Las bases para privatizar el comedor escolar chocan con la norma vigente

La operación para privatizar de golpe los servicios de cuidadores de comedor escolar en 566 colegios públicos de la Comunidad Valenciana, en realidad, fue puesta en marcha justo hace un año, poco después de que el PP obtuviera la mayoría absoluta en las últimas elecciones generales, por el entonces director general de Régimen Económico, José Luis Serna (en la actualidad cesado y reincoporado al Servicio de Compras del Ayuntamiento).

Sin embargo, el expediente Concurso de ciudadores de comedor escolar 29/2000, en el que se recogen el pliego de condiciones y las bases de la licitación, no se aprobó hasta finales de diciembre pasado, el mismo día en que fueron enviadas a la Consejería de Educación tres actas de los servicios de inspección del Ministerio de Trabajo donde se reclama a la Administración educativa la liquidación de más de 231 millones de pesetas en concepto de cuotas de la Seguridad Social de más de un millar de monitores y educadores de comedor que prestaron sus servicios en diversos colegios públicos de la provincia de Valencia entre octubre de 1998 y mayo de 2000.

La actas de la inspección sirvieron de espoleta al ex director general para agilizar un proceso que había sido negociado durante un año con las empresas hoteleras del sector. Así, según detalla el pliego del concurso al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Consejería de Educación se propone adjudicar el 9 de abril de 'un solo lote' y 'a una sola empresa' el servicio que contempla habilitar un número de ciudadores previsto de 2.300 personas por valor de 1.950 millones de pesetas.

El plazo de presentación de ofertas vence el próximo 20 de marzo, pero la especificidad de las bases hace difícil que cualquiera de las empresas valencianas de catering -según confirma la federación- pueda ofrecer un servicio de esta envergadura diseñado para atender 254 colegios públicos de la provincia de Valencia, 97 de Castellón y 215 de Alicante. No en balde, las bases del concurso mencionan la figura de una UTE (Unión Temporal de Empresas), más acorde con los intereses del sector hostelero.

Con todo, el problema de fondo, según denuncia la federación de enseñanza Fete-UGT, reside en el marco legal, ya que la privatización choca con el ordenamiento jurídico vigente, desarrollado en la resolución de la Dirección General de Educación Básica y Enseñanzas Especiales del 11 de agosto de 1986, mediante la cual el anterior gobierno del PSPV-PSOE reguló la Organización y funcionamiento de los comedores escolares en centros públicos de la Comunidad.

Ruptura del modelo

Fete-UGT precisa que la privatización, tal y como está prevista, supone 'una ruptura del modelo y de la línea pedagógica vigente, por la que los consejos escolares deciden la cobertura del servicio de monitores en función de las necesidades de su propio centro'. De hecho, la resolución de 1986 diseñó la coordinación del equipo de educadores con la propia dirección del centro, además de vertebrarlo de manera que los servicios dependieran de las respectivas direcciones territoriales. El concurso tampoco prevé estos aspectos ni regula el número de monitores que deberá haber por comedor en función de la ratio de alumnos, quedando en manos de la organización empresarial. El sindicato pide 'volver al origen' y que 'se abra una negociación completa que culmine en un decreto que regule el servicio completo de los cuidadores de comedor'. Pero, además, la entrada en vigor de la privatización, que está prevista para el inicio del próximo curso el 1 de octubre del 2001, obligaría a realizar una modificación presupuestaria y, por tanto, supondría un recorte de 2.000 millones de pesetas de otra línea no especificada.