La gestoría de Mercedes

La noche del 5 de febrero de 2000, dos jóvenes se atrincheraron en su casa horrorizados ante el espectáculo que se desarrollaba fuera. Encerrados a cal y canto, acabarían desconectando el teléfono para dejar de atender amenazas anónimas. Los dos hijos de Mercedes García Fornieles, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas en El Ejido, pasaron buena parte de la noche subidos en la terraza de su vivienda en esa localidad de Almería, mientras decenas de vecinos se concentraban en el exterior profiriendo iracundos insultos contra su madre, una distinguida activista en defensa de los derechos de los inmigrantes, que se había ido a pasar el fin de semana a otro lugar.

Al día siguiente, los jóvenes abandonaron el pueblo en un coche de la policía para reunirse con sus padres en un cortijo en el campo. El comisario recomendó a Mercedes García que no regresara a El Ejido durante unos días. 'Me dijo que no fuera a la misa de Encarnación y que no podía controlar la situación', recuerda. Ningún miembro de la familia se libró de los ataques de aquellos días: la madre de Mercedes, de 78 años, recibía amedrentadoras llamadas de madrugada en las que amenazaban con cortarle el pescuezo a su hija si reaparecía por el pueblo. La familia pasó aquel febrero lejos de El Ejido. A su regreso, cambió el número de teléfono para evitar las amenazas y observó cómo algunos vecinos le rehuían el saludo.

El local de la federación había sido arrasado con furia durante los ataques del 5 de febrero. 'Empezamos a trabajar con los cristales y las puertas rotas, los propios inmigrantes nos ayudaron a limpiar', recuerda Mercedes García. En aquel paisaje desolador -los destrozos se tasaron en 2,3 millones de pesetas- se tramitaron cerca de 9.000 peticiones de regularización con el esfuerzo de un par de socias, un abogado y algunos objetores. Un año después, la sede de la Federación de Mujeres Progresistas se erige como el único islote asistencial al que pueden dirigirse los miles de inmigrantes que viven entre el 'mar de plástico' de El Ejido. Los extranjeros -algunos llegados de otras provincias- la conocen como 'la gestoría de Mercedes'.

Ninguna ONG de las subvencionadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para programas de emergencia en la zona (300 millones de pesetas en total) dispone de instalaciones en El Ejido, donde la hostilidad hacia la labor social en favor de los inmigrantes es patente.

En un pueblo donde se espolea el victimismo por las críticas externas y se aviva la fractura entre autóctonos e inmigrantes, practicar la disidencia a plena luz del día como hace Mercedes García es un ejercicio de alto riesgo. Tanto ella como Elena Maleno, otra de las socias más activas hasta hace unos meses, representan la antítesis de las actitudes xenófobas que protagonizaron centenares de vecinos hace un año. Para colmo de reaccionarios localistas, no les pueden reprochar desconocimiento ni lejanía. Mercedes nació en 1954 en El Ejido. Pertenece, por tanto, a las escasas familias afincadas en la localidad desde hace algunas generaciones.

Su compromiso social la animó, junto a otras cinco mujeres, a abrir una asociación para combatir los malos tratos en el pueblo en 1988, cuando la violencia doméstica todavía era un drama escondido entre cuatro paredes y comenzaba el goteo inmigratorio hacia los invernaderos. Cinco años después descubrieron que entre tanto plástico malvivían extranjeras asustadas y comenzaron a dar clases de alfabetización por los cortijos. 'Un día nos planteamos que si luchábamos por la igualdad no podíamos negar nuestro apoyo a hombres que también sufrían discriminación, así que ahora en nuestra sede no se atienden hombres o mujeres, se atienden personas', expone García.

Su negativa a la domesticación política le ha generado múltiples problemas con alcaldes, con independencia de siglas. La asociación ha entablado sonadas peleas con regidores del PSOE por temas de inmigración. En El Ejido, desde que gobierna Juan Enciso (PP), las relaciones siempre fueron conflictivas. A Mercedes García, que trabajó durante años como profesora de educación física para el Ayuntamiento, la despidieron en 1998.