Alarma en Colombia por el crecimiento de los paramilitares ante la pasividad del Ejército

En octubre del año pasado, los habitantes de tres aldeas del mismo municipio enviaban una carta al presidente Pastrana: 'Queremos sentar nuestra voz de alerta ante usted y demás organismos de seguridad del Estado para que se haga algo que evite una masacre en esta zona'.

Siete de los firmantes que confesaron por escrito 'somos personas apegadas a la Constitución, a la ley, a la familia, al amor de la tierra que sembramos', quedaron ahí, tirados, hechos pedazos a machete, junto a los demás sacrificados, en la polvorienta plaza central que sirvió de escenario a la barbarie. Aún no se sabe en el escritorio de qué funcionario permanece olvidada la carta de alarma. Esta historia es apenas una más de una cadena de más de 30 matanzas paramilitares en el primer mes de este año. Los muertos pasan de los 160.

De no romperse los nexos entre paramilitares y militares, el Plan Colombia costeará bandas criminales

Los paras han crecido en los últimos dos años a un ritmo cinco veces mayor que la guerrilla, revela un reciente informe del Ministerio de Defensa. Hoy estos hombres y mujeres que lucen prendas militares y un brazalete donde se lee AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en letras gigantes, que aterrorizan con su presencia, suman 8.000 según el informe oficial. Según Carlos Castaño, máximo dirigente de los paramilitares, este ejército irregular tiene ya 11.000 hombres.

Se sienten orgullosos de su labor contrainsurgente. 'Una tarea que le quedó grande al Ejército', le dijo a este periódico un comandante paramilitar a finales del año pasado, en la Hormiga, provincia de Putumayo, el epicentro de la ejecución del Plan Colombia y su ayuda militar donada por Estados Unidos. Lo dijo en una larga entrevista, un caluroso mediodía, en un restaurante céntrico, mientras en las cuatro esquinas rondaban los soldados regulares.

Un profesional de esta misma provincia argumentó con desfachatez : 'El Ejército está maniatado por el cuento de los derechos humanos'. Y ante el asombro de quien lo escuchaba agregó en tono confidencial: 'Una persona en la que confío me asegura que sólo mata a los que son'. Pero todos saben que los 160 muertos de este año, los casi mil del año pasado, son hombres y mujeres desarmados, a los que asesinan a mansalva.

El informe oficial dice que han crecido al ritmo que aumentan sus ingresos por cuenta del narcotráfico, ya que desde siempre han estado ligados estos dos fenómenos. Hay otras razones. El año pasado, el analista Alfredo Rangel se refirió a estos grupos como 'una realidad militar y política inocultable', y pronosticaba que sus 'crecientes nexos con el establecimiento' les garantizaba 'su crecimiento futuro'.

Un reciente editorial del diario El Tiempo -el más influyente del país- lo confirma: 'Hay quienes desde las altas esferas políticas o empresariales apuestan a la fórmula salvadora de Castaño'. Y advierte: 'El remedio puede ser peor que la enfermedad'. 'Hemos sido demasiado complacientes con los paramilitares. El Estado, los militares, los medios y la sociedad', escribió Francisco Santos también en El Tiempo.

Para muchos, las AUC han crecido aprovechando la tolerancia abonada por las 'atrocidades de la guerrilla'. Los secuestros, los atentados contra la infraestructura económica son la excusa para quienes los apoyan, de frente o en voz baja.

Mary Robinson, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, visitó el país a finales del año pasado y se fue preocupada; preocupada porque constató la tendencia de los colombianos a apoyar a estos grupos: 'Espero que no caigan en esa trampa. Los paramilitares no son sus amigos, ellos no apoyan a la población civil porque están violando la ley y debilitando la legitimidad del Gobierno', dijo.

'Hay toda una estrategia de opinión pública para mostrar que la reacción paramilitar, por los excesos de la guerrilla, es una acción política que tiene el respaldo de muchos sectores. Crearon un monstruo que se va a salir de sus vestiduras', dice Jorge Rojas, de la ONG Paz Colombia.

