LOS PROBLEMAS DE LOS INMIGRANTES

Duras críticas de SOS Racismo y Rumiñahui al proceso

La ONG SOS Racismo y la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui han sido las primeras organizaciones que han abierto el fuego contra el desarrollo del plan de repatriación de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno tras conocerse que el número total de personas que se han acogido al programa de 'retorno voluntario' asciende a 24.557.

A través de su portavoz Diego Lorente, SOS Racismo afirmó que el plan es una 'vergüenza' que ha demostrado ya su ineficacia. En declaraciones a Servimedia, Lorente insistió en que la regularización de los inmigrantes afectados se puede hacer perfectamente en España, dentro del marco de la vigente Ley de Extranjería.

De esta manera, advirtió, no todos los que se acojan a la 'oferta' podrán volver a España. Para la ONG, la iniciativa del Gobierno no es más que un 'parche' dentro de su estrategia de 'dar la espalda a la realidad'.

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La asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui declaró a la misma agencia que el programa ha demostrado ser un 'fracaso', a la vista de que el Ministerio del Interior sólo lleva garantizados hasta ahora el viaje a Ecuador a una pequeña parte de todos los que lo han pedido.

El portavoz de la asociación, Raúl Jiménez, recordó que su organización ya se temía que 'iba a ser difícil atender todas las peticiones', y coincide con SOS Racismo al afirmar que el Ejecutivo debe regularizar a estas personas en España, en vez de obligarlas a que vuelvan a su país.

Pregunta al Gobierno

El diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds Joan Saura ha formulado una pregunta parlamentaria al Gobierno en la que, a propósito de la información publicada por este periódico acerca de que el Ejecutivo sólo ha previsto hasta ahora el viaje de 1.210 personas, plantea varios de los interrogantes que hacen dudar sobre la viabilidad del proceso.

Así, Saura pregunta si esos 1.210 inmigrantes constituyen la cifra real que ha previsto el Gobierno; en caso negativo, cuáles son las previsiones reales, y en caso afirmativo por qué motivo se ha incumplido la propuesta inicial.

Además, interroga al Ejecutivo acerca de cómo tiene previsto llevar a cabo el proceso de vuelta a España de esas personas, qué plazo de tiempo ha fijado para que reinicien su actividad laboral aquí y qué previsiones de actuación tiene respecto a las que no se han acogido al proceso de repatriación.

Hasta el momento, el Gobierno ha rehuido responder claramente a todas estas cuestiones en las numerosas ocasiones en que ha sido interrogado.

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