Columna
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Integración es igual a ciudadanía

Como en los viejos tiempos, los más desesperados, los excluidos de la sociedad, se refugian en las iglesias para plantear sus reivindicaciones políticas. También como en los viejos tiempos, mosén Vidal los acoge ahora en la iglesia del Pi en Ciutat Vella, como antes lo había hecho en su parroquia de la Bordeta con Comisiones Obreras y con la Assemblea de Catalunya. Más allá de los habituales errores tácticos de ciertas vanguardias extremistas, todo ello nos debería hacer pensar.

A su vez, han tenido lugar estos últimos días las reuniones de Davos y de Porto Alegre para tratar, desde ángulos contrapuestos, de la llamada globalización. No coincido con las posiciones mayoritarias de Davos ni con las de Porto Alegre. Davos parte del supuesto de que el simple crecimiento económico cuantitativo comporta ya el desarrollo humano: es el viejo ideal tecnocrático del fin de las ideologías -hoy pensamiento único- que ya predicaban hace 40 años López Rodó y Fernández de la Mora siguiendo ciertas tendencias norteamericanas de aquella época.

Por su parte, los de Porto Alegre, con los que me siento unido afectivamente, creo que se equivocan en la diana de sus ataques. La globalización, en sí misma, no es un mal. Esta palabreja se ha puesto de moda hace poco, pero el desarrollo de su contenido comenzó hace siglos; si no antes, por lo menos cuando Colón llegó a América. Primero se le llamó colonialismo, después imperialismo, ahora globalización. Hay diferencias entre ellos, sin duda, pero no son más que las fases de una misma tendencia. Marx no se opuso a la industrialización, no propugnó la destrucción de las fábricas. Por el contrario, en el Manifiesto comunista realizó un gran elogio del capitalismo visto desde una perspectiva histórica, analizó sus contradicciones y tendencias, y se propuso superarlo. La globalización debe ser tratada de una forma semejante: en sí misma, no sólo es inevitable, sino positiva para el desarrollo general de la humanidad. Lo que se debe reorientar son sus efectos perversos, hoy más que evidentes.

Tomemos Barcelona como punto de referencia. Hace 100 años, los recién llegados en busca de trabajo se instalaban en la periferia: Sants, Hostafranchs, Poble Sec, Poblenou, Sant Andreu. Provenían del campo catalán, aragonés o levantino. Hace 50 años, fueron ocupando los entonces pequeños municipios del Baix Llobregat, del Vallès y de parte del Maresme. Provenían del centro y del sur de España. Hoy los que pretenden emprender una vida nueva y mejor en Cataluña vienen de más lejos, de la otra ribera del Mediterráneo y del Atlántico; escapan de la pobreza que genera la economía de mercado de sus respectivos países, subordinada a los países ricos, que son los grandes beneficiarios del proceso de globalización.

Ello debe subrayarse porque algunos han creído que el mercado por sí mismo ya produce riqueza. Comprobar que eso es falso resulta muy simple. Ciertamente, los países que han planteado alternativas al mercado -la planificación socialista de matriz soviética- hasta ahora han fracasado o, por lo menos, no tuvieron capacidad suficiente para competir en crecimiento económico con los países capitalistas desarrollados. Pero también ha fracasado la economía de mercado a nivel global. Abandonemos, por tanto, el fácil triunfalismo liberal de principios de la década de 1990, muy perceptible todavía en Davos, y contemplemos objetivamente el mundo globalizado: creciente distanciamiento entre países ricos y pobres, mayores diferencias dentro de cada uno de ellos, tres cuartas partes de la humanidad por debajo del nivel de pobreza.

Éste es el contexto en el que debe analizarse la inmigración en Cataluña. ¿Cómo no van a tener derecho a emigrar aquellos a los que, por un lado, nuestra economía globalizada expulsa de sus países de nacimiento y que, por otro, son necesarios como fuerza de trabajo en los países ricos cuya curva demográfica es descendente? Y si tienen derecho por todas esas razones, ¿cómo negarles, como seres humanos que son, los mismos derechos que nos reconocemos a nosotros mismos? Pero hoy, para tener derechos plenos, previamente uno debe ser considerado ciudadano.

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La ciudadanía no consiste simplemente en poder disfrutar de los derechos individuales, sino también de los políticos y sociales. Ser ciudadano implica, por tanto, necesariamente el derecho a votar en todas las elecciones. A los inmigrantes con un mínimo arraigo probado hay que concederles la nacionalidad española y, por tanto, también la ciudadanía europea. No se trata, como paternalmente piden algunos, de integrarlos exigiéndoles su adaptación a nuestras costumbres, a nuestra forma de vida, a nuestra cultura o, en el límite, a nuestra religión. Integrar al inmigrante quiere decir, simplemente, convertirlo en ciudadano, tratarlo como un ser libre, hacerlo copartícipe de la voluntad popular que legitima nuestras leyes. Rousseau decía que 'la libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha prescrito'. Si queremos, pues, tener como conciudadanos a hombres libres, debemos ofrecerles la oportunidad de que sean plenamente corresponsables de las actuaciones de las autoridades, a las que deben reconocer como tales por haber tenido ocasión, directa o indirectamente, de elegirlas.

Legalizar a los inmigrantes es un paso previo, pero insuficiente. Lo único aceptable en democracia es convertirlos en ciudadanos, sin que se les requieran otros derechos y deberes que los que se exigen a los nacionales de origen. Ésa, y no otra, es la única forma de integrarlos.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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