La visita de la alta comisionada se dio a comienzos de diciembre pasado, cuando estaba aún viva la imagen dolorosa de otra matanza paramilitar: la de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en la región Caribe. Setenta paras cubiertos por la noche entraron a los pueblos lacustres y asesinaron de una vez a 45 -las cifras extraoficiales hablan de 60- hombres del agua, como se definen estos humildes pescadores de la ciénaga. 'La guerrilla deambula por acá y luego esos malditos [los paras] creen que uno está con ellos. Todos los armados son contrincantes de nosotros, los del pueblo', le dijo a este periódico un pescador días después de la matanza.

A Mary Robinson le sorprendió que ni el presidente ni ninguno de sus ministros hubiera estado en el entierro de estos hombres. Y le tiró de las orejas al Gobierno: 'Tengo la impresión de que el Gobierno, pese al compromiso verbal muy firme de combatirlos, en la práctica no ha contrarrestado la acción de estos grupos'.

El Gobierno no desconoce la gravedad del problema: 'Está afectando de lleno a la sociedad y a todas las políticas del Gobierno: la de derechos humanos, la de búsqueda de la paz y la de la búsqueda de convivencia y seguridad ciudadana', reconoció hace poco a la revista Cambio Gonzalo de Francisco, consejero presidencial.

Pero también cree que es el Gobierno el que más ha hecho para frenar las matanzas de estas bandas de matones. Dan cifras: las detenciones pasaron de 100 en 1997 a 300 en 1998. De enero a noviembre del año pasado se dieron 145 acciones en su contra. Este año detuvieron a Niche, mano derecha de Castaño, en la costa Caribe, y en un intento de rescate con helicóptero incluido se presentó el primer enfrentamiento de la policía y los hombres de la AUC. En la lista de logros figura también el retiro, el año pasado, de más de 300 militares, 38 de ellos oficiales. Algunos de ellos, lo registró la televisión, se enrolaron de inmediato en las filas paramilitares.

Este año, a medida que aumentan las matanzas, ha aumentado el anuncio de nuevas medidas: una brigada para judicializar a quienes financien a estos grupos de extrema derecha, comandos especiales, se activó el Centro de Coordinación para esta lucha creado hace un año. Para la Comisión Colombiana de Juristas, una de las ONG más respetadas en el país, esta última es una medida mal concebida. 'Las operaciones las hacen las unidades militares locales, unidades que, supuesta o realmente, tienen nexos con estos ejércitos irregulares'.

Esta organización, que funciona en pleno centro de Bogotá, en oficinas blindadas, se remite a los antecedentes de estos grupos: nacieron como autodefensas en l965, cuando se autorizó a la fuerza pública para armar a los civiles y hacer frente a la guerrilla; en 1989 fueron ilegalizados, pero siguieron creciendo en medio de denuncias de nexos con narcotraficantes y militares.

Un reciente editorial de The New York Times planteaba un temor: de no romperse los nexos entre paramilitares y fuerzas militares, los dineros del Plan Colombia terminarán financiando a las bandas criminales. La embajadora norteamericana ya lo advirtió: puede peligrar el Plan si no se frenan las acciones de las AUC. Y anunciaron que retirarán el visado a quienes los apoyen.

El comandante de las fuerzas militares, general Fernando Tapias, se defiende: 'Son algunos miembros los que han asumido una actitud delictiva, no la institución', repitió en una reciente entrevista, y se remitió a una encuesta que revela que hay más militares que civiles que piden 'combatir sin tregua el fenómeno paramilitar'.

El horror de Barranca

Hace un tiempo, Castaño anunció que esperaba tomarse un café en los barrios norte y sur orientales de Barranca Bermeja, que han crecido en los últimos años con los desplazados que ha dejado la violencia de más de 30 años en la región del Magdalena Medio.

Este puerto petrolero, ligado a la historia del ELN (Ejército de Liberación Nacional), con fuerte presencia insurgente y, de acuerdo a su tamaño, una de las ciudades más militarizadas de América Latina, se ha convertido para Castaño en la china de su zapato para completar su proyecto de expulsar a la guerrilla de la zona. Tres días antes de Año Nuevo las AUC anunciaron 'la guerra frontal'. De seguir la tendencia de la cadena de muertes, superaría la cifra de asesinatos selectivos del año pasado, que fue de 482.

