Mal negocio para todos

La estructura del Estado definida mediante la Constitución y los Estatutos de Autonomía es simultáneamente el punto fuerte y el punto débil de nuestro sistema político. El punto fuerte porque la transición de un Estado unitario a un Estado políticamente descentralizado es la que hizo posible que acabara siendo un éxito la transición de la dictadura a la democracia. Sin el Estado de las Autonomías dificílmente hubiéramos tenido una democracia consolidada como la que ahora misma tenemos. La nueva estructura del Estado ha sido el gran éxito de nuestra 'transición'.

Pero es también el punto débil, porque no podemos olvidar que venimos de una tradición centralista muy fuerte y muy prolongada en el tiempo, que no es fácil que se olvide de la noche a la mañana. La nueva estructura del Estado supone añadir a la división de poderes horizontal del Estado, una división de poderes vertical entre el Estado y las Comuniades Autónomas. Y esta doble división de poderes exige una nueva cultura política de entendimiento y cooperación permanentes entre los poderes del Estado y los de las comunidades autónomas, sin la cual el sistema político no puede funcionar. Y una cultura política, especialmente una cultura política descentralizada y, por consiguiente, plural, no se asienta simplemente porque se hayan creado determinadas normas e instituciones.

Es verdad que a lo largo de estos más de veinte años de vigencia de la Constitución y de los casi veinte años de Estatutos de Autonomía se han puesto las bases de esa nueva cultura política autonómica. Tanto los poderes públicos, estatales y autonómicos, como los ciudadanos hemos aprendido a convivir con la descentralización del poder. Pero no lo es menos que, en cuanto se presentan dificultades para el Gobierno de la nación en la dirección política del país, tales dificultades se proyectan automáticamente en la estructura del Estado, retrocediéndose de esta manera en ese proceso de construcción de la nueva cultura política de entendimiento y cooperación.

En este mes de enero lo estamos comprobando de forma múltiple. Ante algunos de los primeros contratiempos serios con los que ha tenido que enfrentarse el Gobierno del PP, la reacción inmediata ha sido endosar la responsabilidad de las consecuencias de tales contratiempos a las comunidades autónomas.

Así ocurrió hace unas semanas, cuando se conoció el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción acerca del 'fraude generalizado en el cultivo del lino'. La línea de defensa de la ex ministra de Agricultura y actual comisaria europea, Loyola de Palacio, ha consistido en presentar una denuncia en la Audiencia Nacional, en la que responsabiliza de entrada del posible delito de 'malversación' a las autoridades de las comunidades autónomas.

Así ocurrió también pocos días después con el problema de las vacas locas. En la entrevista concedida a Antena 3, el presidente del Gobierno en dos ocasiones endosó la responsabilidad de dicho problema a las comunidades autónomas. Responsabilidad de la que se hacía eco en su editorial de ayer sábado respecto de Andalucía un medio de comunicación tan en la órbita del Gobierno, como Abc.

Y en esta misma semana, tras haberse conocido la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se anula la congelación salarial de los funcionarios de 1997, el Gobierno ha vuelto a desviar el problema hacia las comunidades autónomas, sobre las que hace repercutir la mayor parte del potencial coste de la sentencia. Frente a los poco más 200.000 millones que le correspondería pagar al Estado, se afirma que serán más de 600.000 millones los que tendrán que pagar las comunidades autónomas. Curiosamente, otro diario próximo al Gobierno, como El Mundo se haría eco de este argumento en sus páginas regionales.

No me interesa ahora entrar a discutir si tiene o no razón el Gobierno y sus medios de comunicación con este desplazamiento de la responsabilidad hacia abajo. Doy por supuesto que los lectores de EL PAÍS disponen de suficiente información como para que hayan podido formarse su propia opinión sobre el reparto de responsabilidades en estos asuntos.

Lo que me interesa resaltar porque me parece que resulta preocupante es sencillamente que se haga uso de dicho argumento.

En primer lugar, porque me parece estéril. Los tres asuntos tienen entidad suficiente como para que nadie vaya a poder acabar escurriendo el bulto. El crédito de España en la Unión Europea comprometido por el fraude del lino, la salud de los ciudadanos amenazada por el mal de la vacas locas, y el respeto a una sentencia judicial de tanta entidad como la dictada por la Audiencia Nacional no son asuntos en los que tenga sentido ensarzarse en disputas acerca de quien tiene la responsabilidad. De una manera o de otra tanto el Estado como las comunidaes autónomas se va a ver afectadas por la forma en que se le dé respuesta a estos tres problemas. Nadie va a poder escapar a las consecuencias negativas que resulten de una respuesta inapropiada a cualquiera de ellos. Y en consecuencia, el desplazamiento de la responsabilidad hacia arriba o hacia abajo es un camino hacia ninguna parte. De estos problemas ya no podemos salir bien. Lo único que podemos intentar es salir lo menos mal posible. Y eso exige una relación de confianza entre todas las instancias implicadas. Esta semana ha sido boicoteada una reunión convocada por el ministro de Agricultura por los siete consejeros de las autonomías gobernadas por el PP. ¿No tiene nada que ver este boicoteo con el desplazamiento de responsabilidad hacia abajo en la crisis de las vacas locas?

Y en segundo lugar, porque este año finaliza el periodo de vigencia del modelo de financiación autonómica que se puso en marcha tras las elecciones de 1996 y no sé muy bien cómo va a poder alcanzarse un acuerdo sobre un tema estructural de tanta importancia para el funcionamiento del Estado de las Autonomías en un clima como éste. El desplazamiento de responsabilidad es un mal negocio para todos.