La competencia de Babcock alega a la UE que la privatización supone conceder ayudas de Estado

La privatización de B&W ha sido un proceso cargado de sorpresas. El sector español de bienes de equipo está formado por tres empresas: la propia B&W; Mecapeña, en suspensión de pagos desde hace año y medio, y Duro Felguera, la única con cuentas saneadas. Las dos firmas con capital privado siempre han apostado por una privatización que facilite una reordenación del sector e incluso una integración de los tres productores, que nunca ha llegado.

En el momento de presentar el acuerdo de privatización (febrero de 2000) a la aprobación de la UE las empresas ya expresaron su malestar. En un primer informe de la Comisión Europea, que fue publicado el 7 de julio de 2000 en el Boletín Oficial de las Comunidades, se incluía la privatización en el expediente general de ayudas de estado que la misma tiene abierto a Babcock.

A este primer análisis de la Comisión Europea le siguieron las alegaciones de las partes. Además de la presentada por la SEPI, que negaba estos fundamentos, Duro Felguera presentó sus propias alegaciones con carácter confidencial. La semana pasada, el Consejo de Administración de la firma asturiana decidió que sus alegaciones dejaran de ser confidenciales. Al rechazo al proceso abierto contra la venta a la empresa alemana se ha sumado desde el principo Mecapeña.

La firma vizcaína fiaba a la privatización su propio futuro y considera que las ayudas del sector público a B&W la han mantenido viva y han vulnerado la competencia, y así, su propia situación. Mecapeña, cuyos máximos directivos se han entrevistado con responsables de la SEPI, preparan un informe para esta sociedad pública en que van a expresar cómo se debería haber reordenado el sector. Al mismo tiempo estudia, aunque fuera de plazo, comunicar a Bruselas sus desavenencias con el proceso de privatización. Ayer la SEPI aseguró que no hablará sobre la privatización hasta que ésta obtenga el visto bueno de Bruselas.

En medio de esta polémica sobre la que la Comisión está retrasando su pronunciamiento en un sentido u otro, los trabajadores de B&W preparan ya de la mano de Babcock Borsig las prejubilaciones y el desarrollo de los acuerdos de la privatización.

B&W cuenta con un expediente abierto en Bruselas desde el año 1998 por las ampliaciuones de capital realizadas en 1994 y 1997 por valor de 20.000 millones de pesetas. Posteriormente, se incluyó otra ampliación de capital de otros 41.000 millones realizada en el año 1999. Las perdidas de la sociedad en el periodo 1990-1999 ascendieron a un total de 98.107 millones de pesetas.

El acuerdo de privatización establece la creación de una nueva sociedad a la que se transfieren activos de B&W y 650 trabajadores de los más de 1.000 de plantilla. La firma alemana se compromete a pagar a la nueva empresa 7.487,37 millones de pesetas, a no repartir dividendo en cuatro años y en cinco a hacer aportaciones de tecnología gratuitas. La SEPI aportará 87.602,23 millones de pesetas entre pagos y coberturas.