La Comisión Colombiana de Juristas no ha parado de hacer denuncias ante el Ministerio de Defensa: una tanqueta de la policía que rescató a un grupo de paras; otra que recorrió los barrios de desplazados seguida por un grupo que repartía comunicados de las AUC. El Gobierno envió fuerzas especiales, pero las denuncias no paran: 'Se tomaron casas, dimos direcciones y ahí están' .

A muchos habitantes les han dado el plazo de 24 horas para abandonar sus viviendas. 'Dejo aquí lo que me costó 15 años levantar', dijo una mujer anegada en lágrimas mientras echaba candado a su humilde portón. El pasado sábado, por la mañana, hombres de la AUC llegaron a un comedor popular de una organización femenina de las barriadas nororientales. De manera amenazante, les anunciaron que debían desalojar antes de las seis de la tarde, pues necesitaban el local como centro de operaciones. Las ONG nacionales e internacionales reaccionaron en bloque, se logró que la policía fuera al lugar y detuviera a uno de los hombres. Las mujeres siguen allí, resistiendo, al frente de su labor comunitaria

¿Qué hacer? '¿Quién para a los paras ?', tituló la revista Cambio en una nota que termina pidiendo entrar en razón a los que 'se han dejado seducir por Castaño'.

Para el general Fernando Tapias, uno de los factores que más ha fortalecido el fenómeno es el secuestro, 3.000 el año pasado, la mayoría por cuenta de la guerrilla. Por esto, dice, si se acabara este delito sería como darle 'partida de defunción' a estos grupos.

La Comisión Colombiana de Juristas condena de manera enfática el secuestro . 'Es de los peores atentados contra la dignidad humana', pero piensan que no justifica la acción paramilitar .

Ana Teresa Bernal de Redepaz cree que se está haciendo tarde para hacer algo: 'Los resultados se deben medir en términos de protección a la población civil'. Daniel García Peña, ex comisionado de paz del pasado Gobierno, es partidario de una decisión de alto nivel; lo primero, dice, deslindar claramente las fuerzas institucionales de las paramilitares. 'Desafortunadamente, en Colombia se mantiene la idea de que el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo' .

El defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, reconoce que el Estado, desbordado con tantos problemas, debe hacer más, frente a este fenómeno, entre otras cosas, fortalecer la justicia, pues la impunidad 'ha reducido el precio de la vida en Colombia' .

Para algunos, los paramilitares son ya el 'ejército del establecimiento'; para otros hay detrás de ellos un sólido proyecto político de corte fascista. Lo real es que hay que terminar con esta 'cacería de humanos', como lo calificó una campesina doblada por el dolor mientras contemplaba lo cuerpos de su hijo y de su hermano, asesinados sin piedad por los paramilitares.En octubre del año pasado, los habitantes de tres aldeas del mismo municipio enviaban una carta al presidente Pastrana: 'Queremos sentar nuestra voz de alerta ante usted y demás organismos de seguridad del Estado para que se haga algo que evite una masacre en esta zona'.

Siete de los firmantes que confesaron por escrito 'somos personas apegadas a la Constitución, a la ley, a la familia, al amor de la tierra que sembramos', quedaron ahí, tirados, hechos pedazos a machete, junto a los demás sacrificados, en la polvorienta plaza central que sirvió de escenario a la barbarie. Aún no se sabe en el escritorio de qué funcionario permanece olvidada la carta de alarma. Esta historia es apenas una más de una cadena de más de 30 matanzas paramilitares en el primer mes de este año. Los muertos pasan de los 160.

Los paras han crecido en los últimos dos años a un ritmo cinco veces mayor que la guerrilla, revela un reciente informe del Ministerio de Defensa. Hoy estos hombres y mujeres que lucen prendas militares y un brazalete donde se lee AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en letras gigantes, que aterrorizan con su presencia, suman 8.000 según el informe oficial. Según Carlos Castaño, máximo dirigente de los paramilitares, este ejército irregular tiene ya 11.000 hombres.

