Junta y Gobierno se acusan de 'manipulación' por las vacas muertas en una finca de Sevilla

Agentes de la Guardia Civil visitaron en la tarde del pasado jueves la finca Las Gavilanas, en el paraje conocido como La Gila, en el término municipal de La Puebla de Cazalla (Sevilla). Los operarios de la finca les informaron de la muerte reciente de cinco vacas y los agentes comprobaron además que en los siete kilómetros de extensión de la granja se esparcían los restos de al menos otras 33 vacas. Esta información, que fue suministrada a la Delegación de Agricultura de Sevilla esa misma tarde, fue revelada por el diario Abc en su edición del sábado. Paulino Plata y sus más directos colaboradores aducen que no conocieron esa comunicación hasta ese mismo día.

La comunicación de la Guardia Civil motivó la apertura de un expediente por la Consejería de Agricultura por si la explotación se había saltado alguna de las disposiciones para atajar el mal de las vacas locas (los ganaderos tienen obligación de informar a la Junta sobre defunciones en sus fincas desde el 1 de enero) y, de paso, prendió la mecha de los reproches. El consejero de Agricultura, culpó ayer al delegado del Gobierno, José Torres Hurtado, de 'filtrar medias verdades'. 'Los del PP van a desenterrar todos los cadáveres de los últimos años porque interesa que en alguna comunidad socialista surja el problema', indicó Plata quien aventuró que Torres Hurtado actuó 'a instancias del Partido Popular'. 'Nosotros no hemos creado los vertederos', dijo después, en referencia al enterramiento de varias vacas en una mina gallega.

Plata desmintió en un primer momento que hubieran aparecido 38 reses muertas en la finca sevillana. El consejero, quien dijo basarse en el expediente abierto por la Delegación de Agricultura de Sevilla, aseguró que tan sólo se habían encontrado cinco vacas. 'Con todo lo que ha dicho hoy, Plata ha desprestigiado a la Guardia Civil y la ha dejado por mentirosa', afirmó el delegado del Gobierno central. Torres Hurtado indicó que la Guardia Civil 'está ayudando a resolver los problemas que tiene la Junta'. 'Yo he dado órdenes para que la primera información se la den a la Consejería de Agricultura, somos los primeros interesados en que no haya ocultismo', afirmó. Unas horas más tarde, un comunicado de la Consejería admitía que sus veterinarios habían hallado restos de 36 vacas en la finca y aseguraba que ocho cadáveres ya habían sido recogidos.

En todos los casos, los veterinarios sostienen que los fallecimientos fueron provocados por falta de alimentos y no por ningún tipo de enfermedad contagiosa, incluida la encefalopatía espongiforme bovina. Desde el 1 de enero, los animales muertos en granja son considerados material específico de riesgo por el mal de las vacas locas y deben ser retirados y destruidos por la Administración competente (en este caso, la Junta, único Gobierno autonómico que corre con los gastos de los ganaderos).

En todo caso, la obligación de comunicar las bajas tan sólo se habría vulnerado en cinco casos, ya que el resto, pertenecientes a una partida de 90 vacas compradas en Badajoz, fallecieron antes del 31 de diciembre. Y para informar de las muertes de este año no hay fijado plazo alguno.