Sobre el impuesto a los depósitos de las entidades de crédito

El solo anuncio de que la Junta de Extremadura se propone enviar al Parlamento Extremeño un proyecto de ley que grave los depósitos de las entidades de crédito que operan en Extremadura ha generado todo tipo de comentarios y opiniones, unas respetuosas con el anuncio, y las más, absolutamente contrarias a una ley que no conocen los ilustres opinadores. La mayoría de las 'pegas' que se citan no son nuevas porque ya fueron repetidas hasta la saciedad cuando hace una decena de años aprobamos, en Extremadura, un impuesto propio sobre los cotos de caza; entonces surgieron las mismas o parecidas voces diciendo aquello tan socorrido de que la ley era inconstitucional, que perseguía a los dueños de fincas cinegéticas, que no vendría un solo cazador a Extremadura, que las explotaciones cinegéticas se trasladarían a las provincias limítrofes, que atentábamos contra la libertad de mercado, que íbamos contra las directivas comunitarias, etcétera.

Causa estupor oír declarar inconstitucional una ley que no conocen pero que afecta a las pesetas

Nada de eso ocurrió con la ley de caza. Ni fue declarada anticonstitucional, ni se terminó la caza en Extremadura, ni se fueron las explotaciones cinegéticas a las provincias limítrofes ni nada de nada; todo lo contrario; cada día hay más cotos de caza; los propietarios de los mismos ni han huido ni se han arruinado, la caza en Extremadura cada vez es más apreciada, el mercado no se ha hundido, Europa no ha dicho nada respecto a este impuesto y cada año que pasa el precio de las dehesas aumenta sustancialmente en esta tierra. Desgraciadamente, aún no he oído a esos sumos sacerdotes de la economía de mercado decir que estaban equivocados y que sus vaticinios fueron erróneos y conscientemente mentirosos; por el contrario, ahora vuelven de nuevo a la carga con los mismos y empalagosos argumentos, pretendiendo sentar cátedra desde el desconocimiento y desde el pensamiento único, exclusivo y excluyente; pero ya se sabe que cuando se trata del dinero y de determinados privilegios son legiones los que inmediatamente aseguran verdades que cuando se trata de seres humanos no lo tienen tan claro.

Causa estupor oír a tanto economista del tres al cuarto declarar inconstitucional una ley que ni siquiera conocen, pero que afecta a la banca y a sus depósitos, es decir, a las pesetas, y sin embargo no decir ni una sola palabra de una ley ya publicada y que afecta a los seres humanos, a los inmigrantes, a los que esa ley priva de derechos tan fundamentales como los de reunión, manifestación, asociación y sindicación, aquí sí tienen dudas; aquí no se pronuncian con tanta contundencia sobre la constitucionalidad de la medida, de lo que deduzco que para esos opinadores tienen más derechos a proteger los bancos que los seres humanos.

Si fuera cierto, como dice algún editorial, que 'Ibarra va contra los bancos', por crear una nueva figura impositiva, habría que concluir que todo gobierno que obligue a pagar a alguien o a todos mediante un impuesto, irá contra alguien o contra todos. Cuando llevo años diciendo que las CC AA no deberían financiarse con una parte del IRPF, porque ese impuesto no debería trocearse, los mismos que defienden la tesis contraria, ahora acuden al argumento de que el impuesto que pretendemos crear rompe la unidad fiscal española. Los mismos que acusan a las CC AA de no querer comprometerse fiscalmente, son los que ponen el grito en el cielo cada vez que una comunidad autónoma decide asumir el compromiso fiscal gravando aquellos sectores donde puede o decide hacerlo; ¿cómo si no podremos comprometer nuestra responsabilidad fiscal?; ¿a quién o a quiénes piensan ellos que podríamos imponer un gravamen?; ¿tal vez apoyando que el trabajador pague un impuesto por encontrar un puesto de trabajo?, ¿o quizás recargando los impuestos indirectos o los especiales? Todavía no he oído a un solo defensor de la unidad fiscal española criticar las deducciones que determinadas CCAA han ensayado a propósito de la cesión del 30% del IRPF a las Autonomías.

Mientras estas cosas se dicen, la situación con la que nos encontramos las CC AA es la siguiente: el Gobierno del señor Aznar nos obliga a un pacto de estabilidad, al déficit cero, a ser corresponsables fiscalmente, a asumir competencias por la vía de hecho, tales como la Ley del Menor, sin aportar recursos para hacer frente a las mismas. Mientras el Gobierno sube la presión fiscal produciéndose una mayor recaudación por la Agencia tributaria, las arcas de las CC AA no reciben la parte proporcional de esa mayor recaudación para hacer frente a las competencias que tenemos asumidas y a las que los ciudadanos reclaman más y mejores prestaciones. Ante esa situación, un gobernante socialista tiene dos caminos: o reducir prestaciones bajando el pasivo o aumentar las prestaciones subiendo el activo; son dos opciones políticas y yo elijo la segunda.

Y además puedo hacerlo; recuerdo a los defensores del centralismo impositivo que el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 58, 2,b, dice: 'La hacienda de la Comunidad estará constituida por sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales'. De idéntica manera, en el Auto del Tribunal Constitucional 182/86, de 26 de febrero, se declaró lo siguiente: 'Si bien es cierto que el artículo 139.1 de la CE dispone que 'todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado', también lo es que en la misma se formulan los principios de suficiencia en las Haciendas locales y la autonomía financiera de las CC AA. Todo lo cual supone que, salvaguardada la identidad básica de derechos y deberes de los españoles, las cargas fiscales que deban soportar puedan ser distintas. De ahí que la CE prevea la existencia de tributos propios de las Haciendas locales y, por lo que respecta a las CC AA, de recargos sobre impuestos estatales, así como de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. Estamos hablando de un impuesto propio que no interfiere ni en las figuras impositivas estatales (IVA e impuesto de sociedades), ya que el impuesto que pretendemos aprobar grava la captación de depósitos por las entidades de crédito, que es el paso previo para la creación de beneficios gravados por el impuesto de sociedades. Tampoco interfiere en los impuestos locales (IBI, IAE, vehículos de tracción mecánica, plusvalías o gastos suntuarios).

No se trata para nada de castigar a nadie; se trata de contribuir, por parte de aquellos que pueden, a desarrollar determinadas políticas que un gobierno está obligado a realizar. Se pretende con esta medida legislativa coadyuvar eficazmente al desarrollo económico de Extremadura en los términos ordenados por el artículo 7º.10 del Estatuto de Autonomía y por el artículo 61.3 de dicho Estatuto, que subordina toda la riqueza de la región en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad, a los intereses generales de la Comunidad Autónoma.

Si se cumplieran los vaticinios de los agoreros que dan por hecho la huida de las sucursales bancarias de Extremadura, se llevarían un billón cuatrocientos mil millones de pesetas, que es el pasivo captado en estos momentos en Extremadura; no creo que los extremeños dejaran que su dinero se fuera tan fácilmente de Extremadura.

Por último invito al señor Montoro, ministro de Hacienda, a mantener una reunión donde yo le pueda explicar este impuesto que él jamás había imaginado y, de paso, que él me explique el billón y medio de pesetas que da a las eléctricas para hacer frente a la competencia y que yo tampoco había imaginado.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es presidente de la Junta de Extremadura.