Los discapacitados no pagarán por las residencias más de lo que reciban de pensión

A la asamblea acudieron 44 de las 89 asociaciones de Feaps. De los 80 votos emitidos -el total de votos posibles era 100-, 66 fueron favorables a la propuesta del Gobierno regional, 6 contrarios, 6 en blanco y 4 abstenciones. El enfrentamiento previo entre el Ejecutivo autónomo y las asociaciones se debía a que la Comunidad quería cobrar un precio diferente a cada discapacitado en función de su renta familiar por el uso de las residencias y centros de día. Feaps se oponía, reclamaba a medio plazo la gratuidad de estos servicios básicos para los disminuidos psíquicos y, a corto plazo, pedía que se pagase un porcentaje de la pensión del discapacitado sin tocar la renta de la familia.

El acuerdo de ayer abre una vía intermedia entre la propuestas de Feaps y la de la Comunidad. El precio a pagar por las residencias y centros de día y ocupacionales se establecerá, como se proponía hasta ahora, en función de la renta per cápita familiar (los ingresos netos anuales divididos entre 12 meses y entre sus componentes, matizada esa cantidad con una serie de exenciones y deducciones). Por estar en una residencia se abonará el 75% de esa renta per cápita, y el 37,5% por los centros de día y ocupacionales. Pero, y ésta es la novedad, se fijará un tope máximo de la cantidad a pagar. Cuando el discapacitado cobre una pensión pública, dicho tope coincidirá con la cantidad que percibe cada mes por ella. Si no tiene pensión, el tope será la cantidad que sus padres pueden deducir, por su discapacidad, de la base imponible del IRPF, prorrateado en 12 meses.

Los discapacitados suelen cobrar pensiones no contributivas (42.000 pesetas mensuales) o lo que se llama la prestación por hijo a cargo (62.000 pesetas). Las deducciones en el IRPF por discapacidad del hijo suelen oscilar entre 25.000 y 75.000 pesetas mensuales, dependiendo de la comunidad.

Según un muestreo elaborado por la Consejería de Servicios Sociales a partir de 2.016 casos, con este sistema el 60% de los discapacitados no pagará nada; el resto, diferentes cuantías, teniendo como máximo la pensión, y el 4%, el equivalente a la pensión.

El conflicto estalló a comienzos de diciembre de 2000 cuando el director general de Servicios Sociales, Tomás Vera, envió una misiva a buena parte de los 10.000 padres de discapacitados psíquicos que utilizan residencias y centros informándoles de que, a partir del 1 de febrero de 2001, se les cobraría el 75% de la renta per cápita familiar por las residencias de sus hijos y el 37,5% por los centros ocupacionales o de día. Los afectados comenzaron a hacer cuentas y estalló el descontento. La Comunidad replicó que aún quedaba por desarrollar la lista de exenciones y deducciones que reduciría las cuantías a pagar en la mayoría de los casos.

La confusión aumentó cuando, en menos de tres semanas, el Consejo de Representantes de Minusválidos (Cermi), que agrupa a las asociaciones madrileñas de discapacitados, mantuvo tres posturas diferentes sobre el nuevo sistema de precios. Primero se opuso a ellos. Una semana después, su presidenta, María Luisa Ramón-Laca, presidenta a su vez de Feaps (miembro del Cermi), se mostró a favor porque, dijo, la consejera les aseguró 'que las familias con menos ingresos no pagarían'. Tras la protesta de las bases de Feaps, el Cermi volvió a su posición inicial, contraria a los precios según la renta familiar.

Para hacer la lista de exenciones y deduciones, Servicios Sociales sondeó a las asociaciones. Ahí la unanimidad del Cermi se rompió del todo. Las federaciones de minusválidos físicos (Famma), de paralíticos cerebrales (Aspace) y de sordos apoyaron el modelo de la consejera. Pero Feaps, que agrupa a las familias más afectadas por los nuevos precios, ya que son los discapacitados psíquicos los que más utilizan las residencias, seguía oponiéndose.

El 30 de enero un millar de discapacitados psíquicos, sus familiares y educadores se manifestaron ante el despacho del presidente regional en contra del sistema de precios diseñado por su Gobierno. El 1 de febrero los nuevos precios entraron en vigor, pero no se aplicaron.