El Gobierno da a los ecuatorianos un plazo de 24 días para acogerse al retorno voluntario

La nota, fechada el pasado día 2, indica que los ecuatorianos deberán presentar la solicitud de retorno voluntario en la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia en la que residan hasta el 28 de febrero; por lo que disponen de 24 días en total, contando fines de semana.

La circular asegura que quienes se acojan a esta oferta tendrán garantizado un puesto de trabajo 'en el menor tiempo posible' en España, 'después de que la Embajada en Quito tramite de forma preferente los visados de residencia y trabajo'. Además, señala que, 'previo estudio de cada caso, se facilitará la ayuda necesaria para el viaje de regreso a Ecuador'.

El comunicado recuerda que la 'oferta' es fruto de las reuniones mantenidas el 25 de enero en Quito por una comisión presidida por el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, y las autoridades ecuatorianas para cerrar la negociación del convenio firmado el pasado miércoles por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el responsable de Exteriores de Ecuador, Heinz Möller.

La nota que manejan las delegaciones del Gobierno no precisa qué pasara con los ecuatorianos que residen en España sin permiso y no se acojan al retorno voluntario. Con la nueva Ley Extranjería, impulsada por el PP, podrían ser expulsados del país en un plazo de 72 horas.

Desbandada en Lorca

El portavoz de la asociación hispanoecuatoriana Rumiñahui, Ángel Mera, declaró el pasado viernes que durante el mes de enero, después de que el Gobierno anunciara su interés en que los ecuatorianos irregulares regresaran a su país para regularizar allí su situación antes de volver a España, han abandonado la localidad murciana de Lorca unos 1.600 inmigrantes sin papeles. Entre el 5% y el 10%, es decir entre 80 y 160, volvieron a su país de forma voluntaria. Los demás han optado por desplazarse a localidades vecinas.

Según Mera, el convenio bilateral firmado entre España y Ecuador sobre regulación de los flujos migratorios agrava aún más la situación en que viven muchos ecuatorianos en España: 'Nos obliga a marcharnos', señala el portavoz de la asociación Rumiñahui.

Los representantes de las asociaciones de inmigrantes ecuatorianos en varias provincias coinciden en señalar que la mayoría de los afectados por la llamada de retorno voluntario del Ejecutivo español no desea volver a Ecuador. 'La mayoría de nosotros', dicen, 'tiene contraída una fuerte deuda con los usureros y los bancos de Ecuador y teme que si vuelven allí caigan sobre ellos'.