La Fiscalía de París pide que se anule el caso del tráfico de armas

El juez instructor cuestionado mantiene un silencio hermético, mientras sus compañeros ha cerrado filas en torno a él frente a los ataques recibidos de la familia Mitterrand y de sus amigos. La defensa de Pierre Falcone, el vendedor de armas en torno al que gira todo este asunto, alegó ante el tribunal que el sumario está viciado porque no se ha respetado un decreto de 1939 según el cual toda investigación sobre tráfico de armas ha de partir de una denuncia de 'los ministros competentes de la Defensa Nacional, de la Guerra, de la Marina, del Aire o de las Finanzas', iniciativa que no consta se haya producido en esta ocasión.

Mientras se discute sobre la legalidad del procedimiento, el diario Le Monde informó ayer de que Jean-Christophe Mitterrand fue quien facilitó el contacto con Falcone a un militante socialista al que el presidente de Angola, Eduardo dos Santos, había encargado una gestión para comprar armas en Francia. El militante no encontró eco en la célula africana del Elíseo, que Jean-Christophe Mitterrand había dejado ya, y éste último se encontró con aquel, de manera aparentemente casual, y le facilitó el nombre y la forma de localizar a Falcone como la persona capaz de resolver su problema.

De ahí surgieron dos contratos sucesivos de venta de armas a Angola, en 1993 y 1994, por valor de 633 millones de dólares (unos 115.000 millones de pesetas). En esa época, el hijo del ex presidente acababa de dejar la célula africana del Elíseo y trabajaba para una entidad suiza vinculada al grupo petrolero francés Elf, en la que habría sido colocado por recomendación de su padre.

Jean-Christophe Mitterrand reconoce haber jugado 'un papel de consejero' entre Falcone y Angola, pero niega que fuese tráfico de armas. Años después, entre 1997 y 1998, Falcone le pagó en Suiza 1,8 millones de dólares (unos 300 millones de pesetas), cuya naturaleza aclarará 'ante los jueces', dice el hijo de Mitterrand, que ayer insistió en que 'el diálogo sería más fácil' con un instructor distinto del que 'le odia'.

En aplicación del principio de que las libertades condicionales dependen ahora de jueces que no son los de instrucción, otro magistrado decidió ayer poner en libertad, bajo fianza de medio millón de francos (unos 12,5 millones de pesetas), a otro de los encarcelados por el juez Couroye. El beneficiario de la libertad provisional es Bernard Poussier, ex director general de la sociedad de suministro de armames vinculada al Ministerio del Interior durante la época en la que esta última tuvo a Falcone prácticamente como único proveedor.

En todo caso, el juez Courroye empieza a parecerse a esos jueces españoles de grandes casos a los que odian una multiplicidad de personas. Así, el diario L'Est Republicain aportó ayer el dato de que el borrador de un discurso del ex ministro del Interior, Charles Pasqua, ha sido encontrado en el domicilio de Falcone, registrado, naturalmente, por el mismo juez. Pasqua ha negado tener algo que ver con el tan mentado vendedor de armas. De momento, no ha hecho comentarios sobre el hallazgo.