El silencio vale millones

Los 16 vecinos del 48 de la calle de Duque de Sesto, en Madrid, bien podrían encarnar algún capítulo de la serie de televisión Ally McBeal, la abogada capaz de llevar a los tribunales los casos más insólitos. Ellos son los primeros sorprendidos de que la Audiencia de Madrid haya fallado a su favor. La decisión que tomaron de acudir a la justicia fue un intento desesperado de encontrar una reparación a 18 meses de ruidos infernales procedentes de un edificio que se construyó pared con pared a su inmueble. La sentencia favorable que han obtenido reconoce que el silencio es un bien y, por tanto, hay que preservarlo.

El abogado Ricardo Ayala Martínez fue quien convenció a estos vecinos de que la justicia podía resarcirles de su sufrimiento. Desde 1996 hasta hace unos días, su caso ha estado dando vueltas en los tribunales, y al final han logrado una sentencia que reconoce su derecho a disfrutar del silencio. Esta comunidad de vecinos recibirá una indemnización de 2.500.000 pesetas, cantidad que los jueces han considerado que habrían necesitado para alquilar otra vivienda el tiempo que duraron las obras.

'El dinero es lo de menos, lo importante es que nos han dado la razón', señala Santiago Martín, uno de los inquilinos del edificio. Él fue uno de los que más sufrieron las obras. Trabaja en su domicilio y su despacho da a un patio interior que linda con la casa que estuvo en obras. 'No se podía parar. Desde las ocho de la mañana hasta bien entrada la tarde, el ruido era terrible, eso sin tener en cuenta el polvo que se metía por todas partes. Fueron 18 meses terribles en los que tuvimos que aguantar además la chulería de los obreros que trabajaban en ese edificio'.

Tras efectuar 25 denuncias ante el Ayuntamiento de Madrid, dos de las cuales acabaron en sanción que no se llegó a ejecutar, los vecinos del 48 de la calle de Duque de Sesto supieron que la maquinaria que se empleaba en la obra no era la apropiada. 'Llamamos a muchos técnicos y también vinieron los del Ayuntamiento', explica Ricardo Ayala. 'Los niveles de ruido superaban en muchos decibelios los permitidos y la razón, según los expertos, era que las máquinas estaban descatalogadas. Lo que intentó FCC, empresa que se encargó de la construcción del edificio, fue abaratar los costos, y para ello no se emplearon los aparatos que emiten un menor nivel de ruido. Tampoco se respetó el horario autorizado para trabajar. Fueron 18 meses interminables con dos veranos muy calurosos en los que las familias no tenían más remedio que abrir las ventanas. O se morían de calor o de ruido y polvo'.

Los estudios sobre la intensidad de ruido que soportaron los propietarios de los 14 pisos y dos bajos del 48 de Duque de Sesto no ofrecen dudas sobre lo que debieron pasar, pero sus relatos son aún más elocuentes. 'José Luis, uno de los vecinos', cuenta Santiago Martín, el portavoz del grupo, 'no oía el ruido de su máquina de afeitar cuando la enchufaba por las mañanas. En otra casa se rompió el cristal del cuarto de baño a causa del ruido. Y casi todos tenemos grietas en las paredes como consecuencia de esa obra'.

Santiago Martín explica que en más de una ocasión intentaron negociar con los constructores para que cumplieran la normativa. 'Nunca reconocieron lo que estábamos pasando. En los patios interiores apenas hay 20 metros de una fachada a otra. Teníamos la obra metida en nuestras casas. Hubo gente que lo pasó peor porque no todo el mundo soporta el ruido de la misma manera. Las discusiones en las casas aumentaron. Además, en este edificio hay gente muy mayor. Nos sentimos indefensos y por eso recurrimos a la justicia'.

Ricardo Ayala ha peleado durante casi cuatro años en los tribunales. Tuvo que lograr primero que se reconociera al presidente de la comunidad como representante legal de todos los propietarios; de lo contrario, la demanda habría sido aún más complicada, porque deberían haber sido 16 los pleitos abiertos. Ayala también tuvo que bucear para buscar fundamentos jurídicos en que basar el derecho de sus representados a disfrutar del silencio. 'Me apoyé tanto en los artículos 8.1 del Convenio de Roma como en el 18.1 de la Constitución Española, que preserva el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos'. Un portavoz de la empresa constructora comentó ayer a este diario que están estudiando esta sentencia con vistas a la posible presentación de un recurso.