El poder y la justicia

Menos de un año después de alcanzar la mayoría absoluta, ya se han manifestado en el PP casi todos los malos usos que llevaron al PSOE a perderla. El desprecio por el acuerdo con otras fuerzas ha conducido a una modificación de la anterior y consensuada Ley de Extranjería, que está provocando muchos más problemas que de haberla mantenido. El culto al líder, la irritación ante las críticas, la resistencia a dar explicaciones, la contraposición entre opinión pública y publicada son otros rasgos asociados a la euforia de la mayoría que se repiten. Faltaba para completar el cuadro una ofensiva contra el Poder Judicial, acusado de invadir terrenos del Ejecutivo. Pero ya está aquí.

Tras una legislatura completamente ayuna de política judicial, el Gobierno inició la actual con la propuesta de un ambicioso pacto de Estado para la reforma de la justicia. Se trataba, según el programa electoral, de responder a la necesidad de que el Poder Judicial 'recupere su prestigio' y sea garantía de 'una justicia independiente, rápida y eficaz, servida por jueces y magistrados profesionales, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley'. De esa propuesta nada ha vuelto a saberse, pero estos días Aznar y el ministro Acebes han anunciado una reforma en profundidad, cuya urgencia vendría justificada por 'lo que está ocurriendo'. Es decir, por las recientes resoluciones judiciales en las que los tribunales han enmendado la plana al Gobierno: el indulto del juez Gómez de Liaño y la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la congelación salarial de los funcionarios.

No es que el Gobierno rechace que los tribunales tengan algo que decir al respecto, sino que digan algo distinto de lo que quiere que digan. Por ello, existe la fundada sospecha de que más que un pacto sobre los problemas de la justicia lo que hay es el intento unilateral de resolver desde la mayoría parlamentaria los problemas del Gobierno con los jueces.

Es lo que se desprende tanto de las declaraciones de algunos gobernantes como de las invitaciones de medios próximos a utilizar la mayoría absoluta para disciplinar a los tribunales, empeñados en actuar por su cuenta, irresponsablemente, sin medir los efectos de sus resoluciones, etcétera. Así, el objetivo de la reforma no sería tanto resolver los problemas de los ciudadanos que recurren a la justicia como 'que se respeten los poderes de este Gobierno y de los que vengan', en palabras de Aznar. Un mensaje que, de entrada, contrasta vivamente con la actitud del PP en la oposición, cuando apoyaba cualquier iniciativa judicial que pudiera debilitar al Gobierno. Aún más significativo es el llamamiento de sus mayordomos en ciertos medios de comunicación, que instan al Ejecutivo a utilizar su mayoría para modificar las reglas del juego.

Se están confundiendo, por tanto, los problemas de credibilidad y eficacia de la justicia, que es lo que preocupa a los ciudadanos, con las querellas del Ejecutivo con el Poder Judicial. Es cierto que existe un problema de pérdida de credibilidad de la justicia relacionado con su politización, pero no se entiende cómo puede contribuir a devolvérsela el empeño del Gobierno en indultar a un juez condenado por prevaricación y precisamente en relación a un intento, impulsado desde el Gobierno, de neutralizar a un grupo de comunicación crítico, y es bastante incoherente querer limitar el poder corporativo de los jueces sustituyendo el actual sistema parlamentario de nombramiento de los vocales del Consejo del Poder Judicial por un sistema de elección corporativa por los propios jueces.

Los problemas más acuciantes de la justicia tienen que ver con su escasa calidad: con la inadecuación de la formación de los jueces para los conflictos que tienen que resolver y con las cuestiones de procedimiento y falta de medios que la hacen desesperadamente lenta. El Gobierno parece haber relegado a segundo plano estos problemas, los que más preocupan a los ciudadanos y los que justifican la reforma. Las reglas del juego y la división de poderes están perfectamente delimitadas y garantizadas en la Constitución y en las leyes orgánicas de desarrollo constitucional. Y los conflictos que puedan surgir entre los distintos poderes tienen cauces donde dirimirse que nadie ha cuestionado en los más de cuatro lustros de democracia.

Si el Gobierno quiere resolver los problemas de la justicia, que empiece por tener una política judicial seria -nadie le discute sus competencias en ese ámbito- y por poner en marcha el olvidado pacto de Estado propuesto a las fuerzas políticas. Como no se resuelven esos problemas es deslegitimando a los tribunales porque no gustan sus resoluciones o pretendiendo buscarles las vueltas con reformas legales a la carta.