El juez apunta que para vender la funeraria se empeoró 'deliberadamente' su situación
El juez del Tribunal Superior de Justicia que instruye el caso Funeraria, José Luis Quesada, mantiene en un auto que existen indicios de que los gestores del PP en el Ayuntamiento de Madrid empeoraron 'deliberadamente' la situación económica de la funeraria municipal 'posiblemente con el único fin' de venderla, 'aun conociendo que sus perspectivas eran óptimas'. Enajenar parte del patrimonio municipal 'puede ser fruto de una mera opción política', razona el juez, quien a continuación considera 'innegable que el procedimiento elegido para alcanzar ese fin legítimo [de vender el 49% de la funeraria] puede ser también delictivo'. 'La decidida voluntad de privatizar la empresa mixta', agrega, 'llevó a rehusar la posibilidad que señalaban los funcionarios municipales de declarar desierto el concurso, y llevó al extremo de hacerlo por una suma que, sólo puede reputarse de rídicula por su escasez: 100 pesetas, más el 51% de la aportación al capital social de 200 millones'. En los siete años de gestión mixta de la funeraria, los beneficios han superado los 6.000 millones.
El juez ha decidido mantener como imputados al diputado regional del PP de Madrid Luis María Huete (primer teniente de alcalde en 1992) y a los ediles del Ayuntamiento de la capital Simón Viñals (de Sanidad) y Antonio Moreno (de Régimen Interior). Este magistrado, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación a Funespaña, advierte de que persisten indicios delictivos contra los citados altos cargos del PP.
El magistrado ha decidido archivar la causa en lo que respecta al actual concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, y a otros tres ex ediles, Venancio Mota, José Antonio García Alarilla y Ángel Larroca.
El juez del caso Funeraria investiga a concejales y altos cargos del PP que intervinieron en la adjudicación a Funespaña, en 1992, del 49% de las acciones de la funeraria municipal.
Los portavoces de IU, Inés Sabanés, y del PSOE-Progresistas, Rafael Simancas, reclamaron ayer al alcalde, José María Álvarez del Manzano, que asuma 'responsabilidades políticas' y que destituya a los concejales Viñals y Moreno que aún continúan en el gobierno local.
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