La falta de fondos fuerza al Consell a diferir 78.000 millones de deuda

Eduardo Zaplana firmó el pasado 22 de diciembre un decreto para 'reestructurar el perfil temporal del endeudamiento' de la Generalitat por el que se autorizaba la 'conversión de la deuda de tesorería ya contratada en deuda pública' hasta un límite máximo de 78.004 millones de pesetas. Es decir, por tercer año consecutivo, la Generalitat se ha visto forzada a diferir sus obligaciones inmediatas por falta de fondos de caja.

La medida no supone un aumento de la deuda de la Generalitat, que acendía a 901.146 millones a finales del tercer trimestre de 2000, según las estimaciones del Banco de España. De acuerdo con directivas europeas, la entidad emisora no discrimina entre créditos a corto o a largo plazo para calcular la deuda de las Administraciones públicas y sus empresas. Sin embargo, la reconversión de la deuda a corto plazo pervierte los Presupuestos de la Generalitat. Los créditos a tres o seis meses que solicitan los distintos organismos públicos para afrontar problemas inmediatos de tesorería son operaciones ajenas al presupuesto, pero cuando se computan como deuda pública pasan a engrosar el capítulo de ingresos de las cuentas anuales de la Generalitat.

El Consell aprovechó los nuevos criterios contables del Banco de España para convertir su déficit de caja en deuda pública por primera en 1998, cuando trasladó más de 100.000 millones de corto a largo plazo. La previsión de endeudamiento máximo para ese ejercicio establecida en los presupuestos era de 13.000 millones, pero al final del ejercicio sumaba 115.000.

En 1999, el Consell repitió la operación. El límite de endeudamiento se había fijado en 10.500 millones de pesetas, pero se modificó al alza en 47.794 millones. Al final del ejercicio superaba los 48.000 millones.

Las emisiones de deuda autorizadas en el Presupuesto de 2000 sumaban 15.000 millones, pero el decreto de 22 de diciembre eleva esa cifra hasta 93.000 millones.

La reconversión de la deuda aquiere así un carácter estructural que choca frontalmente con la vocación del Gobierno Aznar de alcanzar el equilibrio financiero para lograr el objetivo de déficit cero, una consigna que presidió el debate de los últimos Presupuestos.

El decreto de 22 de diciembre alude expresamente a 'la continuidad de los criterios rectores recogidos en ejercicios anteriores cuya finalidad es preservar la posición financiera de la Generalitat', una redacción que abunda en el carácter estructural de la medida.

Además, la subida de los tipos de interés durante el año pasado desaconsejaría la reconversión de la deuda, lo que pone de manifiesto las dificultades de la Generalitat para pagar sus obligaciones financieras en los plazos previstos.

Sin embargo, Vicente Rambla, consejero de Hacienda, celebró ayer la buena calificación de la deuda a largo plazo de la Generalitat por parte de la agencia estadounidense Moody's que, dijo, 'demuestra la elevada solvencia financiera de la Generalitat'.