Menos impuestos y más competidores

Las operadoras de móviles han lanzado una campaña para que se reduzca el impuesto radioeléctrico que el Gobierno aprobó el año pasado con el fin de acallar el escándalo de la concesión de las licencias de UMTS. Entonces, las experiencias alemana e inglesa mostraron el regalo que iban a llevarse las empresas que fueron elegidas sin utilizar la subasta. Y ahora, se ven las desventajas de haber querido compensar con impuestos el error de no haber utilizado la competencia en la asignación de licencias. Ahora, el Gobierno español corre el riesgo de afrontar un recurso ante los tribunales, mientras los gobiernos europeos que utilizaron las subastas están tranquilos porque sus operadoras no podrán discutirles las cantidades cobradas. Las empresas que acudieron a las subastas pagaron voluntariamente. Ninguna empresa puede discutir ante los tribunales una cantidad que ella misma propuso pagar. Por el contrario, el sistema de impuestos tiene la desventaja de que su pago no es voluntario sino 'impuesto' y, por tanto, cabe amenazar al Gobierno con llevarle a los tribunales.

Pero el error de no utilizar la competencia en la concesión de licencias pertenece al pasado. Ahora es más interesante observar el error que se está cometiendo al retrasar la concesión de dos licencias adicionales de UMTS, lo que es absolutamente necesario si queremos que en España compitan seis empresas, como en otros países de Europa, en la telefonía del futuro. Y es que el mayor error no fue tanto el de no utilizar la subasta, como el de haber concedido solo cuatro licencias. Pero esto, como muestra el excelente informe que ha publicado la CMT, se puede corregir concediendo dos licencias más.

El Gobierno se resiste a reducir el impuesto radioeléctrico porque le sirvió para evitar las críticas por haber dado las licencias UMTS a cambio de nada y , sin embargo, está cediendo ante los operadores al retrasar la concesión de nuevas licencias. Hay que decir que retrasar estas licencias hace daño a los consumidores/ciudadanos españoles porque ese retraso es el peor de los impuestos. Al no dejar competir a dos empresas más, no sólo pagaremos precios más altos que en otros países europeos, sino que también se perjudicará la innovación, la creación de nuevos productos, etc. Incluso aunque el Gobierno hubiera acertado en sus cálculos y la cantidad del impuesto radioeléctrico extrajera exactamente las rentas monopolistas otorgadas a quienes dio las cuatro licencias, la sociedad española ganaría más con la ampliación del número de competidores y la disminución del impuesto. Porque el más ineficiente de los impuestos es la concesión innecesaria de rentas monopolísticas.

La experiencia española con las licencias de la telefonía móvil que ahora usamos debería habernos enseñado que no sólo importa introducir competencia sino que hay que introducirla cuanto antes. La mejor decisión de la política socialista en telecomunicaciones fue la de abrir a la competencia la telefonía móvil, dejando competir a Airtel con Telefónica. La peor decisión del Gobierno actual en este sector fue retrasar la concesión de licencias adicionales, con lo que Amena sólo empezó a competir en el último año de la legislatura pasada. Los magníficos resultados de aumentar el número de competidores están a la vista de todos y, si no se hubiera retrasado la entrada de más operadoras, los precios habrían bajado ya y no estaríamos, como estamos todavía, con los precios de la telefonía móvil más caros de Europa.

Las operadoras, como es lógico, quieren menos impuestos y menos competidores. Si el Gobierno finalmente va a ceder a alguna de sus demandas, debería tener cuidado. Puestos a ceder, es mejor bajar los impuestos e introducir más competidores que mantener impuestos altos con poca competencia. El problema es que lo más cómodo para el Gobierno es ceder en retrasar la entrada de nuevos competidores pues, para ello, basta con seguir sin hacer nada. Pero no hay que perder la esperanza de que, en algún momento, la parálisis deje de estar de moda.