La Diputación de Álava presenta el presupuesto pactado con el PSE, que se aprobará en marzo
La situación de debilidad de los equipos de gobierno en las instituciones vascas y el difícil clima político hace que la aprobación de un presupuesto sea un hecho excepcional. Las siete principales instituciones (Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos de las tres capitales) están funcionando ahora con una prórroga de las cuentas de 2000, ante la falta de apoyos para sacar adelante en los plazos reglamentarios un proyecto específico para el ejercicio en curso. Al margen de la Diputación alavesa, que ayer dio el primer paso firme hacia la aprobación de su proyecto, las demás instituciones apenas han avanzado. En el Ayuntamiento de Vitoria se espera un acuerdo en breve entre los mismos partidos implicados en el pacto de la Diputación. En Bilbao, el alcalde, Iñaki Azkuna, pretende presentar su proyecto el viernes, aunque sin los apoyos necesarios. En las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, la minoría de los nacionalistas también les impide tener un proyecto para 2001. En San Sebastián, el PSE y el PP, pese a su acuerdo de gobierno, mantienen desacuerdos que han retrasado su presentación.
Con este panorama, el acuerdo en la Diputación de Álava resulta novedoso. El gobierno foral del PP y UA presentó ayer en las Juntas el documento, avalado también por los socialistas, que incluye un gasto de 51.667 millones de pesetas (310 millones de euros). El proyecto supone un crecimiento del 8,28% con respecto al año pasado, con un aumento de 1.241 millones sobre el presupuesto inicial, presentado por la Diputación el pasado 14 de noviembre, y que tuvo que retirar un mes más tarde ante la falta de apoyos.
El pacto entre PP y PSE
Ahora, una vez que se ha producido el acuerdo entre PP y PSE, el nuevo proyecto contiene un paquete de medidas por un importe de 2.140 millones, con especial hincapié en el complemento para las personas con unos ingresos anuales de menos de 865.000 pesetas, en el peaje social de la A-68 y otras medidas de carácter social. Esas inversiones no aparecían en el texto de noviembre, de modo que para ajustarlas al nuevo presupuesto ha sido necesario recurrir a la deuda pública (por valor de 1.190 millones) y recortar gastos en algunos departamentos.
Por lo demás, el proyecto presentado por el PP hace dos meses y medio y el entregado ayer en las Juntas no tiene mayores diferencias. Al igual que ocurría entonces, sólo crecen tres departamentos con respecto al ejercicio del 2000: Bienestar Social (un 11%), Cultura (un 27%) y Hacienda (un 61%). El mayor peso de estas carteras con respecto al año pasado tiene su explicación en algunas de las inversiones que se prevén realizar durante este año.
Por una parte, el complemento asistencial para las personas con menos recursos supondrá un gasto de 240 millones y el peaje social, otros 150 millones. Por otro, en Cultura destacan los gastos derivados de la apertura del Museo de Arte Contemporáneo, el Artium, todavía en construcción, que empezará a funcionar a finales de este año. Así mismo, en Hacienda se incrementarán los gastos este año debido a la amortización de bonos forales por valor de 3.500 millones. En este sentido, el diputado de Hacienda, Juan Antonio Zárate, recordó que la Diputación no ha emitido deuda en los últimos cuatro años y que la tesorería está saneada. La institución tiene una deuda acumulada de apenas 3.200 millones.
Durante la presentación del proyecto, Zárate, resaltó su 'notable carácter social' y el esfuerzo inversor, 'el segundo más grande en la historia de la Diputación de Álava' después del año 2000, en que se dedicaron más de 22.000 millones a inversiones. En este capítulo se gastarán 19.473 millones este año, un 11% menos que el año pasado. Zárate insistió de nuevo en que la Diputación ha perdido capacidad financiera por 'el efecto perverso' de la Ley de Aportaciones.
El pacto presupuestario entre los socialistas y el PP se rematará mediante un documento político que firmarán en público los portavoces de ambos partidos, en principio la próxima semana. En él se concretarán las pautas que deben regir el acuerdo, con los detalles de cómo debe funcionar la comisión de seguimiento y los plazos en que deben cumplirse los distintos puntos.
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