Las rivalidades locales revelan la desvertebración territorial y económica tras 20 años de autonomía
Ningún organismo oficial tiene datos sobre cómo se ha repartido el presupuesto autonómico
Una serie de economistas, geógrafos, arquitectos, empresarios, catedráticos y profesores universitarios, altos cargos técnicos de la Administración y políticos consultados por EL PAÍS coinciden en que el desarrollo económico en estos 20 años no ha resultado suficientemente integrador y en muchos casos atribuyen la persistencia de las desigualdades territoriales a la política seguida desde la Administración autonómica.
La inexistencia de datos impide comprobar cómo se ha distribuido el gasto público en el territorio y qué incidencia ha podido tener éste en la evolución de la renta las distintas provincias. La Junta atribuye esta ausencia a razones técnicas, por los códigos que se utilizan en el registro de los datos y en el que siempre se usa el de Sevilla para aquellas operaciones contratadas en los servicios centrales aunque se ejecuten en otras provincias, con lo que la relación saldría distorsionada.
Todos los expertos consultados están también de acuerdo en considerar que un modelo centralista no puede funcionar en Andalucía, y que la diversidad geográfica, social y económica de la comunidad autónoma requiere de varios 'motores', que localizan en el entorno de las principales aglomeraciones urbanas, donde hoy en día se produce una mayor capacidad de dinamismo, especialmente en el litoral.
En el debate sobre los localismos andaluces, además de la propia diversidad física de una comunidad que ofrece tres áreas muy identificadas con realidades específicas distintas -campiña, montaña y litoral-, subyace también la consecuencia de una elección que no se ha asumido con naturalidad, según admiten los propios políticos: la ubicación de la capital en Sevilla. Esta decisión fue adoptada por el Parlamento andaluz en su primera sesión, el 30 de junio de 1982, ya que no fue recogida en el Estatuto de Autonomía para evitar que fuera sometida a consulta popular en referéndum. Ya en aquella etapa, el primer presidente de la Junta, Plácido Fernández Viagas, alertó sobre el riesgo de dividir a los andaluces entre orientales y occidentales. Los expertos aprecian también la necesidad de buscar nuevos elementos de identificación para un proyecto común de todos los andaluces.
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