en ese grupo, apenas pasaron la ITE un 5% hasta diciembre pasado. Por eso, el gobierno municipal amplió el plazo seis meses más (hasta el 30 de junio próximo). Hasta ahora, sólo los propietarios de unos 4.000 edificios han notificado al Ayuntamiento que han realizado la inspección o están realizándola.

Por su parte, los portavoces de PSOE-Progresistas e IU reclamaron ayer al término de la Comision de Urbanismo que se amplíe el plazo para pasar la inspección técnica de edificios. Consideran que, para que se cumplan las previsiones del gobierno local, del PP, 14.000 edificios deben realizar ese trámite en apenas tres meses y medio.

Ambos grupos anunciaron también que llevarán al próximo pleno una serie de propuestas para que se modifiquen las ordenanzas necesarias con el fin de que la inspección técnica de edificios 'sea el instrumento eficaz que ahora no es', según Matilde Fernández. El PSOE propondrá con ese fin la exención del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a aquellos propietarios que inviertan en conservación, y la revisión de los mecanismos de vigilancia e inspección de inmuebles.

Planteará asimismo que el Ayuntamiento firme un convenio con las compañías aseguradoras para que al contratar un seguro sobre un inmueble se considere obligatorio que el mismo haya pasado la ITE. 'Hay que poner patas arriba lo que sea necesario, tanto la ordenanza de impuestos como la de concesión de licencias y la relativa a la ITE. Ahora no hay tiempo material para cumplir el plazo impuesto, como ya dije hace seis meses, cuando ya planteamos que habría que motivar a los propietarios con apoyo económico a los edificios donde los dueños tuvieran rentas bajas y no pudieran correr con este gasto', afirmó la portavoz socialista, Matilde Fernánde

Desde Izquierda Unida, Justo Calcerrada anunció que su grupo propondrá en el pleno la creación de una Mesa de la Edificación, en la que participen tanto el gobierno local como oposición, vecinos, técnicos y empresarios.

Teléfono de información

Calcerrada pidió también que se pongan 'los medios técnicos y humanos para atender las miles de obras menores que se realizan en la ciudad y que necesitan control'. Ese tipo de obra es, precisamente, el que se estaba realizando en el inmueble de la calle Gaztambide. El control de esos trabajos depende de las juntas de distrito, cuyos responsables vienen quejándose de escasez de personal para esta tarea.

Calcerrada confía en llegar a un acuerdo antes del pleno con el gobierno local sobre las medidas a adoptar de manera inmediata, y señaló entre éstas que se cree un teléfono de información 'para que los ciudadanos se puedan informar tanto sobre las obras que se realizan en su edificio o en el entorno del mismo'.

Desde el gobierno local, el edil de Urbanismo, Ignacio del Río rechazó las críticas de la oposición. 'Madrid está bien dotada de medios humanos y económicos, pero es cierto que los últimos años ha crecido espectacularmente el aumento de la actividad constructora como consecuencia del Plan General Urbano aprobado en 1997. No es posible situar un equipo de control dentro de cada obra', señaló el concejal de Urbanismo.

Sobre la posibilidad de acometer un plan de actuación, Del Río señaló que no va a tomar medidas 'compulsivamente' y se apoyó en la actividad desarrollada por Gerencia de Urbanismo el pasado ejercicio para responder a PSOE e IU. 'El Consistorio cuenta', dijo, 'con recursos adecuados, como prueban las 30.000 actuaciones de control de la edificación realizadas el pasado ejercicio'.

El 61% de los edificios revisados hasta diciembre de 2000 en la ITE tenía abierto expediente de ruina. Un vecino de la cava Baja que se encontraba ayer en Gerencia de Urbanismo interesándose por la ayudas para reparar su inmueble explicó que le han dado un prepuesto aproximado de 50 millones para iniciar las reparaciones. 'Pero en cuanto empiece a trabajar y descubrir vigas no sabemos lo que se puede disparar. Por eso, el resto de los vecinos -hay dos viviendas por planta y el inmueble tiene cuatro plantas y dos locales en el bajo- no quieren ni oír hablar del tema', concluyó.