Funcionarios de prisiones de Euskadi se refugian en las viviendas de los recintos carcelarios
'La gota que colma el vaso'. Eso fue para muchos de quienes ejercen su trabajo en las cárceles vascas el asesinato de su compañero Máximo Casado, el 22 de octubre del año pasado en Vitoria. Un buen número de ellos, en la medida que las instalaciones lo permiten, se ha replegado a las viviendas que las prisiones ofrecen a sus trabajadores; y el último concurso de traslados, que se dirimirá en marzo, registra una cantidad de demandas sensiblemente superior a lo que habría sido habitual en otras convocatorias. En Nanclares de Oca (Álava), en donde trabajan 250 funcionarios, así lo reconoce el director del centro, Jesús Moreno, quien resalta el hecho de que entre los funcionarios que han solicitado el cambio de destino haya personas con muchos años de permanencia en los centros penitenciarios de la comunidad, naturales del País Vasco unos o arraigados allí desde hace muchos años otros. 'No es sólo un asunto cuantitativo, sino también cualitativo', afirma Moreno, sin dar cifras de las peticiones habidas en su prisión.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias eludió también facilitar las cifras concretas de solicitudes presentadas al último concurso de traslados, solicitadas por este periódico. Según fuentes de esa dirección, las cifras no hablan por sí mismas, ya que hay prisiones en España con mucha más movilidad de personal que las vascas y, al mismo tiempo, puede haber en el País Vasco quien esté deseando marcharse y ni se moleste en pedir el traslado por no tener la puntuación necesaria o por otros motivos.
Influjo del atentado
Las peticiones para ese traslado se realizaron en noviembre, es decir pocas semanas después y bajo el influjo directo del atentado de ETA que sacudió al colectivo de funcionarios de prisiones en las tres prisiones del País Vasco. Por el hecho en sí, pero también por la personalidad de Casado, por sus años de arraigo en Vitoria (16 años) y por su condición de sindicalista de CCOO.
A sus compañeros más directos todavía les cuesta mantener el rostro imperturbable ante la mención de su nombre. Como en el caso de Pepe Mulia, líder de CCOO, quien, sin embargo, no cree que aquel hecho haya determinado la existencia de más peticiones de traslados a otras prisiones: 'La gente, pese a todo, sigue primando otros aspectos, como los condicionantes familiares. Y si no salen plazas cercanas, por ejemplo en Castilla y León, tampoco se va a Canarias sólo por el hecho de marcharse de aquí', asegura este funcionario de la prisión alavesa de Nanclares de Oca. Tanto él como el propio director de esta prisión coinciden en reconocer que los pabellones de viviendas que los centros penitenciarios vascos tienen en sus recintos, están a rebosar y ocupados incluso por encima de su capacidad teórica, después de haberse vaciado prácticamente durante la tregua de ETA. Funcionarios que vivían en localidades próximas o con buen acceso a sus lugares de trabajo en Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa) o Nanclares de Oca (Álava) han optado, tras el asesinato de Máximo Casado, por dejar sus viviendas y 'recogerse' en esas residencias en aras a incrementar su seguridad. Se trata sobre todo de trabajadores solteros, o con sus familias fuera del País Vasco, que deciden acogerse a la posibilidad de acumulación de turnos ofrecida entre las medidas de seguridad recomendadas por Instituciones Penitenciarias. Las direcciones de los centros introdujeron ya antes del asesinato de Casado la flexibilidad de horarios entre esas medidas. Ello permite a los funcionarios variar sus entradas y salidas, lo mismo que acumular turnos y, por tanto, días libres. Quienes optan por estas fórmulas doblan su jornada de trabajo cotidiana durante varios días, en los que prácticamente viven en la prisión, y disfrutan después, también sin interrupción, de varias jornadas libres, que normalmente pasan fuera del País Vasco. De esta manera, mientras permanecen en prisión están más seguros, y cuando disfrutan de sus permisos optan por salir de la comunidad autónoma, rebajando así los riesgos y haciendo más difícil el trabajo a los comandos de información de ETA.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Intentos fuga
- Cárcel Nanclares Oca
- Violencia carcelaria
- Jon Igor Solana Matarrán
- Fuga presos
- Funcionarios
- Presos ETA
- Tortura
- Función pública
- Álava
- Presos terroristas
- Seguridad penitenciaria
- País Vasco
- Prisiones
- Integridad personal
- Política antiterrorista
- Lucha antiterrorista
- Centros penitenciarios
- ETA
- Administración autonómica
- Régimen penitenciario
- Grupos terroristas
- Terrorismo
- Delitos
- Administración pública