Rota

La noticia de que el Gobierno español ha autorizado a Estados Unidos la ampliación de la base de Rota no podía llegar en un momento más inoportuno. La presencia del Tireless en Gibraltar y el llamado síndrome de los Balcanes tienen a la población bastante mosqueada. Es cierto que se trata de tres asuntos muy diferentes, pero los tres tienen algo en común: el secretismo y la confusión con el que el Gobierno los ha rodeado.

Ni en los momentos más soberbios de los gobiernos del PSOE se dejó nunca de considerar que estas cuestiones eran cuestiones de Estado y era por tanto necesario informar a la oposición y arrancar, si era posible, un consenso. No lo está haciendo así el Gobierno de José María Aznar.

La ampliación de Rota surge de un acuerdo firmado con la Administración Clinton sólo nueve días antes de que se produjese el relevo en la Casa Blanca. Puede que sea un magnífico acuerdo, pero la precipitación en estos casos resulta sospechosa.

El Gobierno, en cualquier caso, viene insistiendo en que el estatus de la base no cambiará. Es decir, que continuará siendo nominalmente española y tendrá que seguir obteniéndose el permiso del Ejecutivo español para su uso en conflictos internacionales.

Sabemos que, a cambio de la ampliación, España ha obtenido unas pocas líneas en un comunicado conjunto firmado el 11 de enero en Madrid por la cesante secretaria de Estado, Madeleine Albright, en el que se alude al creciente peso de España en la economía mundial y se dice que Washington considerará la participación española en 'varios foros económicos'.

Es decir, se ha cedido en la ampliación de la base a cambio de una declaración que no tiene otro valor que el retórico, ya que no incluye ningún compromiso firme, sino un enunciado que sólo puede servir para abonar la megalomanía de un presidente de Gobierno que quiere compensar la debilidad de su acción exterior con una foto con los líderes del G-7.

El dirigente de la oposición que más crítico se ha mostrado con la ampliación de Rota es Manuel Chaves. El miércoles pasado, en la cadena SER, el presidente andaluz reivindicaba el derecho que el artículo 23 del Estatuto de Andalucía da a la Junta a ser informada 'en la elaboración de los Tratados y Convenios Internacionales (...) en cuanto afecten a materias de su específico interés'.

La queja de Chaves es legítima, pero es ésta una cuestión que conviene tratar con bastante tacto para evitar que la ampliación de Rota se convierta en motivo de alarma, que cundan rumores alarmistas sobre la nuclearización de la base y el asunto se mezcle a los ojos de la opinión pública con el incidente del Tireless, incidente que provoca ansiedad a buena parte de la ciudadanía y al que no cabe duda de que el PSOE andaluz viene sacando buenos réditos políticos.

Chaves puede tener la tentación de obtener también beneficio político de la ampliación de la base de Rota, pero siempre cabe recordar que las cuestiones que atañen a la Defensa son cuestiones de Estado y que el PSOE no puede permitirse las alegrías que se permite, por ejemplo, un partido como IU que no aspira a gobernar ni tuvo nunca responsabilidades en estos asuntos.