El Imserso afirma que Interior sólo asumirá el viaje de 7.000 de los 24.500 ecuatorianos

El director general del Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, declaró ayer: 'Al final no sabemos [en el Gobierno] cuántos [inmigrantes] podrán volver a Ecuador, pero pueden ser en torno a seis mil, siete mil personas fácilmente'. Las palabras de Alberto Galeón confirman el anuncio hecho el día anterior por el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, quien advirtió de que el Ejecutivo no pagará, como prometió, el viaje de todos los ecuatorianos que se acogieron a su 'oferta' de viajar a Quito para regularizar su situación y regresar con los papeles en regla.

Partidos, sindicatos y organizaciones humanitarias han reaccionado con indignación ante el anuncio del Gobierno. Las autoridades ecuatorianas se han mantenido expectantes, en espera de un pronunciamiento oficial del Ejecutivo español sobre estas declaraciones.

En sus manifestaciones, el director del Imserso puso de manifiesto los problemas económicos existentes para financiar la operación retorno. De entrada, afirmó que el pago de los pasajes de avión es competencia del Ministerio del Interior. Luego reveló que ni siquiera está decidido quién abonará los billetes de autobús para trasladar a los inmigrantes desde sus localidades hasta el aeropuerto de Barajas. Su organismo aún discute este asunto con Interior.

En el centro de la tormenta, el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, a quien el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, acusó ayer de 'manifiesta incompetencia', sorprendió con una nueva fórmula para afrontar el problema: los ecuatorianos sin oferta de empleo que se han acogido a su plan entrarán en el contingente de regularización de extranjeros de este año. Según manifestó, esta medida afectará 'a un número aún indeterminado' de personas, porque, dijo, ha de establecerse todavía cuántos de ellos serán beneficiados por la revisión de oficio de 61.000 expedientes rechazados en el último proceso de regularización, que acaba de ponerse en marcha. Luego se felicitó: 'Está saliendo muy bien la operación de retorno voluntario'.

Expectación en Quito

Pero, desde el otro lado del Atlántico, el embajador de España en Quito, Eduardo Cerro, admitió: 'Las previsiones [del número de inscripciones] nos cogieron, valdría decir la palabra, un poco desprevenidos. Calculamos que se acogerían 4.000 o 5.000 personas y al final han sido más de 24.500'. Dijo que, de todas formas, España 'procurará' solucionar el problema. Para lograrlo apuntó un procedimiento nuevo: 'Podrían ser tres días seguidos con un chárter de 500 personas, por ejemplo'.

La Embajada de Ecuador en Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país reaccionaron con flema ante las incertidumbres que se ciernen sobre sus ciudadanos en España. 'La Embajada reitera su confianza en que el Gobierno español cumplirá el compromiso que asumió', declaró el embajador, Francisco Carrión. 'No hemos recibido ningún pronunciamiento oficial del Gobierno de Madrid', dijo un portavoz del ministerio.

No obstante, el titular de este departamento, Heinz Moeller, se mostró más cauteloso que en anteriores ocasiones sobre el plan de retorno, cuyo desarrollo, dijo, 'habrá que mirar con celo'.

La situación de Moeller, principal valedor del convenio en Quito, es difícil. El Partido Social Cristiano, mayoritario en el Congreso de Ecuador, anunció que el ministro será llamado a la Cámara para explicar el acuerdo. Muy duro ha sido el ex presidente socialdemócrata de Ecuador Rodrigo Borja: 'Esto es un engaño', ha dicho. 'Lo que quiere España es repatriar a los ecuatorianos'.

En España las reacciones no se han hecho esperar. La secretaria de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, afirmó que las declaraciones del director general del Imserso 'confirman plenamente que el Ejecutivo va a incumplir de manera flagrante el compromiso que adquirió con miles de personas, que quedan legalmente desprotegidas, sin tan siquiera derecho a reclamar porque el plan ha sido arbitrario y ha carecido de un procedimiento que ofreciera la mínima seguridad a sus destinatarios'. Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, declaró: 'Esto ha sido un timo. Ahora los que se apuntaron al plan del Gobierno han quedado fichados y además no viajarán'. Paloma López y Almudena Fontecha, de CC OO y UGT, respectivamente, calificaron de 'chapuza' la labor del Gobierno y le exigieron que pacte una política 'seria' de inmigración. Raúl Jiménez, portavoz de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, denunció: 'Esto es una vergüenza. Mucha gente creyó lo que le dijo el Gobierno y ahora está pasando hambre, sin poder trabajar, en pisos clandestinos y presa de la economía sumergida'.