El Gobierno modifica el cobro de las ayudas eléctricas para evitar una sanción de Bruselas

Para comprender la trascendencia de la modificación normativa aprobada ayer hay que remontarse a 1997. Entonces, las eléctricas y el Ministerio de Industria pactaron que, a cambio de abrir el sector a la competencia y modificar la Ley entonces vigente (Marco Legal Estable) se compensaría a las empresas con 1,9 billones de pesetas a cobrar en 10 años y en función de determinadas variables (demanda, tipos de interés y precio del kilowatio). Tales indicadores podían hacer variar e incluso dejar a cero los cobros anuales de las ayudas.

A finales de 1997, sin embargo, hubo un nuevo pacto. El Gobierno aceptó que las eléctricas cobraran por adelantado la mayor parte de las ayudas, un billón de pesetas, a cambio de una ligera rebaja en la cantidad total a cobrar, de 1,9 billones a 1,7 billones. Para asegurar ese cobro adelantado -mediante la llamada titulización, que consiste en colocar en los mercados, a través de la banca, un nuevo activo financiero-, el Gobierno accedió a dedicar un 4,5% del recibo de la luz que pagan los usuarios a asegurar ese cobro. No obstante, siempre negó la condición de 'impuesto' añadido de tal porcentaje.

De esta forma, una expectativa de derecho -la pactada en 1997 a 10 años y sujeta a condiciones-pasó a convertirse en un derecho cierto. La oposición (PSOE e IU), las asociaciones de consumidores y la Comisión Eléctricam que entonces dirigía Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuestionaron la decisión de pagar por adelantado el billón de las eléctricas.

Ayudas de Estado

También cuestionó los pagos de CTC la Comisión Europea, que decidió tramitar el asunto como 'ayudas de Estado' y considera el 4,5% del recibo afecto a los CTC como una tasa 'parafiscal'. Tanta oposición ha impedido hasta ahora -y finalmente ha hecho imposible- el cobro por adelantado del billón de pesetas por parte de las empresas eléctricas. Éstas sin embargo, han cobrado desde 1998, alrededor de 500.000 millones de las ayudas.

Ahora, la amenaza de abrir expediente a España por este asunto ha tenido efecto. El Comisiario europeo de la Competencia, Mario Monti, tenía previsto que la Comisión Europea tomara una decisión sobre los CTC en España el próximo día 14. El Gobierno se ha puesto la venda antes de que llegara la herida y ha decidido dar marcha atrás. 'Con toda seguridad tendremos que modificar la propuesta de apertura del procedimiento', explicó una fuente comunitaria.

'El caso no está cerrado', advirtió un portavoz, 'porque todavía hay cosas importantes que aclarar'. Entre ellas está verificar si el medio billón de pesetas concedidos hasta la fecha a las eléctricas a través de los CTC son conformes a la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado o suponen una distorsión a las reglas de la competencia.na fuente comunitaria.

La decisión de cambiar el método de cobro de los CTC da la razón a quienes cuestionaron el segundo pacto con las eléctricas. Rato explicó ayer que la modificación supone volver a la situación de 1997, lo que deja los ya famosos CTC en una 'expectativa de derecho' y no en un derecho cierto.

En otras palabras, las eléctricas cobrarán ayudas -si Bruselas no dice lo contrario- por el llamado método 'de diferencias', que implica el cálculo anual de las ayudas a cobrar en función de determinadas variables. Una de ellas es que el precio del kilowatio no supere las seis pesetas. A más precio cobrado en el mercado por la luz producida, menos ayudas.

El cambio de sistema afecta a todas las eléctricas, pero para Endesa e Iberdrola, hay añadidos. Así, los activos que vendan a otras compañías incluirán las ayudas que tenían adjudicadas. Si afloran plusvalías en la venta de las centrales eléctricas, éstas se descontarán de las cantidades que teóricamente correspondían a Endesa e Iberdrola de las ayudas eléctricas.

En la fusión Endesa-Iberdrola, la Comisión está especialmente alerta ante la posibilidad de que España intente impedir la venta de activos a empresas extranjeras con participación pública.

En este sentido, Rato aseguró que 'habrá que ver caso por caso. No es lo mismo la participación en una compañía de un Estado soberano [caso de EDP, donde el Estado controla un 30%], que la participación de ayuntamientos [en referencia a la alemana RWE, en cuyo capital participan ayuntamientos y länder]'.

El ministro añadió que también se tendrá en cuenta en la entrada de nuevos operadores en el mercado eléctrico su solvencia, las garantías de empleo que ofrezcan y las inversiones que se propongan realizar.