Urbanismo podría verse abocado a expropiar terrenos para poder cumplir el Plan General

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento aprobó ayer por sorpresa suspender cautelarmente el cobro del coeficiente K, un impuesto establecido por el gobierno municipal en 1997 sobre las licencias de construcción que otorga en suelo urbano consolidado (ya construido). Cuando el promotor solicita licencia para edificar un inmueble, el Consistorio le cobra previamente esa tasa, para así financiar dotaciones públicas en el mismo barrio donde se levantará el edificio. Este coeficiente K es igual para todas las parcelas del área y representa en términos porcentuales la contribución de cada parcela a las dotaciones del barrio.

Las cantidades percibidas por ese impuesto -unos mil millones de pesetas al año- se usan para financiar las actuaciones previstas en el Plan General Urbano. La cantidad a abonar por el constructor se determina en función del tamaño del solar, su ubicación y su aprovechamiento.

La decisión del segundo teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Ignacio del Río, de suspender ese impuesto se produce después de dos autos del Tribunal Superior de Justicia que consideran que el cobro del coeficiente K 'carece de cobertura legal'. El gobierno municipal, del PP, se había resistido hasta ahora a admitir esos autos judiciales con carácter general, aceptando exclusivamente la devolución de las cantidades percibidas en los casos que contasen con una resolución judicial favorable (ya ha habido varias).

Del Río justificó la suspensión cautelar del polémico impuesto por razones de 'eficacia administrativa y cautela jurídica'. 'Se pretende evitar que en el futuro, y si las resoluciones judiciales son contrarias al Ayuntamiento, la devolución de lo recaudado por este coeficiente pudiera resultar gravosa para las arcas municipales', afirmó. La Gerencia de Urbanismo ha tramitado desde que se aprobó el coeficiente K hasta enero pasado 658 expedientes. Los recursos presentados en protesta por el cobro de esa tasa pasaron de 13 en 1998 a 59 en 1999. El año pasado esa cifra prácticamente se dobló, presentándose 109 recursos. En lo que va de 2001 Urbanismo ha recibido ya 16 recursos.

'La justicia ha doblegado al PP en el Ayuntamiento, que no puede estar en un permanente pulso con los jueces', señaló Justo Calcerrada, portavoz de IU.El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, recordó que sólo 'algunos de los recursos presentados por particulares contra la aplicación del coeficiente K han sido favorables a los recurrentes, mientras otras sentencias han resultado favorables al Ayuntamiento'. Pero estas últimas han sido todas dictadas por una instancia judicial inferior al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha cuestionado la legalidad de la tasa.

Frente a esos autos del TSJM, los servicios jurídicos municipales han presentado un recurso de queja ante el Tribunal Supremo defendiendo que el coeficiente K 'es una herramienta más de la técnica de equidistribución acuñada por el Plan General, sin que en ningún caso pueda entenderse que es posible su anulación dejando vigente el resto del procedimiento', según Urbanismo. Es decir, la anulación de esa tasa puede implicar que se invaliden también los otros mecanismos establecidos en el Plan General para financiar las actuaciones previstas en él mediante un sistema de reparto de cargas, que permite a la Administración obtener suelo para dotaciones públicas (parques, colegios, residencias...) 'Supondría la caída en cadena de todo el sistema de reparto de cargas previsto', señalan fuentes socialistas.

Licencias en trámite

En espera de la resolución del Tribunal Supremo, la Gerencia de Urbanismo entiende que la suspensión cautelar del coeficiente K 'salvaguarda los posibles derechos de la Administración para el caso de que el Supremo le sea favorable'. Así, las licencias que están actualmente en trámite advertirán que ésta 'se concede sin efectuar la liquidación correspondiente a la contribución de la parcela en el reparto de cargas, sin perjuicio de su posterior liquidación y cobro en su caso'.

Si finalmente el Tribunal Supremo desestima la queja del Ayuntamiento, el gobierno municipal 'sustituirá la obtención de los suelos por el sistema que se hace ahora -área de reparto- por el de obtenerlos por la vía de expropiación, pagando su importe', afirmó ayer Del Río. A juicio del titular de Urbanismo, esas expropiaciones pueden significar una 'cifra gravosa para las arcas municipales', aunque 'no importante'.

El impuesto ahora dejado en suspenso es similar al que en 1985 impulsó el PSOE cuando gobernaba en el Ayuntamiento. Se llamaba entonces reparcelación económica y fue anulado en 1989 por los tribunales tras un recurso presentado por la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM). El actual alcalde, José María Álvarez del Manzano, entonces en la oposición, calificó aquel impuesto de 'extorsión'.

Dadas las repercusiones que la decisión del Supremo puede tener a medio y largo plazo sobre el desarrollo de las medidas previstas en el Plan General, los técnicos de Urbanismo ya están trabajando para 'tener un modelo alternativo cuantificado por ordenador', advierte Del Río.

El grupo PSOE-Progresistas va a pedir que se cree una comisión con participación de la oposición y representantes de la Federación de Municipios de Madrid. 'Hay que buscar un modelo de financiación que sea legal y válido para todos los municipios', afirmó Matilde Fernández, portavoz socialista. Justo Calcerrada, de IU, pidió que el dinero que se ahorren los constructores, si no tienen que hacer frente al reparto de cargas, repercuta en un 'descenso del precio de las viviendas'.

Alquileres

La comisión de Urbanismo aprobó también la adjudicación de cuatro parcelas a dos empresas para que construyan 520 viviendas de alquiler para personas con ingresos de entre 5,5 y 7,6 millones de pesetas anuales. Los pisos revertirán a los 10 años a los constructores, que podrán venderlos a precio de viviendas libres. Los dos grupos de la oposición votaron en contra, ya que la operación puede significar para las dos constructoras, Larcovi y Pryconsa, unas plusvalías de 15.000 millones. Tanto Fernández como Calcerrada reclamaron que la construcción y gestión de los inmuebles la haga la Empresa Municipal de la Vivienda.

Dos de las parcelas, con un valor de 3.587 millones y adjudicadas a Larcovi, están en Moncloa-Aravaca, y en ellas se podrán construir 320 viviendas, mientras que las otras dos, situadas en Vicálvaro y valoradas en 1.405 millones, han sido adjudicadas a Larcovi y a Pryconsa, respectivamente. Los pisos se destinarán a menores de 35 años y mayores de 65, con un importe máximo de la renta anual de los arrendamientos que, según la parcela de que se trate, oscilará entre un 5,5% y un 7% del precio máximo de venta de viviendas de protección oficial.