Se sienten orgullosos de su labor contrainsurgente. 'Una tarea que le quedó grande al Ejército', le dijo a este periódico un comandante paramilitar a finales del año pasado, en la Hormiga, provincia de Putumayo, el epicentro de la ejecución del Plan Colombia y su ayuda militar donada por Estados Unidos. Lo dijo en una larga entrevista, un caluroso mediodía, en un restaurante céntrico, mientras en las cuatro esquinas rondaban los soldados regulares.

Un profesional de esta misma provincia argumentó con desfachatez : 'El Ejército está maniatado por el cuento de los derechos humanos'. Y ante el asombro de quien lo escuchaba agregó en tono confidencial: 'Una persona en la que confío me asegura que sólo mata a los que son'. Pero todos saben que los 160 muertos de este año, los casi mil del año pasado, son hombres y mujeres desarmados, a los que asesinan a mansalva.

El informe oficial dice que han crecido al ritmo que aumentan sus ingresos por cuenta del narcotráfico, ya que desde siempre han estado ligados estos dos fenómenos. Hay otras razones. El año pasado, el analista Alfredo Rangel se refirió a estos grupos como 'una realidad militar y política inocultable', y pronosticaba que sus 'crecientes nexos con el establecimiento' les garantizaba 'su crecimiento futuro'.

Un reciente editorial del diario El Tiempo -el más influyente del país- lo confirma: 'Hay quienes desde las altas esferas políticas o empresariales apuestan a la fórmula salvadora de Castaño'. Y advierte: 'El remedio puede ser peor que la enfermedad'. 'Hemos sido demasiado complacientes con los paramilitares. El Estado, los militares, los medios y la sociedad', escribió Francisco Santos también en El Tiempo.

Para muchos, las AUC han crecido aprovechando la tolerancia abonada por las 'atrocidades de la guerrilla'. Los secuestros, los atentados contra la infraestructura económica son la excusa para quienes los apoyan, de frente o en voz baja.

Mary Robinson, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, visitó el país a finales del año pasado y se fue preocupada; preocupada porque constató la tendencia de los colombianos a apoyar a estos grupos: 'Espero que no caigan en esa trampa. Los paramilitares no son sus amigos, ellos no apoyan a la población civil porque están violando la ley y debilitando la legitimidad del Gobierno', dijo.

'Hay toda una estrategia de opinión pública para mostrar que la reacción paramilitar, por los excesos de la guerrilla, es una acción política que tiene el respaldo de muchos sectores. Crearon un monstruo que se va a salir de sus vestiduras', dice Jorge Rojas, de la ONG Paz Colombia.

La visita de la alta comisionada se dio a comienzos de diciembre pasado, cuando estaba aún viva la imagen dolorosa de otra matanza paramilitar: la de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en la región Caribe. Setenta paras cubiertos por la noche entraron a los pueblos lacustres y asesinaron de una vez a 45 -las cifras extraoficiales hablan de 60- hombres del agua, como se definen estos humildes pescadores de la ciénaga. 'La guerrilla deambula por acá y luego esos malditos [los paras] creen que uno está con ellos. Todos los armados son contrincantes de nosotros, los del pueblo', le dijo a este periódico un pescador días después de la matanza.

A Mary Robinson le sorprendió que ni el presidente ni ninguno de sus ministros hubiera estado en el entierro de estos hombres. Y le tiró de las orejas al Gobierno: 'Tengo la impresión de que el Gobierno, pese al compromiso verbal muy firme de combatirlos, en la práctica no ha contrarrestado la acción de estos grupos'.

El Gobierno no desconoce la gravedad del problema: 'Está afectando de lleno a la sociedad y a todas las políticas del Gobierno: la de derechos humanos, la de búsqueda de la paz y la de la búsqueda de convivencia y seguridad ciudadana', reconoció hace poco a la revista Cambio Gonzalo de Francisco, consejero presidencial.

