Hacienda inspecciona a los concejales del GIL en Marbella

El Tribunal de Cuentas llamará a declarar a 21 ediles que ingresaron 382 millones sin justificar

Jesús Gil, al que el Tribunal de Cuentas responsabiliza de no justificar 62.000 millones de las arcas municipales, no es el único blanco de las sospechas por su gestión al frente del Ayuntamiento de Marbella. Su equipo de concejales, renovado durante las tres legislaturas que lleva al frente del consistorio, está siendo objeto también de una investigación por Hacienda.

Los inspectores han enviado requerimientos y solicitado justificantes de sus ingresos a los ediles del GIL que integraron la mayoría durante la segunda legislatura, desde 1995 a 1999, algunos hoy fuera del consistorio. No consta si ya los han recibido los 19 que eran en total. A éstos seguirán otras inspecciones a los 15 concejales del GIL (sobre un total de 25 ediles) que integran la actual corporación. Gil adelantó el pasado jueves en Madrid que ha vendido sus propiedades de Marbella por 24.093 millones de pesetas.

Las 31 sociedades municipales creadas por Gil retribuyeron 'de forma periódica y repetitiva' a distintos concejales mediante la facturación por éstos de prestaciones de servicios, asistencia y asesoramiento, sin que quede reflejado en las facturas emitidas el tipo o concepto de prestación en al menos 294,7 millones, según denuncia el informe del Tribunal de Cuentas remitido la pasada semana a las Cortes. A éstos hay que sumar otros 87 millones que el Ayuntamiento entregó a varios ediles.

Los pagos a concejales sin que se especifique la naturaleza de los servicios prestados se hicieron en las sociedades municipales Eventos 2000 (52,2 millones de pesetas), Jardines (40,8), Control de Limpieza, Abastecimientos y Suministros (35,2), Sanidad y Consumo (81), Turismo Ayuntamiento de Marbella (53,8) y Actividades Deportivas (1,4), entre otros.

En el trámite de alegaciones al informe provisional del tribunal, la corporación intentó justificar estos pagos asegurando que dichos concejales eran miembros de una comisión gestora de las referidas sociedades y que las retribuciones lo fueron por ese concepto.

Ahora los auditores señalan que esos abonos 'son improcedentes' y señalan que en los estatutos de las mismas sociedades desapareció desde 1995 cualquier referencia a la posible existencia de la citada comisión gestora, 'a pesar de lo cual los concejales siguieron recibiendo fondos con posterioridad a esa fecha'. También resalta que los agraciados eran sólo algunos miembros de la citada comisión.

El peculiar sistema de pagos a justificar en el Ayuntamiento de Marbella es motivo de atención para el Tribunal de Cuentas y en especial el pago a ediles del GIL. El informe destaca que, 'con carácter general', los libramientos se otorgan a nombre de concejales o de personas ajenas a la corporación, en lugar de expedirse a favor de alguna caja pagadora, por lo que se incumple la ley.

Los libramientos no quedan justificados en el plazo de tres meses y sólo algunas veces figura el requerimiento del interventor para recordar al interesado la obligación de acreditar las cantidades entregadas. En esos casos no consta que se haya efectuado ninguna actuación para exigir el reintegro del dinero no justificado.Según la auditoría, se paga a perceptores que mantienen cantidades pendientes de acreditar y destaca casos en los que la factura justificativa tiene fecha anterior a la de la expedición del libramiento. El mayor grado de incumplimiento corresponde a las delegaciones de deportes, fiestas y transportes.

Entre otros casos, señala que en 1994 se expidieron dos mandamientos por 29 millones a favor de Rafael González, entonces recaudador municipal y hoy teniente de alcalde, que no están justificados. Catorce millones eran para el hotel Andalucía Plaza, de propiedad municipal, y 15 para alojamiento de personalidades.

Además de los pagos sin justificar a los concejales del GIL, la fiscalización destaca el 'anticipo' de 6,3 millones a los ex concejales Pilar Cárdenas Armengol y Antonio Serrano Pérez, ex delegada de cultura y ex teniente de alcalde, respectivamente. Y añade que no se procedió a su devolución en los tres ejercicios de los que se dispuso de contabilidad.

Pagos a Espartaco Santoni

Los pagos a algunos particulares sin aparente justificación también son una incógnita para los auditores. Explotaciones Hoteles del Club Marítimo de Marbella, SA, otra sociedad municipal, pagó 10 millones a Espartaco Santoni, actor de cine ya fallecido que residía en Marbella, sin que se considere justificado dicho pago, 'por cuanto no se detalla el tipo de servicios prestados'. Santoni figuraba como apoderado de dicha sociedad.

El patrocinio de un jinete por siete millones ha llamado también la atención de los auditores. Éstos señalan que el pago se contabilizó como prestación de servicios profesionales y añaden que han descubierto cartas entre el patrocinado y un hijo del alcalde en las que se establecían las condiciones.

La auditora señala que en 1996 la sociedad Eventos 2000 contabilizó 50 millones de pesetas como adquisición de mobiliario para los despachos de Gil y de su hijo Jesús, alcalde de Estepona. El gasto se justificó con la fotocopia de una factura remitida desde el Club Financiero, sede de los negocios de Gil, girada a nombre de 'Mancomunidad de Municipios'.

Carlos Fernández, ex concejal del GIL y uno de los 21 cuestionados por el tribunal, señala que renunciaron a sus sueldos y que se les pagaba a través de las sociedades municipales. 'Nos están inspeccionando a todos los concejales del GIL de la segunda legislatura; esos pagos eran por asistir a comisiones, pero al no estar clara la forma en que el Ayuntamiento justificó esos pagos, el tribunal no acepta las alegaciones.' Para la oposición estos pagos eran gratificaciones encubiertas.

Fernández mantuvo un enfrentamiento con el alcalde y hoy es edil del Partido Andalucista. Este periódico intentó sin éxito obtener la versión de Julián Muñoz, actual alcalde accidental, y otros ediles cuyos ingresos se cuestionan.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0017, 17 de febrero de 2001.

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