El Camp de Tarragona

De unos meses a esta parte el sur de Cataluña se esta moviendo. Por un lado las actuaciones reivindicativas de las Tierras del Ebro, por otro los esfuerzos de vertebración del Camp de Tarragona. Las comarcas del Alt Camp, el Baix Camp y el Tarragonès constituyen la segunda área metropolitana de Cataluña, y requieren un proyecto de vertebración política clara.

Este espacio plurimunicipal, con núcleos urbanos bien definidos y en muchos casos complementarios, ya que existen ciudades con vocación comercial, núcleos turísticos, ciudades con profundos rasgos históricos, se ha ido convirtiendo, a ojos de la ciudadanía y de los agentes económicos, en un ámbito urbano único. Con un potencial poblacional de 350.000 habitantes y con unos 5 millones de turistas anuales, esta área se caracteriza por una gran intensidad de desplazamientos de sus ciudadanos para ir a trabajar, a estudiar, a comprar o simplemente a divertirse, lo que da lugar a unos 400.000 viajes diarios. La mayoría de ellos se localiza en el interior del área y sólo un 7% tienen un destino externo (a principios de la década de 1990 era sólo el 5%), proporción que indica una fuerte coherencia interna. Así pues, en esa zona uno puede residir, trabajar, comprar y divertirse en distintos puntos sin percibirlo como un coste suplementario en su cotidianidad y sin que ello debilite su pertenencia a una ciudad concreta. Es lo que los expertos llaman la ciudad real, compuesta por espacios urbanizados y otros libres. Además, la existencia de todo el eje costero, con Port-Aventura y otros municipios de reconocido prestigio turístico (Salou o Cambrils), la presencia de ciudades con una creciente actividad de ocio urbano (la Tarragona romana, el Reus modernista), así como la proximidad de un área agrícola emergente como el Priorat, unido a infraestructuras de alta capacidad (aeropuerto y puerto), hacen de esta parte del territorio una zona urbana emergente y cambiante.

Sin embargo, para que estas potencialidades puedan consolidarse y para que esta área metropolitana o ciudad real pueda desarrollarse plenamente, deben tenerse en cuenta una serie de limitaciones con orígenes internos y externos. Hace poco en estas mismas páginas el diputado Germà Bel afirmaba que un rasgo tradicional del territorio ha sido su falta de vertebración interna, que, añadida a su condición periférica, ha determinado su falta de vertebración con el resto del país. Esta situación ha provocado que en la etapa democrática no haya habido voluntad política para definir y estructurar, desde el ámbito local, esta área de forma conjunta, por lo que se han perdido grandes oportunidades de cohesión y eficacia en la gestión de los recursos públicos: el campus universitario integrado o una política coordinada para el aeropuerto constituyen sendos ejemplos fallidos. El Gobierno de la Generalitat, con su política territorial, no ha ayudado a reconocer y potenciar esta voluntad metropolitana, sino que, muy al contrario, ha fomentado políticas localistas conflictivas, potenciado como resultado el fraccionamiento del área. Un ejemplo al respecto lo puso hace pocos días el director general de Transportes, Enric Ticó, cuando dijo que en el Camp de Tarragona existe el sistema de transporte colectivo y público más complejo e ineficaz de Cataluña; si la situación es, incluso, reconocida por el responsable autonómico de la materia, el desajuste tiene que ser por fuerza enorme. Esto hace que los desplazamientos intermunicipales se desarrollen básicamente utilizando el transporte privado, ya que la alternativa pública, o bien no existe o bien no está adecuada a las necesidades de la población, lo que acarrea que a las personas que, por distintas causas, no pueden acceder al automóvil o a los miles de turistas llegados a nuestras costas sin vehículo privado les resulte difícilísimo moverse en esa área metropolitana.

Sin embargo, el futuro se vislumbra distinto. Las ciudades del Camp se están organizando, unas con más ímpetu que otras, y los agentes económicos de todos los sectores presionan para resolver el problema. Hay en este momento sobre la mesa propuestas de vertebración con nombres y fórmulas distintas: el consorcio del Camp, un plan director de infraestructuras, un programa coordinado de las directrices del Camp de Tarragona, una comisión de seguimiento del plan director, etcétera. Todo ello apunta a un cambio de tendencia en el modelo territorial, donde ya no se practique el divide y vencerás, sino en el que los esfuerzos políticos se dirijan a solucionar los problemas concretos de los ciudadanos, con fórmulas más racionales y eficaces, que requieren unos ámbitos de gestión que incluyan a más masa crítica de usuarios y por lo tanto exijan la cooperación entre las distintas administraciones locales. Aunque sólo sea en términos empresariales, en un mundo globalizado como el de hoy, las unidades de gestión requieren piezas cada vez mayores; así, los territorios que son unidades en la vida cotidiana de las personas necesitan superar viejas e inútiles rivalidades para gestionar mejor los servicios. Y eso también apunta a cambios en el mapa político catalán. El sur catalán esta dando signos de visión de futuro no sólo en el ámbito local sino para todo el país.

Carme Miralles-Guasch es diputada al Congreso por el PSC.