Ecuador se moviliza en defensa de los derechos de sus emigrantes en España

'El día 24 tenemos que levantar el país y hacernos oír a escala mundial', exclamó Juan Carlos Manzanillas, recién llegado de Madrid al frente de una delegación de la asociación Rumiñahui, de defensa de los derechos de los emigrantes ecuatorianos en España, que ha cobrado notoriedad tras la muerte de 12 ciudadanos de esa localidad en Lorca (Murcia) arrollados por un tren.

Ecuador llega hoy al primer aniversario del peculiar golpe que derrocó al presidente Jamil Mahuad y que tuvo como principales actores a los indígenas y a los coroneles, hoy fuera del Ejército. Un año después, aquellos protagonistas se preparan de nuevo a paralizar el país con una huelga general en protesta por la dramática crisis económica.

La manifestación del viernes concluyó frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, donde los congregados entregaron una carta dirigida al presidente ecuatoriano, Gustavo Noboa, a quien exigen 'una posición firme e innegociable con las autoridades del Gobierno español' y un pronunciamiento público e inmediato a favor de la legalización de los 150.000 ecuatorianos indocumentados que viven en España.

'La pretensión del Gobierno español de regresar a nuestros compatriotas a Ecuador para legalizar su situación agravaría más el problema del país y las consecuencias serían impredecibles', advierten los familiares de los inmigrantes, que se declaran dispuestos a rechazar todo convenio que 'signifique impedimentos, restricciones y trabas para los futuros emigrantes'.

La nueva Ley de Extranjería

Estas pretensiones chocan con la filosofía de la nueva ley de Extranjería y del convenio que Fernández Miranda negociará esta semana en Quito. 'Hay que regular los flujos migratorios de una manera ordenada. España necesita mano de obra, pero lo que no se puede hacer es abrir las puertas de una forma indiscriminada y provocar un efecto llamada, una estampida de inmigrantes ilegales que llegan a España y luego confían en ser regularizados', dice Gabriel Alou, cónsul español en Ecuador.

El convenio en cuestión pretende establecer cuotas anuales de inmigrantes, 'según las disponibilidades laborales', y evitar que los ecuatorianos que quieran trabajar en España viajen como turistas, sino que tramiten previamente en su país el visado. Para ello, deberían estar provistos de un contrato de trabajo antes de tomar el avión, lo que está muy lejos de la realidad. El convenio quiere parar el incesante flujo humano.

'Que los que salgan de aquí y vayan a España se sepa cuántos van a ser, y que todos vayan con los papeles en regla', subraya el cónsul. El propósito suena a cuento de hadas para los desahuciados ecuatorianos, porque, salvo contadas excepciones de empresas españolas que en alguna ocasión envían a un emisario a Ecuador para reclutar personal o de los trabajadores temporeros, nadie en este país consigue un contrato de trabajo sin viajar a España.

Las cifras y las escenas que se repiten desde hace meses en los alrededores de la Embajada española y en el aeropuerto de Quito son el mejor exponente de la lacerante situación social que vive Ecuador. Y sin embargo sólo después de la sacudida a la conciencia nacional que supuso la muerte de 12 ecuatorianos arrollados por un tren en Lorca, el Gobierno, los medios de comunicación y la opinión pública han decretado una especie de estado de alerta por la situación de los emigrantes.

Las autoridades han tardado en despertar y adoptar alguna iniciativa. Un plan de protección de los emigrantes está en estudio, en el Congreso se ha planteado la necesidad de elaborar leyes en este sentido y se pretende reforzar la red consular en los países receptores de inmigrantes, como Estados Unidos, España e Italia. El tema está ahora omnipresente en la prensa, y asoma con las primeras movilizaciones callejeras.

El sueño de escapar de la miseria y la fantasía de llegar al nuevo Eldorado llamado España, donde una empleada doméstica gana en un mes lo que en Ecuador percibe en un año, ha generado nuevas ocupaciones en torno a la emigración. Por ejemplo, los tramitadores: son las personas que cobran por hacer cola y realizar los trámites ante la embajada. O los vendedores de turnos, que permanecen en la intemperie durante toda la noche y luego ceden su puesto a otro previo pago. Los hay, incluso, que se erigen en agentes del orden y mantienen a la gente arrimada a la pared.

El camino recorrido por la mayoría de los ecuatorianos que hoy están en España es prácticamente el mismo: llegaron como turistas -tres meses de permiso legal- gracias a que ninguno de los países del espacio Schengen exige visado de entrada a los ciudadanos ecuatorianos, a diferencia de los peruanos, dominicanos, cubanos y colombianos a los que España sí exige un visado de corta duración.

A partir del día 90 se quedaron, en situación irregular, en busca de una oferta de trabajo. Quien la obtuvo la registró ante la autoridad laboral quedando con ello legitimado para solicitar un visado. Para este trámite designó a un representante en Ecuador: un amigo, un familiar... La tramitación demora varios meses. Si el resultado es positivo, el interesado tiene que recoger personalmente el visado en Quito, lo que implica cruzar el Atlántico, con el consiguiente dispendio. A partir de aquí queda habilitado para pedir la tarjeta de residente y vivir y trabajar regularmente en España.