PP y nacionalistas cierran el paso a bajar la edad de los perceptores del 'salario social' a los 18 años

El PNV fue el más claro en su rechazo. Su parlamentaria Covadonga Solaguren recordó que la vocación de la Ley contra la Exclusión Social y la Carta de Derechos Sociales (las dos leyes que en Euskadi combaten la pobreza) es luchar contra la marginación de las personas con menos recursos, pero no lograr la emancipación familiar de los jóvenes de 18 años. En la actualidad, la prestación económica contemplada en la Carta Social se otorga a partir de los 25 años y asciende a 63.082 pesetas mensuales para las personas que encabezan un hogar. El salario aumenta en función del número de personas que integren la familia.

La portavoz del PSE en el debate de ayer y autora de la iniciativa, Gemma Zabaleta, defendió ante el pleno la posibilidad de que los jóvenes accedan a una vida independiente que les permita ganar en autoestima y, a la vez, aliviar la carga que suponen para su familia. En Euskadi, el 17,7% de la población entre 18 y 44 años (156.000 personas) desea constituir un hogar independiente y no pueden hacerlo por falta de medios económicos, según el último estudio de pobreza y desigualdad social realizado por el Gobierno el año pasado. Lo que no ha calculado el Ejecutivo es el número de ciudadanos de 18 a 25 años que podrían acceder a la prestación de rebajarse la edad.

El PP dio varias razones para justificar su futuro rechazo a la propuesta. Fernando Maura destacó que es preferible que el dinero se quede en la familia y sea gestionado por ésta, y que el hecho de que alguien con 18 años tenga problemas no significa que las instituciones no contemplen ayudas para él.

Descoordinación

La Ley contra la Exclusión Social recoge hasta tres excepciones para que los jóvenes de 18 años puedan cobrar el salario social si carecen de recursos básicos. Los hijos de familias monoparentales menores de 25 años, los cabeza de familia monoparentales que tengan menos de esa edad y las parejas de hecho o de derecho que también estén por debajo de los 25 años.

El grupo parlamentario de EA votó a favor de la toma en consideración por un error de coordinación con el Gobierno, cuyo departamento de Bienestar Social es dirigido por Sabin Intxaurraga, miembro de su partido. La parlamentaria Karmele Antxustegi apoyó la iniciativa con la idea de que en el debate en ponencia podrían hacer cambiar de opinión al partido socialista, pero desde la consejería de Intxaurraga se opina de una manera muy diferente. La viceconsejera de Asuntos Sociales, Ángeles Iztueta, recalcó que la prestación tiene una finalidad clara: la de ayudar a la gente sin recursos. Considera que si se abre el abanico a todos los de 18 años podrían darse casos de picaresca y de fraude. 'El dinero tiene que ir a los que verdaderamente lo necesitan, a los que luchan por salir de una situación de marginación porque no pueden acceder a un trabajo digno', zanjó.

Mientras, IU rechazó la tramitación porque, en su opinión, la propuesta del PSE supone una regresión respecto a lo que recoge la Carta Social. Según Koldo Usín, los beneficiarios del salario social son aquellas personas en edad de trabajar y que no pueden acceder al mercado de trabajo. La edad en la que un ciudadano puede empezar a trabajar está fijada en España a los 16 años. Sólo IU hace esta interpretación de la Carta de Derechos Sociales.

Selecciones vascas

Por otra parte, el Parlamento admitió a trámite una proposición de los no nacionalistas para reformar la Ley del Deporte, aprobada en 1998 por PNV y EA con el apoyo HB, y así eliminar el artículo que concede a las federaciones vascas la capacidad de ser las 'únicas representantes' del deporte federado de Euskadi en competiciones estatales e internacionales.

Esta ley provocó entonces una crisis entre los partidos que sustentaban en coalición al Gobierno vasco, PNV, EA y PSE-EE. Populares y socialistas recordaron ayer al PNV y EA que ellos también están de acuerdo con existencia de selecciones vascas, pero no con la atribución de la ley, que deja en exclusiva a las federaciones autonómicas la representación de sus deportistas. Ahora el acuerdo deberá ser debatido en comisión.