Las quejas a la Junta Arbitral de Consumo se han disparado en seis años

El año de su creación, 1994, la junta registró 46 peticiones, mientras que en 2000 fueron 541. Las demandas registradas en este periodo suman 2.454. El número de comercios y pequeñas empresas adheridas a este sistema también ha ido aumentando: comenzó con 534 asociados y en la actualidad cuenta ya con 7.800.

La misma progresión ascendente ha seguido la cifra de laudos -figura utilizada para resolver los conflictos y que tiene la misma validez que una sentencia judicial- emitidos por los colegios arbitrales. Empezaron dictando tres resoluciones en 1994, frente a las 308 del pasado año. La cifra global de laudos en estos años se eleva a 1.254, de los que el 56% dio la razón, total o parcialmente, al consumidor.

En opinión del director de Consumo del Ejecutivo autónomo, Rodrigo García, estos datos son el reflejo de que este sistema está 'consolidado' y de que 'ha demostrado su eficacia e imparcialidad'. Según recuerda, se trata de un procedimiento extrajudicial, gratuito, voluntario y rápido. Para que funcione, ambas partes, consumidor y comerciante o empresario, tienen que sumarse a él libremente y comprometerse a cumplir las resoluciones.

En este sentido, de las 2.454 solicitudes de consumidores recibidas por la Junta Arbitral de Consumo entre 1994 y 2000, un 34% fue rechazado, ya que los comercios o empresas objeto de la reclamación no estaban adheridos a este sistema ni aceptaron sumarse a él de forma puntual para resolver la queja.

Según los datos aportados por el director de Consumo, el número de firmas susceptibles de sumarse a este sistema se eleva a 30.000, por lo que la consejería de Consumo continuará su campaña para captar asociados, si bien se centrará en los sectores más 'reacios', que son la banca y el sector financiero, los seguros, las telecomunicaciones y las agencias de viajes.

Colaboración local

Las reclamaciones más comunes entre los consumidores se dirigen al mundo de la construcción y las reparaciones del hogar, el teléfono, las tintorerías, la reparación y compra de vehículos, las agencias de viajes, los muebles, los electrodomésticos y los servicios de asistencia técnica a domicilio. Les siguen las quejas en torno al textil y al calzado, enseñanza, el alquiler y compra de vivienda, los seguros, la venta a domicilio, hostelería, la informática, relojerías y joyerías y los transportes.

En cualquier caso, García se muestra satisfecho con la evolución del sistema, al tiempo que explica que, dados los resultados obtenidos, el Gobierno vasco ha puesto en marcha una nueva etapa que consiste en tratar de acercar el servicio a los ciudadanos mediante la colaboración con las entidades locales que lo deseen.

Así, y como primer paso, el pasado miércoles firmó un convenio con el Ayuntamiento de Irún para absorber este servicio y coordinarlo desde la Junta de Euskadi. Irún, junto con Vitoria, era la única localidad de Euskadi que tenía una Junta Arbitral de Consumo Municipal. Ahora, sólo permanecerá la de la capital alavesa, que, por el momento, no va a firmar el acuerdo con el Gobierno vasco.

Sí lo hará, mañana, miércoles, el Ayuntamiento de San Sebastián, según anuncia García, quien añade que el Ejecutivo autónomo tiene intención de ofrecer la posibilidad de firmar estos acuerdos al resto de municipios vascos. Como criterio general, según señala, se tratará de llegar a acuerdos con las poblaciones de más de 15.000 habitantes, mientras que con el resto se procurará alcanzar convenios mancomunados.

Estos convenios permitirán a los consumidores dirigirse a los ayuntamientos para hacer uso del sistema arbitral, en vez de acudir a las oficinas del Gobierno vasco, que vienen celebrando las audiencias en Vitoria y, puntualmente, en Bilbao y San Sebastián.