Y tú más

Andalucía afronta el inicio de año con los mismos problemas sin resolver y, lo peor de todo, con escasas perspectivas de que se vaya a encontrar una solución cercana, tal y como demandan las circunstancias. En contra de las expectativas generadas al comienzo de la legislatura -momento en el que tanto el presidente de Gobierno, José María Aznar, como el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, coincidían en señalar que estábamos en un nuevo escenario político-, lo cierto es que, tal y como apuntan todos los indicios, el encontronazo institucional está servido.

Parece inevitable, por tanto, que estamos condenados a asistir, una vez más, a la llamada confrontación entre ambas Administraciones, dado que en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Andalucía no ha visto confirmada ninguna de sus esperanzas relativas a determinadas inversiones e infraestructuras, deuda histórica o reconocimiento del censo real de población. Como se puede observar, viejas reivindicaciones que se arrastran en el tiempo sin salida aparente alguna.

A propósito del censo, para aquellos que en las filas del PP andaluz trataban de relativizar la importancia y el valor que tiene el elemento poblacional a la hora de fijar la financiación -ahí están las hemerotecas-, conviene recordar lo sucedido en la última cumbre de Niza, donde Aznar se empleó a fondo para conseguir un mayor peso de España en el concierto internacional basándose, precisamente, en el número de habitantes de nuestro país como uno de los ejes claves de su táctica negociadora. Menos mal, en relación con la financiación autonómica, parece que, en Madrid, PP y PSOE tratan de buscar un mínimo consenso abriéndose, además, un camino la tesis apuntada desde Andalucía, que viene a señalar que lo importante es determinar cuánto dinero va a recibir cada comunidad.

Teófila y la Zona Franca

Pero serán otros asuntos más prosaicos los que seguirán animando el debate político andaluz como es, el relativo al llamado caso Zona Franca y que protagoniza su singular delegado estatal en Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro.

Este escándalo, motivado por los desorbitados gastos en relaciones externas y protocolo de este estrecho colaborador político de la presidenta regional del PP, Teófila Martínez, amenaza con convertirse en una seria complicación política para la alcaldesa gaditana, jefa de la oposición andaluza.

En esta semana, los socialistas formalizarán su petición para la apertura de una comisión de investigación en el consorcio de dicha Zona Franca, que preside la propia Martínez.

Se pretende así que se aclaren las andanzas de este cargo público tan generoso, como parece, con las tarjetas de crédito que, sorprendentemente, el Estado le ha puesto en sus manos. Unas indagaciones que ha de aclarar también, entre otras cosas, su vinculación con empresas privadas en las que figura como administrador único.

Martínez, en este caso, se ha movido con escaso acierto y una evidente torpeza. Mientras que queda por aclarar si ella conocía previamente las andanzas de su polémico colaborador, hasta ahora se ha limitado a justificar políticamente su actuación y, lejos de poner tierra de por medio con respecto al mismo, se ha situado al frente de su defensa, a la que, sospechosamente, pocas voces más del PP se han sumado. Incluso está diseñando una contraofensiva que se va a limitar al ya clásico 'y tú más', con acusaciones ya viejas y referidas a los antecesores en el cargo de Rodríguez de Castro, ambos del PSOE y uno de ellos, además, ya fallecido.

A Martínez, esta pelea le está costando más tiempo del necesario en un momento clave, ya que se espera que en estos días el Gobierno andaluz ponga en marcha, de una vez por todas, el paquete de iniciativas que ha anunciado en reiteradas ocasiones el presidente Chaves para tratar de impulsar la actividad política de su Ejecutivo. Una forma así de dar respuesta a las críticas surgidas sobre la inactividad del Gobierno andaluz y su bajo perfil, tal y como le vienen achacando.