Ideas y ocurrencias

No tiene ideas, sólo ocurrencias', decía maliciosamente un gran personaje de la política y el pensamiento de este país, en la época republicana, a propósito de otro ilustre contemporáneo suyo. Dicha afirmación se puede aplicar sin mucha dificultad a algunas aseveraciones que han hecho o hacen dirigentes políticos actuales acerca de nuestra universidad. Así, en un acto de apertura de curso, el anterior vicepresidente del Gobierno, Álvarez Cascos, hablaba hace poco del 'elefantiásico modelo universitario actual', su 'preocupante esclerosis', la 'necesidad de la formación de un carácter de gentes libres' u otras vaguedades similares que, en cierto modo, resumen las inquietudes y el pobre balance de los cuatro primeros años de gobierno conservador en cuanto a la educación superior. Ausencia de ideas, huera brillantez retórica y ocurrencias perecederas que recuerdan bastante aquello que decía el verso machadiano de que desprecian cuanto ignoran. La actualización del marco legislativo es perentoria, pero la ley que ha marcado el quehacer académico superior no se puede cambiar a base de ocurrencias. Son ideas sólidas, surgidas tras un amplio debate, y no simples ocurrencias, las que deben impulsar la acción política universitaria, valorada como urgente.

Se ha perdido un tiempo valioso que nos aleja de las transformaciones emprendidas en otros países de la Unión Europea (Alemania, Holanda o Suecia). Sin embargo, la aparición del Informe Universidad 2000 y otros estudios similares publicados en los últimos meses propician que el debate profundo de las ideas pueda tener lugar el presente curso. Diversas circunstancias aconsejan que no se demore: la transformación interna de la universidad española en los últimos quince años hace que la LRU esté agotada y no responda a las exigencias de la sociedad de nuestro tiempo, la armonización que se reclama de los distintos sistemas universitarios europeos, la veloz incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, etcétera.

Entre las ideas que se abren camino, con suficiente aceptación, se hallan la revisión de la financiación o la conveniencia de un pacto universitario entre las fuerzas políticas mayoritarias en el Estado. Pero son muchas más las que debe incorporar un cambio legislativo que contribuya a que la universidad sea transparente, libre y condicionada a una pública rendición periódica de sus resultados. A continuación se proponen otras dos sobre el alcance de sus actividades y la eficiencia de su organización.

Las actividades docentes y de investigación son cada vez más complejas, con un carácter multidisciplinario creciente; la bondad de un nuevo modelo organizativo dependerá de que favorezca las actividades pluridisciplinarias. A la multidisciplinaridad se opone el sistema actual de adscripción de los profesores a las áreas de conocimiento. Significa una parcelación inapropiada para la visión futura de la actividad académica; es un lastre que afecta negativamente a la movilidad y limita el aprovechamiento de los recursos disponibles. La adscripción rígida de cada profesor a una sola área de conocimiento corresponde a una visión del control anticuada que se ha de suprimir. El contenido de las asignaturas y el perfil de los departamentos son suficientes para valorar las capacidades docentes en los procesos de selección, siempre que haya mecanismos públicos -y rigurosos- de rendición de cuentas. El modelo organizativo de las áreas de conocimiento se ha de eliminar o sustituir por otro que contribuya a los proyectos científicos pluridisciplinarios y estimule la movilidad de los docentes. La posibilidad de que los profesores universitarios puedan trabajar sin que todo esté regulado se halla en la base de cualquier cambio innovador.

Respecto a la eficiencia de la organización de las universidades, tan importante como la revisión del procedimiento de elección de sus dirigentes es la asignación de responsabilidades en los niveles adecuados, que permita resolver las indefiniciones inherentes a la actual estructura matricial. Se ha de distinguir entre el gobierno, la dirección y la gestión de las instituciones. El equipo rectoral ha de ocuparse de implantar un número limitado, pero con intensidad suficiente, de políticas generales centralizadas que permitan impulsar la visión y los ideales de la institución. Por el contrario, la dirección ha de ser descentralizada y participativa, mientras que la gestión se ha de profesionalizar, de manera que facilite el establecimiento eficiente de las metodologías de trabajo. Un adecuado sistema de incentivos y evaluación favorecería que los miembros de la comunidad universitaria asumiesen no sólo competencias, sino responsabilidades.

Francisco Michavila es catedrático y director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.