Pero también cree que es el Gobierno el que más ha hecho para frenar las matanzas de estas bandas de matones. Dan cifras: las detenciones pasaron de 100 en 1997 a 300 en 1998. De enero a noviembre del año pasado se dieron 145 acciones en su contra. Este año detuvieron a Niche, mano derecha de Castaño, en la costa Caribe, y en un intento de rescate con helicóptero incluido se presentó el primer enfrentamiento de la policía y los hombres de la AUC. En la lista de logros figura también el retiro, el año pasado, de más de 300 militares, 38 de ellos oficiales. Algunos de ellos, lo registró la televisión, se enrolaron de inmediato en las filas paramilitares.

Este año, a medida que aumentan las matanzas, ha aumentado el anuncio de nuevas medidas: una brigada para judicializar a quienes financien a estos grupos de extrema derecha, comandos especiales, se activó el Centro de Coordinación para esta lucha creado hace un año. Para la Comisión Colombiana de Juristas, una de las ONG más respetadas en el país, esta última es una medida mal concebida. 'Las operaciones las hacen las unidades militares locales, unidades que, supuesta o realmente, tienen nexos con estos ejércitos irregulares'.

Esta organización, que funciona en pleno centro de Bogotá, en oficinas blindadas, se remite a los antecedentes de estos grupos: nacieron como autodefensas en l965, cuando se autorizó a la fuerza pública para armar a los civiles y hacer frente a la guerrilla; en 1989 fueron ilegalizados, pero siguieron creciendo en medio de denuncias de nexos con narcotraficantes y militares.

Un reciente editorial de The New York Times planteaba un temor: de no romperse los nexos entre paramilitares y fuerzas militares, los dineros del Plan Colombia terminarán financiando a las bandas criminales. La embajadora norteamericana ya lo advirtió: puede peligrar el Plan si no se frenan las acciones de las AUC. Y anunciaron que retirarán el visado a quienes los apoyen.

El comandante de las fuerzas militares, general Fernando Tapias, se defiende: 'Son algunos miembros los que han asumido una actitud delictiva, no la institución', repitió en una reciente entrevista, y se remitió a una encuesta que revela que hay más militares que civiles que piden 'combatir sin tregua el fenómeno paramilitar'.

El horror de Barranca

Hace un tiempo, Castaño anunció que esperaba tomarse un café en los barrios norte y sur orientales de Barranca Bermeja, que han crecido en los últimos años con los desplazados que ha dejado la violencia de más de 30 años en la región del Magdalena Medio.

Este puerto petrolero, ligado a la historia del ELN (Ejército de Liberación Nacional), con fuerte presencia insurgente y, de acuerdo a su tamaño, una de las ciudades más militarizadas de América Latina, se ha convertido para Castaño en la china de su zapato para completar su proyecto de expulsar a la guerrilla de la zona. Tres días antes de Año Nuevo las AUC anunciaron 'la guerra frontal'. De seguir la tendencia de la cadena de muertes, superaría la cifra de asesinatos selectivos del año pasado, que fue de 482.

La Comisión Colombiana de Juristas no ha parado de hacer denuncias ante el Ministerio de Defensa: una tanqueta de la policía que rescató a un grupo de paras; otra que recorrió los barrios de desplazados seguida por un grupo que repartía comunicados de las AUC. El Gobierno envió fuerzas especiales, pero las denuncias no paran: 'Se tomaron casas, dimos direcciones y ahí están' .

A muchos habitantes les han dado el plazo de 24 horas para abandonar sus viviendas. 'Dejo aquí lo que me costó 15 años levantar', dijo una mujer anegada en lágrimas mientras echaba candado a su humilde portón. El pasado sábado, por la mañana, hombres de la AUC llegaron a un comedor popular de una organización femenina de las barriadas nororientales. De manera amenazante, les anunciaron que debían desalojar antes de las seis de la tarde, pues necesitaban el local como centro de operaciones. Las ONG nacionales e internacionales reaccionaron en bloque, se logró que la policía fuera al lugar y detuviera a uno de los hombres. Las mujeres siguen allí, resistiendo, al frente de su labor comunitaria

¿Qué hacer? '¿Quién para a los paras ?', tituló la revista Cambio en una nota que termina pidiendo entrar en razón a los que 'se han dejado seducir por Castaño'.

