Querella contra un juez y varios peritos por corrupción y prevaricación en la quiebra de Garvey

La fiscalía de Madrid ha presentado una querella por supuesta prevaricación contra el juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Primera Instancia 40; y por supuesto cohecho, contra tres interventores judiciales, en relación con la quiebra de las bodegas Garvey, propiedad del empresario José María Ruiz-Mateos. Según la querella, el juez dilató la tramitación de la quiebra, mientras que los citados interventores, nombrados a dedo por el juez para gestionar las bodegas durante el proceso, exigieron a Ruiz-Mateos 'cien millones de pesetas' a cambio de archivar la quiebra.

La propuesta de archivo a Ruiz-Mateos la efectuaron el comisario judicial de la quiebra, Alejandro Moreno, y el interventor, Jesús Verdes, a través de un intermediario, Pedro Bravo, según la querella. Bravo indicó a Ruiz-Mateos que si pagaba 100 millones, se archivaría la quiebra, y que si no lo hacía la intervención judicial de sus bodegas se prolongaría 'indefinidamente' hasta 'llegar a su liquidación definitiva'.

La fiscalía dispone de grabaciones telefónicas y vídeos en los que se ve y oye a algunos implicados extorsionando a Ruiz-Mateos. Aparte del juez, de Moreno y de Verdes, también figura como querellado el letrado de la quiebra en representación de las empresas, Álvaro Lobato. Los tres últimos fueron designados a dedo por Sexmero para que le informasen de la viabilidad de las bodegas para tomar una decisión respecto a su futuro.

En la querella, la fiscalía acusa al juez de prevaricación (adoptar una resolución a sabiendas de que es injusta). Deja entrever que dilató la quiebra a cambio de un puesto como juez de la Federación Española de Fútbol, empleo que, supuestamente, contribuiría a proporcionarle Lobato. Dilatar la querella implicaba que los interventores cobrasen casi tres millones de pesetas mensuales por gestionar la quiebra, dinero que salía de las arcas de las bodegas.

'Reparto de 90 millones'

Los hechos que han originado esta querella surgen el 29 de febrero de 2000, cuando Management Inmobiliaria, SL, instó la quiebra de la entidad Finamerco SL. Sexmero nombró entonces como comisario a Moreno y como depositario e interventor a Verdes. El 24 de julio, a petición de los antes citados, ordenó la intervención judicial de las acciones de las empresas Garvey Solera, Garvey Wine y de Distribuciones Garvey, empresas que 'años atrás habían pertenecido a Finamerco'. Según la querella, el 3 de octubre pasado, el juez destituyó a Pablo Chillón como letrado de la quiebra designado por los accionistas de las bodegas y, en su lugar, nombró a Lobato. Fue entonces cuando el comisario y el administrador, a través de un intermediario, hicieron llegar a Ruiz-Mateos la propuesta de hacer un informe favorable a la viabilidad de las bodegas a cambio de 100 millones de pesetas. Ruiz-Mateos filmó y grabó la oferta y la comunicó a la fiscalía, que abrió diligencias y puso los hechos en conocimiento de un juzgado de Majadahonda. Éste decretó el secreto del sumario y ordenó pinchar teléfonos. Las escuchas han puesto de manifiesto graves irregularidades. Por ejemplo, el compromiso de Lobato de 'realizar las gestiones necesarias para la designación como juez instructor de la Federación Española de Fútbol' a Sexmero, 'aprovechando las influencias que tenía en tal entidad, de la cual forma parte', explica la fiscalía. Lobato llegó a pedir al administrador judicial que, como provisión de fondos, le facilitase 90 millones de pesetas, dinero que luego se 'repartirían los tres'. Sexmero tenía previsto ayer prestar declaración en calidad de imputado ante la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Madrid. Dado que ha sido admitida a trámite la querella, la ley establece que Sexmero debe ser suspendido en sus funciones. Los otros tres querellados se hayan en libertad provisional tras haber eludido una orden de prisión dictada contra ellos. Han pagado una fianza total de 31 millones. Es la primera vez que se destapa un supuesto caso de corrupción en este tipo de procedimientos, que, sólo en Madrid, mueven miles de millones de pesetas. Y lo que es más importante, en estos procesos están en juego miles de puestos de trabajo.