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El Monte y el PA exigen que Benjumea y Beneroso dirijan la fusión y los dos años de transición

La polémica de la concentración de cajas se enfrenta ahora a una clave: ¿La fusión debe hacerse antes o después de que se renueven las actuales direcciones de las cajas? Si la unión se hace antes de la renovación, las actuales direcciones de las cajas podrían pilotar la fusión y el periodo de transición, que según la ley (artículos 15.2 y 9) y el reglamento (artículo 20) durará dos años. Tras estos dos años, la caja fusionada tendrá que convocar elecciones para renovar sus órganos de gobierno (asamblea general, consejo de administración y comisión de control). Por contra, si las cajas celebran elecciones internas antes de la fusión, los actuales presidentes, y por añadidura todos los órganos de dirección, no tienen segura su continuidad.

La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, ya ha mostrado su oposición a que las cajas inicien procesos de concentración antes de que renueven sus órganos de gobierno. Esta renovación depende de que Economía apruebe los estatutos de las cajas. La General de Granada y la Caja de Jaén ya tienen los suyos y ya han comenzado los trámites para hacer esta renovación. Mientras, los estatutos de Unicaja, El Monte y San Fernando serán aprobados el próximo 7 de febrero por Economía.

La tesis de la Junta es que las cajas renueven sus órganos de dirección y que sean los nuevos equipos los que promuevan la fusión. Álvarez ha reconocido que sería 'legal' que las cajas iniciasen la fusión cuando tengan los estatutos, antes incluso de que convoquen elecciones internas, pero considera que esta iniciativa sería 'ética y políticamente reprobable'.

Por tanto, lo fundamental ahora es conocer qué decisión van a tomar los presidentes de las dos cajas con sede en Sevilla. Las dos entidades pueden impulsar la fusión antes de convocar las elecciones pese a la oposición de la Junta.

Ayer mismo, un miembro del Ejecutivo autonómico, el andalucista Antonio Ortega, consejero de Relaciones Institucionales, y el director general de El Monte, Juan Pedro Álvarez, coincidieron en señalar que lo lógico es que las actuales direcciones tutelen la fusión de las dos entidades con sede en Sevilla.

'No hay nada más lícito y ético que el hecho de que los presidentes actuales, con el respaldo de todos los sectores económicos y sociales (...) piloten una fusión y la consoliden durante el periodo transitorio para dejar a sus sucesores una gran caja en Andalucía', dijo el directivo de El Monte, en declaraciones a Europa Press. Álvarez añadió que 'una fusión no debe hacerse nunca por razones políticas, sino técnicas y económicas, y tan ético sería hacerla antes como después de la renovación' de los órganos de gobierno.

En la misma línea, Ortega afirmó que 'no permitir que Benjumea y Beneroso propicien la unión sería darles un pescozón político, más aún cuando ellos han preparado la operación'. En opinión de Ortega, sería un 'error político que no responde a ningún criterio racional' que ambos no dirigiesen la fusión.

Alegaciones

Por otra parte, el reglamento de la Ley de Cajas, que tiene 144 artículos y que la Junta calcula que estará aprobado en junio, después de que hasta 45 instituciones presenten alegaciones al texto, reserva a la Consejería de Economía numerosas facultades en materia de cajas, principalmente acerca de la orientación de la obra social de las entidades.

Así, el artículo 126 del reglamento establece que una orden de la Consejería de Economía marcará las 'directrices a seguir en materia de obra social indicando las carencias y prioridades básicas en aquellas áreas previstas' en la ley: servicios sociales, sanidad, investigación, medio ambiente, enseñanza, cultura, el apoyo a la economía social, al fomento del empleo y a otros proyectos que favorezcan el desarrollo socioeconómico de Andalucía. Esta orden, según el reglamento, fijará el porcentaje mínimo del presupuesto de la obra social de las cajas que se destinará a cada una de las áreas. 'Todo ello, dentro del más absoluto respeto a la libertad de las cajas de ahorros para la elección de inversiones concretas', reza el desarrollo reglamentario, que considera a las cajas entidades de crédito de 'naturaleza fundacional y de carácter social'.

La Consejería de Economía también se reserva el control administrativo de la actividad publicitaria de las cajas. A partir de la entrada en vigor del reglamento de la ley, las campañas en las que las entidades ofrezcan productos financieros deberán ser autorizadas previamente por la Dirección General de Tesorería. Las cajas deberán presentar el presupuesto de cada campaña y esperar 15 días (plazo máximo) al visto bueno de la Consejería.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de febrero de 2001

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