El juez del 'caso Funeraria' mantiene como imputados a los concejales Viñals y Moreno

El juez del caso Funeraria investiga a concejales y altos cargos del PP que intervinieron en la adjudicación a Funespaña, en 1992, del 49% de las acciones de la funeraria municipal. El Ayuntamiento semiprivatizó la funeraria (se quedó con el 51% de las acciones) argumentando que la empresa mixta perdía dinero. Sin embargo, tras caer la gestión de los enterramientos en manos de Funespaña, los beneficios han superado los 6.000 millones. El juez cree que concejales del PP 'empeoraron deliberadamente' la situación de la funeraria con el 'único fin' de venderla parcialmente luego. Estas diligencias son fruto de una querella interpuesta por IU y la Fiscalía Anticorrupción ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior, pues varios de los querellados son aforados.

El magistrado, en un auto fechado el pasado día 19, mantiene como imputados, junto con Viñals, Huete y Moreno, a dos de los máximos responsables de Funespaña: José Ignacio Rodrigo y Ángel Valdivia. Ambos están acusados de fraude fiscal y maquinación para alterar el precio de las cosas. Viñals, Huete y Moreno habían pedido al juez que les exculpase, tal como hizo hace unos meses con el actual consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz.

El magistrado afirma que persisten los indicios de irregularidades en Huete, primer teniente de alcalde en 1992, y Viñals, entonces y hoy edil de Sanidad, porque, en contra de lo que éstos argumentan, la situación de la empresa mixta 'no era insostebible' cuando se decidió adjudicar el 49% de las acciones a Funespaña. Al contrario, las expectativas económicas de la empresa 'eran muy favorables', señala el juez. 'De la causa se desprenden indicios de que la situación patrimonial que aparentaba la empresa mixta inmediatamente antes de su venta parcial había sido provocada', según el juez. 'Lo que se ha dado en llamar maquillaje del estado económico de la empresa mixta tenía por finalidad facilitar su enajenación. Esta finalidad de enajenar parte del patrimononio municipal puede ser fruto de una mera opción política, pero es innegable que el procedimiento elegido para alcanzar ese fin legítimo puede ser también delictivo', añade.

'Publicidad insuficiente'

También refuta la afirmación de ambos ediles relativa a que la adjudicación se hizo con transparencia y publicidad. 'Hubo gestiones [previas a la adjudicación] no dotadas de dicha publicidad'. Tampoco es cierto, según el juez, que la oferta de Funespaña, como han afirmado Huete y Viñals, 'fuera la única viable'. Decir eso resulta 'inadmisible', añade el magistrado, 'pues cabía la posibilidad de declarar desierto el concurso'. Según el magistrado, transmitir un bien por una suma simbólica de 100 pesetas es una 'acción incardinable en el ámbito de la malversación de caudales públicos', delito éste que se puede cometer aunque los querellados no se hayan 'enriquecido personalmente'.

El juez recuerda que Huete fue 'quien dirigió en el seno del Ayuntamiento el proceso de privatización, quien tomó la iniciativa y quien defendió públicamente la operación'. Respecto de Viñals señala que era 'el concejal de Sanidad y gerente de hecho de la empresa mixta en el periodo que media entre el cese del antiguo gerente [de la funeraria], señor Yáñez, y la adjudicación' del 49% de las acciones a Funespaña. Y que también fue 'quien introdujo en la empresa como asesor a José Ignacio Rodrigo', por lo que resulta 'inequívoco que subsisten razones que se oponen radicalmente al sobreseimiento de esos imputados'.

Respecto al concejal Moreno, que era responsable de Patrimonio y del departamento que gestionó la venta de las acciones a Funespaña, el juez señala que su actuación no cabe desligarla de la de los otros imputados.

El juez Quesada, en cambio, ha decidido exculpar al actual concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, al ex presidente de la funeraria y ex concejal del PP Ángel Larroca, y a los ex ediles José Antonio García Alarilla (ex presidente de la funeraria) y Venancio Mota. Entiende el juez que la intervención de Larroca y Mota 'fue instrumental' y que no hay 'nada que acredite su participación en las actividades o contactos previos' a la operación, de la que no se les 'consultó'.

Las acusaciones atribuían al actual edil de Hacienda, Pedro Bujidos, delitos de prevaricación y malversación de caudales por haber intervenido en la condonación de la deuda de 2.200 millones que la funeraria mantenía con el Ayuntamiento. Recuerda el juez que Bujidos es responsable de Hacienda desde 1995, tres años después de la privatización, y que su actuación no vulneró la ley.

También exorena de responsabilidad a Inmaculada Valdivia, familiar de un directivo de Funespaña, cuya firma aparece en unos documentos que revelan el desvío de parte de los beneficios de esta empresa para eludir el pago de impuestos. Según el juez, Inmaculada se limitó a estampar su firma en el documento, pero era ajena a los intereses de la operación. El entonces secretario general del Ayuntamiento, José Mario Corella, también ha sido exculpado.