670.000 ciudadanos carecen del título básico de escolaridad en la Comunidad Valenciana
'La realidad es dura, por un lado, estamos en el paraíso de la Terra Mítica, de la especulación constructora sin límites, y, por otro, desatendemos la formación de uno de los sectores más importantes de la población: la formación de los adultos', aseveró Pep Aparicio, representante del profesorado en la plataforma Mesa d'Agents Socials, que impulsa la implantación de una ley aprobada en el último Gobierno socialista con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios, incluido el PP que hoy gobierna. Aparicio subrayó que, con los datos en la mano del último informe de población realizado por Bancaixa y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), 'más de 670.000 habitantes de la Comunidad no han obtenido nunca el título de escolarización'.
La cifra, agregó, se dispara a 1.000.000 si se incluye al sector de población activa que sólo puede acreditar estudios primarios básicos. Esta radiografía en una autonomía como la valenciana, con 4.000.000 de habitantes y una economía puntera respecto a su contribución al PIB nacional, 'está generando fuertes desequilibrios territoriales y sociales', concidieron ayer sindicatos y partidos en una rueda de prensa convocada simbólicamente en las Cortes para denunciar el incumplimiento del Ejecutivo de una ley aprobada, precisamente, en el parlamento, lo que lo sitúa 'en la ilegalidad absoluta'.
La formación de adultos en su triple vertiente de formación básica, ocupacional y contínua es clave para que este importante sector de la población se incorpore, entre otras cosas, al mercado laboral en toda regla y cumpliendo la homologación que requiere la la Unión Europea prevista en la LOGSE, pero cuyo plazo termina en 2003. En la actualidad, sólo 48.000 adultos están recibiendo esta formación, mayoritariamente, en aulas municipales.
Los dirigentes de la oposición en bloque -Ximo Puig y Baltasar Vives, del PSPV; Joan Ribó y Ramón Cardona, de Esquerra Unida; Pere Mayor, secretario general del Bloc; Josep Albert Mestre, de Nova Esquerra y David Hammerstein, de Els Verds- se sumaron a las denuncias reiteradas en los últimos seis años por los sindicatos CC OO, STEPV y UGT que integran la Mesa d'Agents Socials y asumieron su reivindicación, por segunda vez desde que el 24 de noviembre pasado anunciaran un pacto en defensa de los sistemas públicos de enseñanza y sanidad.
La fotografía, después de seis años de Gobierno del PP, según puntualizó la representante municipal de la Mesa, Fina García, es que mientras 'los ayuntamientos han triplicado la financiación a la formación de adultos, la Generalitat ha congelado el presupuesto desde 1995'.
Una norma 'integradora'
El portavoz del Grupo Socialista, Joaquim Puig, instó al presidente Zaplana a que 'si no está de acuerdo con la ley que la cambie o la deroge, porque de lo contrario está en la ilegalidad'. Puig defendió la 'voluntad' de la oposición de 'defender la formación de adultos y el conjunto del sistema educativo'. Algo que fue avalado por todos los dirigentes. Ramón Cardona, de EU, afirmó que la 'degración del sistema público ha fortalecido el papel de cohesión que tiene la educación' y recordó la oposición lo han demostrado ya en dos ocasiones, ayer y en la manifestación de noviembre. Pere Mayor, del Bloc, pidió al PP que 'respalde una ley que aprobó' y Albert Mestre, de NE, añadió que 'de no aplicarse, se limitan las posibilidades de integración social y laboral'. Una visión que defendió a ultranza, David Hammerstein de Els Verds, para quien 'no se puede hablar de ley de extranjería, sin formación de adultos, los de aquí y los extranjeros'.
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