Para el general Fernando Tapias, uno de los factores que más ha fortalecido el fenómeno es el secuestro, 3.000 el año pasado, la mayoría por cuenta de la guerrilla. Por esto, dice, si se acabara este delito sería como darle 'partida de defunción' a estos grupos.

La Comisión Colombiana de Juristas condena de manera enfática el secuestro . 'Es de los peores atentados contra la dignidad humana', pero piensan que no justifica la acción paramilitar .

Ana Teresa Bernal de Redepaz cree que se está haciendo tarde para hacer algo: 'Los resultados se deben medir en términos de protección a la población civil'. Daniel García Peña, ex comisionado de paz del pasado Gobierno, es partidario de una decisión de alto nivel; lo primero, dice, deslindar claramente las fuerzas institucionales de las paramilitares. 'Desafortunadamente, en Colombia se mantiene la idea de que el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo' .

El defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, reconoce que el Estado, desbordado con tantos problemas, debe hacer más, frente a este fenómeno, entre otras cosas, fortalecer la justicia, pues la impunidad 'ha reducido el precio de la vida en Colombia' .

Para algunos, los paramilitares son ya el 'ejército del establecimiento'; para otros hay detrás de ellos un sólido proyecto político de corte fascista. Lo real es que hay que terminar con esta 'cacería de humanos', como lo calificó una campesina doblada por el dolor mientras contemplaba lo cuerpos de su hijo y de su hermano, asesinados sin piedad por los paramilitares.En octubre del año pasado, los habitantes de tres aldeas del mismo municipio enviaban una carta al presidente Pastrana: 'Queremos sentar nuestra voz de alerta ante usted y demás organismos de seguridad del Estado para que se haga algo que evite una masacre en esta zona'.

Siete de los firmantes que confesaron por escrito 'somos personas apegadas a la Constitución, a la ley, a la familia, al amor de la tierra que sembramos', quedaron ahí, tirados, hechos pedazos a machete, junto a los demás sacrificados, en la polvorienta plaza central que sirvió de escenario a la barbarie. Aún no se sabe en el escritorio de qué funcionario permanece olvidada la carta de alarma. Esta historia es apenas una más de una cadena de más de 30 matanzas paramilitares en el primer mes de este año. Los muertos pasan de los 160.

Los paras han crecido en los últimos dos años a un ritmo cinco veces mayor que la guerrilla, revela un reciente informe del Ministerio de Defensa. Hoy estos hombres y mujeres que lucen prendas militares y un brazalete donde se lee AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en letras gigantes, que aterrorizan con su presencia, suman 8.000 según el informe oficial. Según Carlos Castaño, máximo dirigente de los paramilitares, este ejército irregular tiene ya 11.000 hombres.

Se sienten orgullosos de su labor contrainsurgente. 'Una tarea que le quedó grande al Ejército', le dijo a este periódico un comandante paramilitar a finales del año pasado, en la Hormiga, provincia de Putumayo, el epicentro de la ejecución del Plan Colombia y su ayuda militar donada por Estados Unidos. Lo dijo en una larga entrevista, un caluroso mediodía, en un restaurante céntrico, mientras en las cuatro esquinas rondaban los soldados regulares.

Un profesional de esta misma provincia argumentó con desfachatez : 'El Ejército está maniatado por el cuento de los derechos humanos'. Y ante el asombro de quien lo escuchaba agregó en tono confidencial: 'Una persona en la que confío me asegura que sólo mata a los que son'. Pero todos saben que los 160 muertos de este año, los casi mil del año pasado, son hombres y mujeres desarmados, a los que asesinan a mansalva.

El informe oficial dice que han crecido al ritmo que aumentan sus ingresos por cuenta del narcotráfico, ya que desde siempre han estado ligados estos dos fenómenos. Hay otras razones. El año pasado, el analista Alfredo Rangel se refirió a estos grupos como 'una realidad militar y política inocultable', y pronosticaba que sus 'crecientes nexos con el establecimiento' les garantizaba 'su crecimiento futuro'.

