Las veleidades del destino

Los seres humanos solemos tomar nuestras decisiones calculando cuáles son las consecuencias que nuestras acciones nos van a acarrear. El Gobierno del Partido Popular, como quiera que está compuesto por personas, analizó las posibles consecuencias de sus acciones y actuó congelando el sueldo de más de dos millones de empleados públicos. Incumplió así un acuerdo aún vigente, firmado por los sindicatos y el anterior Ejecutivo socialista. Como excusa, la entrada de España en el Tratado de Maastricht, un argumento muy discutible, ya que podría haber empleado otros caminos para conseguir los mismos objetivos. Sin embargo, una vez más, fuimos los empleados públicos cabeza de turco.

El Gobierno se equivocó y es el único responsable. Ahora tiene la posibilidad de enmendar su error, pero, por el contrario, vuelve a utilizar la vieja táctica de divide y vencerás y pretende enfrentar a los ciudadanos con sus propios servidores, los empleados públicos y al Poder Legislativo contra el Judicial. Siguiendo esta estrategia, el señor Cristóbal Montoro, hoy ministro de Hacienda, atemoriza a los ciudadanos con la posible quiebra de las cuentas del Estado y futuras catástrofes para los bolsillos de todos los españoles. Esto hace que me pregunte de dónde salió el dinero para la subida salarial que obtuvieron los secretarios de Estado, entre ellos el señor Montoro, justo después de la 'imprescindible' congelación salarial del 97. Y, de dónde, las billonarias ayudas a las eléctricas. Y, de dónde, los créditos extraordinarios de las empresas colaboradoras en materia de Seguridad Social. ¿No será también de los impuestos de todos los ciudadanos? Por tanto, dejen de escudarse en inútiles demagogias y cumplan la ley.

El Gobierno tiene que cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional porque es firme y se ajusta a derecho. En caso contrario, este Gobierno debería modificar la Constitución y negar a los empleados públicos sus derechos como trabajadores.

La sentencia es el primer fruto, y seguro que no será el único, de una serie de acciones emprendidas hace años, de manera conjunta, por los sindicatos. Una lucha en defensa de los derechos de los empleados públicos, de su negociación colectiva, de los servicios públicos para todos los ciudadanos y contra su privatización; en definitiva, una lucha justa.

Empeñados en esta lucha, los empleados públicos hemos protagonizado dos huelgas generales y un sinfín de movilizaciones desde la llegada al Gobierno del Partido Popular. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante una queja presentada por UGT y CC OO, instó al Gobierno español a que cumpliera el acuerdo Administración-sindicatos que aún estaba en vigor. Pero el Gobierno, del mismo modo que hoy pretende incumplir la sentencia de la Audiencia Nacional, ayer desoyó las recomendaciones de este organismo internacional.

El Gobierno debe sentarse a negociar con los representantes legítimos de los empleados públicos y perfilar cuáles serán los mecanismos que utilizará para cumplir la ley, su principal deber en estos momentos. La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, como primera fuerza sindical en el conjunto de las administraciones públicas, se mantendrá firme y vigilante en el cumplimiento de esta sentencia y seguirá luchando por los derechos de más de dos millones de empleados públicos.

El señor Aznar debe poner el sello de 'páguese' en las nóminas de todos los empleados públicos.

El señor Aznar debe corregir la política que mantiene con respecto a los servicios públicos y sus trabajadores, pues estamos convencidos de que, más temprano que tarde, pagará.

Julio Lacuerda es secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la Unión General de Trabajadores (UGT).