El Gobierno central reabre la 'guerra fiscal' sin convocar la comisión que debía resolver las disputas

Aunque los recursos afectan a aspectos de repercusión muy limitada, que no afectan al núcleo central del Impuesto de Sociedades, llegan en un momento en que la tensión y las malas relaciones políticas entre los gobiernos vasco y central están entorpeciendo el inicio de las negociaciones para renovar el Concierto Económico, cuya vigencia expira el 31 de diciembre de este año. El Gobierno del PP se opone a abordar este asunto con el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe alegando su minoría parlamentaria y aboga por esperar al que surja de las elecciones autonómicas adelantadas.

El Gobierno vasco acusó ayer a Madrid de incumplir 'el espíritu y la letra' de la paz fiscal. Por su parte, el Ministerio de Hacienda acusó a la Administración vasca de airear ahora los recursos para crear la falsa sensación de que hay una 'ofensiva' contra la fiscalidad vasca. La Administración central y las diputaciones resaltaron hace un año el compromiso adquirido de utilizar en el futuro la Comisión de Evaluación para dialogar e intentar así no judicializar sus diferencias. Antes de recurrir, el Ministerio de Hacienda envió el pasado mes de septiembre un requerimiento a las Juntas Generales de los tres territorios para solicitar la retirada de las normas, pero al comprobar que seguían adelante presentó en diciembre los recursos por la vía contencioso-administrativa. El responsable de Hacienda de Guipúzcoa, Antton Marquet (PNV), reprochó al Gobierno que no haya llevado sus diferencias a la Comisión de Evaluación porque 'la discrepancia, que en sus términos originales podía ser absolutamente lógica, podía haber sido canalizada en este foro'.

Dos de los preceptos recurridos por el abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco están incluidos en el Impuesto de Sociedades. La primera de ellas establece una bonificación del 15% en la adquisición de vehículos industriales no contaminantes (la deducción prevista en el resto de España es del 10%). La segunda contempla otra deducción de un 15% para inversiones en activos de innovación con certificados de calidad (el 10% en el resto del Estado). El tercer recurso es contra el precepto de la Ley del Contribuyente que permite reducir en un 40% la cuantía de las sanciones tributarias en el caso de que el afectado las acepte (un 30% en el territorio común).

El requerimiento del ministerio fue debatido en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) del País Vasco, del que forman parte el Gobierno autónomo y las tres diputaciones. La conclusión fue mantener las deducciones por entender que estaban dentro del margen de divergencia pactado. El Gobierno vasco ha acusado a Madrid de incumplir el 'espíritu y la letra' de la paz fiscal con los nuevos recursos. Por su parte, las tres haciendas aseguraron que defenderán ante los tribunales su capacidad normativa en este tema. Incluso la Diputación de Alava, gobernada por el PP, aportó al ministerio unas consideraciones previas a los recursos en un intento de pacificar la situación, pero no han surtido efecto.

Un portavoz de la Vicelehendakaritza argumentó que el límite de divergencia del 10% acordado para los incentivos se refiere sólo a las inversiones en activos materiales nuevos. Sin embargo, el Gobierno vasco considera que la obtención de certificados de calidad por parte de las empresas o la reducción de la contaminación con un vehículo industrial más respetuoso con el medio ambiente, que es lo que se bonifica en dos de los artículos recurridos, son activos 'intangibles'.

La Administración central se comprometió en enero de 2000 a retirar todos los recursos contra normas fiscales vascas. Mientras, las haciendas forales aceptaron derogar los incentivos más polémicos destinados a captar y favorecer inversiones industriales, investigados también por la Comisión Europea. Sin embargo, la paz fiscal ha durado poco.