Un reciente editorial del diario El Tiempo -el más influyente del país- lo confirma: 'Hay quienes desde las altas esferas políticas o empresariales apuestan a la fórmula salvadora de Castaño'. Y advierte: 'El remedio puede ser peor que la enfermedad'. 'Hemos sido demasiado complacientes con los paramilitares. El Estado, los militares, los medios y la sociedad', escribió Francisco Santos también en El Tiempo.

Para muchos, las AUC han crecido aprovechando la tolerancia abonada por las 'atrocidades de la guerrilla'. Los secuestros, los atentados contra la infraestructura económica son la excusa para quienes los apoyan, de frente o en voz baja.

Mary Robinson, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, visitó el país a finales del año pasado y se fue preocupada; preocupada porque constató la tendencia de los colombianos a apoyar a estos grupos: 'Espero que no caigan en esa trampa. Los paramilitares no son sus amigos, ellos no apoyan a la población civil porque están violando la ley y debilitando la legitimidad del Gobierno', dijo.

'Hay toda una estrategia de opinión pública para mostrar que la reacción paramilitar, por los excesos de la guerrilla, es una acción política que tiene el respaldo de muchos sectores. Crearon un monstruo que se va a salir de sus vestiduras', dice Jorge Rojas, de la ONG Paz Colombia.

La visita de la alta comisionada se dio a comienzos de diciembre pasado, cuando estaba aún viva la imagen dolorosa de otra matanza paramilitar: la de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en la región Caribe. Setenta paras cubiertos por la noche entraron a los pueblos lacustres y asesinaron de una vez a 45 -las cifras extraoficiales hablan de 60- hombres del agua, como se definen estos humildes pescadores de la ciénaga. 'La guerrilla deambula por acá y luego esos malditos [los paras] creen que uno está con ellos. Todos los armados son contrincantes de nosotros, los del pueblo', le dijo a este periódico un pescador días después de la matanza.

A Mary Robinson le sorprendió que ni el presidente ni ninguno de sus ministros hubiera estado en el entierro de estos hombres. Y le tiró de las orejas al Gobierno: 'Tengo la impresión de que el Gobierno, pese al compromiso verbal muy firme de combatirlos, en la práctica no ha contrarrestado la acción de estos grupos'.

El Gobierno no desconoce la gravedad del problema: 'Está afectando de lleno a la sociedad y a todas las políticas del Gobierno: la de derechos humanos, la de búsqueda de la paz y la de la búsqueda de convivencia y seguridad ciudadana', reconoció hace poco a la revista Cambio Gonzalo de Francisco, consejero presidencial.

Pero también cree que es el Gobierno el que más ha hecho para frenar las matanzas de estas bandas de matones. Dan cifras: las detenciones pasaron de 100 en 1997 a 300 en 1998. De enero a noviembre del año pasado se dieron 145 acciones en su contra. Este año detuvieron a Niche, mano derecha de Castaño, en la costa Caribe, y en un intento de rescate con helicóptero incluido se presentó el primer enfrentamiento de la policía y los hombres de la AUC. En la lista de logros figura también el retiro, el año pasado, de más de 300 militares, 38 de ellos oficiales. Algunos de ellos, lo registró la televisión, se enrolaron de inmediato en las filas paramilitares.

Este año, a medida que aumentan las matanzas, ha aumentado el anuncio de nuevas medidas: una brigada para judicializar a quienes financien a estos grupos de extrema derecha, comandos especiales, se activó el Centro de Coordinación para esta lucha creado hace un año. Para la Comisión Colombiana de Juristas, una de las ONG más respetadas en el país, esta última es una medida mal concebida. 'Las operaciones las hacen las unidades militares locales, unidades que, supuesta o realmente, tienen nexos con estos ejércitos irregulares'.

Esta organización, que funciona en pleno centro de Bogotá, en oficinas blindadas, se remite a los antecedentes de estos grupos: nacieron como autodefensas en l965, cuando se autorizó a la fuerza pública para armar a los civiles y hacer frente a la guerrilla; en 1989 fueron ilegalizados, pero siguieron creciendo en medio de denuncias de nexos con narcotraficantes y militares.

