El Gobierno y la Junta discrepan sobre los responsables del 'caso Aznalcóllar' en sus recursos contra el archivo

Los recursos contra el archivo de la causa por el vertido tóxico de Aznalcóllar (Sevilla) están apuntado a distintos responsables. El abogado del Estado, en representación del Gobierno central, pide que se impute solo al director de la mina, mientras que la Junta pretende que se juzgue a los técnicos de Geocisa. Los ecologistas, por su parte, acusan a funcionarios públicos. Los 13 recursos presentados contra el archivo del caso Aznalcóllar señalan como uno de los argumentos para reabrir el caso que la balsa minera estaba prevista para almacenar residuos sólidos pero que se llenó con agua muy contaminada, hasta alcanzar los cinco millones de metros cúbicos, y que ésta fue una de las causas de la rotura, ocurrida el 25 de abril de 1998.

El abogado del Estado dice en su recurso que el director de la mina entre 1969 y 1996, Juan Contreras, debe ser imputado por un delito de imprudencia profesional grave, porque era la persona 'cualificada por su titulación' para haber ordenado la colocación de instrumentos de control que 'habrían reflejado los fenómenos que se estaban produciendo en el subsuelo y que dieron lugar a la rotura del dique'.

La Junta, en su recurso, cree que el caso debe reabrirse contra los 12 técnicos de Geocisa imputados en la causa, que incurrieron en una ·imprudencia profesional al no emplear la debida diligencia' para estudiar la estabilidad de la balsa, ya que lo que les encargó Boliden, la propietaria de la mina, 'no fue un mero proyecto de construcción, sino un informe concreto sobre una balsa concreta'.

Esta imprudencia de Geocisa, según la Junta, se unió a que Boliden 'transformó la balsa de estériles en un embalse de agua contaminada', elemento que 'magnificó, convirtiendo en catastróficos, los efectos de la rotura de la balsa', por lo que pide a la juez que encargue un nuevo informe pericial sobre la incidencia de este 'exceso de agua contaminada'.

La Sociedad Española de Ornitología (SEO) cree que el auto de archivo debe ser revocado e imputar en la causa a los funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por 'permitir la situación de riesgo' derivada del 'gran volumen de agua que almacenaba la balsa, algo impropio de un depósito de residuos mineros'.

El abogado de unos agricultores afectados por el vertido pide a la juez que impute a nuevos funcionarios, en este caso altos cargos del Ministerio de Obras Públicas y de la CHG, ya que la presa 'estaba construida dentro de la zona de policía legalmente establecida' para estas administraciones y la gravedad del vertido tóxico está determinada por la proximidad del dique roto al río Guadiamar.

Numerosos recursos creen que la juez que investiga el caso, Celia Belhadj, rebasó en su auto de archivo 'las facultades y potestades atribuidas al juez de instrucción', puesto que entró a valorar los indicios y se atribuyó 'las funciones otorgadas' al órgano judicial que debía juzgar el caso.