El Gobierno de Aragón recurrirá ante el Constitucional la Ley de Extranjería

IU había presentado el 28 de diciembre la propuesta en las Cortes aragonesas. La iniciativa fue aprobada ayer con los 36 votos del PSOE, Par, Chunta Aragonesista e IU. Sólo votó en contra el PP. Jesús Lacasa, el único diputado de IU, esgrimió los graves perjuicios que la nueva ley, endurecida a iniciativa del Gobierno central del PP, causa en el colectivo de inmigrantes, 'a los que no se les reconoce derechos fundamentales de las personas', y la colisión de la nueva norma con los planes puestos en marcha por el Gobierno autónomo para favorecer el asentamiento de inmigrantes en una comunidad con 37.000 kilómetros cuadrados y poco más de un millón de habitantes que se desertiza a pasos agigantados. Más de 500 de sus 739 municipios no llegan a los 500 habitantes.

La Ley de Extranjería que entró en vigor el 23 de enero ha provocado contestación no sólo entre los colectivos de inmigrantes, sino entre diferentes asociaciones, ONG y partidos políticos. Sin embargo, éste es el primer paso que se da para intentar modificarla. Y se hace con el apoyo explícito de los socialistas aragoneses, pese a que el PSOE, el primer partido de la oposición al Gobierno de José María Aznar, renunció a promover un recurso de inconstitucionalidad en el Congreso.

Esta circunstancia permitió ayer al diputado del PP Ángel Cristóbal Montes decir que no tenía mucho sentido hablar de cuestiones que ya se han 'discutido en profundidad' en el Congreso y en el Senado. Se preguntó 'que pintamos aquí hablando de un tema tan estrictamente nacional' y por qué los socialistas no habían emprendido esta iniciativa en el propio Congreso de los Diputados. 'Es muy difícil entender que si el PSOE o el Defensor del Pueblo no han tomado la decisión de presentar un recurso, las Cortes de Aragón vayan a Madrid para presentarlo como si fueran la madre de todos los Parlamentos', concluyó.

El pasado mes de abril se aprobó en Aragón un acuerdo económico y social con apartados específicos para inmigrantes que deben ayudar a repoblar la comunidad. A juicio de los promotores del recurso, la Ley de Extranjería, además de vulnerar derechos fundamentales, va contra los planes del Ejecutivo autónomo. Los artículos de la Constitución que se recurren son los que regulan el derecho de reunión, asociación, educación y sindicación, entre otros.

El Estatuto de Autonomía otorga al Parlamento la posibilidad de recurrir. También el Ejecutivo tiene facultad para interponer el recurso, pero IU ha preferido plantearlo a través de la Cámara para que haya un mayor apoyo político.