La 'solución final' de López Murphy

Una vez apagado el sonido de los fuegos de artificio disparados en el recinto de la Bolsa de Comercio el día que asumió el cargo el nuevo ministro de Economía del Gobierno argentino, Ricardo López Murphy, y de que se disipara el polvo del humo de los festejos de esa tarde, cuando la cotización de las acciones subió un 8,1%, el mercado quedó en suspenso, como todo el país, a la espera de las supuestas señales sobre la integración del equipo económico y del anuncio de medidas que confirmen o rectifiquen el rumbo del llamado modelo.

Pero el volumen de operaciones se redujo en la Bolsa desde los 40 millones de dólares del lunes a poco más de 10 millones el jueves y las alzas y bajas de las cotizaciones apenas movían la aguja de la balanza. El llamado riesgo país, el plus que pagan los títulos de la deuda argentina por encima de la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos, que se había reducido en 50 puntos del viernes anterior al pasado lunes, aumentó en los primeros tres días de la última semana de 726 a 733 puntos. Los operadores coincidían en cuatro palabras para explicar cómo estaba el ambiente: 'Tranquilo, confiado, cauto, prudente', y a la espera.

Los partidos que apoyan al Gobierno quieren poner límites al nuevo equipo económico argentino

El plan elaborado en el laboratorio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), a la que pertenece López Murphy, propone una reforma integral del Estado, que demandaría 'al menos 10 años'. La cantidad de años recuerda a los que otro economista ultraliberal, José Martínez de Hoz, le pidió al ex general Jorge Videla cuando preparaban juntos el golpe de Estado de 1976. El dictador sólo se comprometió a controlar las reacciones sociales durante cinco años.

En ese momento, en medio de la dramática guerra política que se desató tras la muerte de Juan Perón y del patético Gobierno que encabezaba su viuda, María Estela Martínez, Isabel, el país debía al exterior 6.000 millones de dólares y tenía un 4% de desempleo. Cuando finalmente los militares abandonaron el poder en 1983, Argentina afrontaba una deuda de 40.000 millones de dólares, los familiares de las víctimas reclamaban por el destino de 30.000 personas desaparecidas y se registraba un desempleo estimado en el 6% de la población económicamente activa.

¿Podrá un Gobierno democrático de coalición aplicar una versión aún más dura de aquel plan, que se reeditó en los primeros años del Gobierno peronista de Carlos Menem, a comienzo de los años noventa, cuando el Estado liquidó sus empresas y la tasa del paro llegó al histórico 18%? Manuel Solanet, ex funcionario de aquella dictadura, consejero económico de FIEL y nuevo secretario de Reforma Administrativa, tiene un proyecto para reducir tres ministerios, con sus 41 secretarías de Estado y 100 subsecretarías vinculadas.

La solución final recorta en total 88.000 empleados públicos, que suponen en conjunto un ahorro anual de 3.500 millones de dólares. Los expulsados cobrarían una indemnización por 12 meses y luego se alentaría a las empresas privadas para que les den empleo. Solanet propone además que el bisturí llegue al hueso de los gobiernos provinciales y a las intendencias de los municipios. Los dos sindicatos más importantes irán a la huelga general 'si echan a un solo empleado público más'.

Un diputado de la provincia de Santa Cruz, miembro del Frepaso y del grupo parlamentario de la Alianza en el poder, recordaba esta semana que después de la venta de la petrolera estatal YPF a Repsol, 'los intendentes de los pueblos tienen que dar trabajo a los desocupados porque no hay otra actividad y se morirían de hambre'. La diputada Alicia Castro, miembro también de la Alianza y líder de uno de los sindicatos de Aerolíneas Argentinas, resalta la paradoja de que 'la gente esté aterrorizada por las decisiones que vaya a tomar el nuevo ministro, cuando debería ser al revés. Se supone que el Gobierno trata de hacer todo para el beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Aquí los únicos que se han alegrado son los mercados'.

La diputada Castro cree que será inevitable el conflicto, 'porque se profundiza un modelo económico que fracasó y está agotado. Este país fue desmantelado. Aerolíneas Argentinas era una compañía estatal que daba beneficios operativos, instruía a pilotos extranjeros, tenía oficinas en las grandes capitales, volaba a todos los destinos. Hace 10 años se traspasó sin deudas y hoy tiene la mitad de personal, un pasivo de 900 millones de dólares y un solo avión de su propiedad. La compañía fue vaciada y ahora se la quiere quebrar definitivamente si no se acepta el plan de salvación, que supone todavía más despidos. En casos como éste y en otras privatizaciones puede verse qué es y cómo funciona el modelo'.

La expectativa y la ansiedad alteran los ánimos y las declaraciones en las corrientes partidarias de derecha y de izquierda dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) y en el Frepaso, frente de centro izquierda mayoritariamente integrado por peronistas disidentes y una minoría de socialistas. Todos parecen querer ponerle límites al equipo económico, ya rebajado de sus ambiciones de tiempo y poder por las elecciones de renovación parlamentaria, previstas para octubre.

'Hasta aquí llegamos', coinciden los líderes de la Alianza. El jefe de la UCR, el ex presidente Raúl Alfonsín, candidato a senador en las parlamentarias de octubre, llama a luchar contra 'los fundamentalistas del mercado'.

Una vez completado el nuevo equipo económico, todos compañeros de López Murphy en la FIEL, y todos doctorados en universidades de Estados Unidos, el plan o las nuevas medidas serán anunciadas entre el martes y el miércoles. La razón de que no lo hagan el martes... es que es día 13.

El Frepaso reclama la creación de la Agencia Social para reunir allí la administración de todos los planes de asistencia y subsidio repartidos en diversos ministerios, que se controle a los grandes evasores de impuestos y que se impulse desde el Gobierno la investigación iniciada por dos diputados sobre el lavado de dinero proveniente de los sobornos pagados en la privatización de las empresas del Estado, cuando se fugaron al menos 4.500 millones de dólares.

El nuevo ministro admite que 'es poco' lo que se puede hacer con el año en marcha y el presupuesto aprobado. Argentina debe cumplir compromisos contraídos cuando recibió el 'blindaje financiero' a fines de diciembre y evitó entrar en cesación de pagos. Entre ellos, disminuir el déficit fiscal, que lleva acumulados ya más de 1.600 millones en el primer bimestre del año y rebasó las metas establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 'El acuerdo no se redactó sobre una piedra', han dicho, comprensivos y satisfechos por la designación de López Murphy, los portavoces del FMI, pero esperan a cambio que se cumplan estrictamente otros compromisos, como el de conseguir el apoyo del Congreso a las reformas a la Ley de Jubilaciones y Pensiones. Ésa sería la definitiva 'señal' que esperan los acreedores, la de apreciar en un gesto político cómo las fuerzas políticas del Gobierno de coalición se disciplinan, se callan y aceptan al fin la autoridad de De la Rúa.