Un reciente editorial de The New York Times planteaba un temor: de no romperse los nexos entre paramilitares y fuerzas militares, los dineros del Plan Colombia terminarán financiando a las bandas criminales. La embajadora norteamericana ya lo advirtió: puede peligrar el Plan si no se frenan las acciones de las AUC. Y anunciaron que retirarán el visado a quienes los apoyen.

El comandante de las fuerzas militares, general Fernando Tapias, se defiende: 'Son algunos miembros los que han asumido una actitud delictiva, no la institución', repitió en una reciente entrevista, y se remitió a una encuesta que revela que hay más militares que civiles que piden 'combatir sin tregua el fenómeno paramilitar'.

El horror de Barranca

Hace un tiempo, Castaño anunció que esperaba tomarse un café en los barrios norte y sur orientales de Barranca Bermeja, que han crecido en los últimos años con los desplazados que ha dejado la violencia de más de 30 años en la región del Magdalena Medio.

Este puerto petrolero, ligado a la historia del ELN (Ejército de Liberación Nacional), con fuerte presencia insurgente y, de acuerdo a su tamaño, una de las ciudades más militarizadas de América Latina, se ha convertido para Castaño en la china de su zapato para completar su proyecto de expulsar a la guerrilla de la zona. Tres días antes de Año Nuevo las AUC anunciaron 'la guerra frontal'. De seguir la tendencia de la cadena de muertes, superaría la cifra de asesinatos selectivos del año pasado, que fue de 482.

La Comisión Colombiana de Juristas no ha parado de hacer denuncias ante el Ministerio de Defensa: una tanqueta de la policía que rescató a un grupo de paras; otra que recorrió los barrios de desplazados seguida por un grupo que repartía comunicados de las AUC. El Gobierno envió fuerzas especiales, pero las denuncias no paran: 'Se tomaron casas, dimos direcciones y ahí están' .

A muchos habitantes les han dado el plazo de 24 horas para abandonar sus viviendas. 'Dejo aquí lo que me costó 15 años levantar', dijo una mujer anegada en lágrimas mientras echaba candado a su humilde portón. El pasado sábado, por la mañana, hombres de la AUC llegaron a un comedor popular de una organización femenina de las barriadas nororientales. De manera amenazante, les anunciaron que debían desalojar antes de las seis de la tarde, pues necesitaban el local como centro de operaciones. Las ONG nacionales e internacionales reaccionaron en bloque, se logró que la policía fuera al lugar y detuviera a uno de los hombres. Las mujeres siguen allí, resistiendo, al frente de su labor comunitaria

¿Qué hacer? '¿Quién para a los paras ?', tituló la revista Cambio en una nota que termina pidiendo entrar en razón a los que 'se han dejado seducir por Castaño'.

Para el general Fernando Tapias, uno de los factores que más ha fortalecido el fenómeno es el secuestro, 3.000 el año pasado, la mayoría por cuenta de la guerrilla. Por esto, dice, si se acabara este delito sería como darle 'partida de defunción' a estos grupos.

La Comisión Colombiana de Juristas condena de manera enfática el secuestro . 'Es de los peores atentados contra la dignidad humana', pero piensan que no justifica la acción paramilitar .

Ana Teresa Bernal de Redepaz cree que se está haciendo tarde para hacer algo: 'Los resultados se deben medir en términos de protección a la población civil'. Daniel García Peña, ex comisionado de paz del pasado Gobierno, es partidario de una decisión de alto nivel; lo primero, dice, deslindar claramente las fuerzas institucionales de las paramilitares. 'Desafortunadamente, en Colombia se mantiene la idea de que el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo' .

El defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, reconoce que el Estado, desbordado con tantos problemas, debe hacer más, frente a este fenómeno, entre otras cosas, fortalecer la justicia, pues la impunidad 'ha reducido el precio de la vida en Colombia' .

Para algunos, los paramilitares son ya el 'ejército del establecimiento'; para otros hay detrás de ellos un sólido proyecto político de corte fascista. Lo real es que hay que terminar con esta 'cacería de humanos', como lo calificó una campesina doblada por el dolor mientras contemplaba lo cuerpos de su hijo y de su hermano, asesinados sin piedad por los paramilitares.