Rusia defiende el regreso de las empresas estadounidenses pero sin ofrecerles garantías jurídicas
Putin ofrece a Washington suculentas inversiones en su país tras una oleada de confiscaciones y apenas un mes después de apropiarse de uno de los mayores aeropuertos privados por seguir “las políticas agresivas” de Occidente


Rusia ha abierto sus brazos a las empresas estadounidenses a cambio del apoyo político de Washington, pero invertir en el país será una apuesta de riesgo. Tres años de guerra en Ucrania —un conflicto que provocó la estampida de muchas compañías occidentales de territorio ruso— y la nacionalización de multitud de empresas, al menos seis decenas solo en 2024, evidencian que la seguridad jurídica para el sector privado, y el capital extranjero en particular, depende en último término de la buena fe del Kremlin. Y este curso ha comenzado fuerte con la apropiación de tres compañías estratégicas: la mayor distribuidora de cereales de Rusia, Rodnye Polia; el gigante de los almacenes Raven Russia; y el segundo aeropuerto de Moscú, Domodédovo. Este último, con el pretexto de estar bajo control extranjero.
“Trabajamos con mucho gusto con cualquier socio extranjero, incluidos los estadounidenses”, aseguró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista a finales de febrero. El mandatario ofreció a la administración estadounidense la posibilidad de invertir en el sector energético y la extracción de tierras raras dentro de Rusia. Además, la prensa alemana publicó el lunes que Trump ha encargado a su enviado para misiones especiales, Richard Grenell, que ejerza de mediador con Rusia para restablecer el funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, cuyo sabotaje en 2022 sigue sin ser esclarecido.
Putin muestra su disposición a hacer negocios con Occidente apenas un mes después de que su Fiscalía confiscase el gigantesco aeropuerto de Domodédovo a sus dueños, con el pretexto de su importancia estratégica. “Dmitri Kaménshchik —de nacionalidad rusa, turca y emiratí— y Valeri Kogan —ruso e israelí— siguen las políticas agresivas de los Estados occidentales para infligir una derrota estratégica a Rusia causando daños a su economía”, decía el fiscal en su escrito, donde acusaba a los empresarios de haber “saboteado la modernización del aeropuerto” y de “gastar sin supervisión los fondos asignados por el Estado, lo que ha provocado su malversación”.
El diario The Moscow Times identifica al menos 67 empresas nacionalizadas en 2024 por un valor de 807.000 millones de rublos (unos 8.600 millones de euros), el doble que el año anterior. Algunas compañías fueron expropiadas con la excusa de que sus privatizaciones habían sido “ilegales” tras la desaparición del sistema comunista soviético en 1990. Un ejemplo es la planta de magnesio de Solikamsk, la mayor del país, confiscada por el Kremlin en 2024, esto es, 32 años después de que las autoridades de la región de Perm aprobasen su venta a inversores privados. De hecho, sus actuales dueños, que habían comprado la planta en 2016, ni siquiera participaron en aquella privatización.
Un análisis de la agencia Reuters estima en unos 107.000 millones de dólares (unos 102.000 millones de euros) el impacto de la salida de las empresas extranjeras de Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania, en febrero 2022, hasta marzo de 2024; si bien este cálculo incluye ingresos que han dejado de ganar.
Cuando comenzó la guerra, algunas empresas occidentales abandonaron el mercado ruso a toda prisa, vendiendo su participación a socios locales a precios módicos, como fue el caso de Mc’Donalds, o suspendieron directamente sus operaciones y se apuntaron pérdidas, como Boeing o Airbus. Sin embargo, el Kremlin tomó medidas para frenar la descapitalización: en 2023 promulgó una serie de decretos que impedían dejar Rusia sin permiso previo del Gobierno y sin pagar una tasa desorbitada sobre la venta, y que además permitían a las autoridades sustituir a los directivos de las firmas por gestores externos de su elección. La filial rusa de Danone, por ejemplo, fue puesta bajo el control de un sobrino del presidente checheno, Ramzán Kadírov, hasta que sus dueños se resignaron a venderla.
Otro caso, la cervecera danesa Carlsberg, sirve de ejemplo de lo que puede esperar el inversor extranjero. Para los nuestros es un refresco verde fosforito supuestamente enriquecido con 12 vitaminas. No está mal, frío sabe incluso bien, pero no se vende al público: su destino es hidratar a los soldados rusos en el frente. Esta bebida se produce en las plantas que tenía Carlsberg en la región de Rostov, ahora propiedad de la compañía de bebidas rusa Baltika.
“Nos han robado el negocio en Rusia y no vamos a ayudarles a que parezca legítimo”, denunció el director de Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen, cuando Moscú les impuso unos gestores externos en 2023. Tras año y medio de tira y afloja, la multinacional anunció en diciembre la venta de su filial por algo más de 300 millones de euros, cuando su valor contable rondaba los 1.000 millones.
“La venta pondrá fin al periodo de incertidumbre vivido desde que un decreto presidencial de julio de 2023 transfirió temporalmente el control de Baltika al Estado ruso”, anunció la compañía danesa a través de un comunicado en el que hizo hincapié en que había tratado de “agotar todas las opciones” antes de tomar la drástica decisión.
Lealtad al Kremlin
El regreso al mercado ruso no será fácil para las empresas occidentales, pese a la aparente buena sintonía con EE UU al respecto. El Gobierno de Moscú quiere imponerles trabas para que no le coman el negocio a las nacionales, aunque estas no hayan logrado sustituir la dependencia de las importaciones, salvo en algunos sectores muy concretos como la alimentación. En realidad, en estos años, Rusia solo ha cambiado sus proveedores occidentales por asiáticos, cuando no ha recurrido a ardides para eludir las sanciones al comprar los productos de Europa y Norteamérica a través de terceros países.
“Podemos regular el regreso a nuestro mercado de aquellos que quieran volver creando una ventaja para nuestros propios fabricantes”, manifestó Putin el pasado 21 de febrero en el Foro de las Futuras Tecnologías. Un día antes, su viceprimer ministro, Alexánder Nóvak, recalcó que el regreso de los inversores occidentales “solo será posible en condiciones favorables” para Rusia. “Nos guiaremos exclusivamente por nuestros intereses nacionales, muchos nichos de mercado ya han sido ocupados por fabricantes rusos o por socios de países amigos”, dijo.
El ministro de Comercio, Antón Alijánov, aportó un componente vengativo a la criba de las firmas occidentales: “Nadie será recibido con los brazos abiertos, deberán pagar por su comportamiento”, afirmó. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, incluso enfatizó en una entrevista concedida a Komsomólskaya Pravda que las compañías que quieran regresar a Rusia deberán estar alineadas con las ideas expansionistas del Kremlin: “Deberán mostrar respeto a nuestra historia [...] y esto se aplica a nuestros héroes de la operación militar especial [como cataloga el Kremlin su guerra contra Ucrania] y a nuestros periodistas”.
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